En democracia, la legitimidad de origen tiene que tener su continuidad mediante la legitimidad de ejercicio, es decir, a través de la acción de gobierno y de las políticas de los elegidos
A escasas dos semanas de las elecciones y en plena campaña electoral se aprecia que la fractura política y social que el secesionismo ha provocado en Cataluña, lejos de disminuir, se agranda. Los secesionistas no quieren entender que no cuentan con la mayoría suficiente como para ahondar en la vía unilateral y continúan proclamando que quieren «seguir construyendo la república» dándola por proclamada, sobre la base del «mandato popular» del fallido, por ilegal y antidemocrático, referendo del 1 de octubre. Y piden la liberación de los «presos políticos». Centrando sus posiciones alrededor de que el gobierno legítimo de Cataluña es del depuesto Carles Puigdemont, desconocen la diferencia entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Ciertamente, en democracia es exigible la legitimidad de origen. No pueden existir gobiernos que no estén fundamentados en la voluntad popular, directa o indirectamente.
En el parlamentarismo, la legitimidad de origen es indirecta, pues deriva de la elección del presidente del Ejecutivo por un parlamento que está directamente elegido por la población. Así, no hay ninguna duda de que el gobierno de Puigdemont tuvo, mediante su investidura parlamentaria, legitimidad de origen. Pero en democracia, la legitimidad de origen tiene que tener su continuidad mediante la legitimidad de ejercicio, es decir, a través de la acción de gobierno y de las políticas implementadas por quienes fueron elegidos. Para ello, partiendo de los clásicos (Aristóteles o Rousseau) y llegando a los modernos (Max Weber o Bobbio) se han establecido doctrinalmente una serie de indicadores, tomando como fundamento la adecuación de la actuación gubernamental a un sistema de valores (Bobbio o Rawls), entre los cuales destacan la autonomía personal, la seguridad jurídica y la solidaridad, entroncados con la libertad y la justicia. La relación entre legalidad y legitimidad resulta especialmente relevante. Entrando en el caso concreto de Cataluña, constatamos que el gobierno de Puigdemont, depuesto por aplicación del instrumento de coerción federal del artículo 155 CE, que gozaba de legitimidad de origen, estaba actuando, al vulnerar sistemáticamente la seguridad jurídica y la legalidad, sin legitimidad de ejercicio. Y sin ella, aunque la hubiera tenido de origen, había perdido toda legitimidad política. Si ello no se quiere entender ahora, en plena campaña, mal se puede enfocar el futuro tras el 21D.