Sostendré que lo sucedido tanto con las cláusulas suelo en nuestras hipotecas como en la gestión de Bankia nos enfrenta a dos casos de lo que suele denominarse captura del regulador, que yo traduzco como captura de la democracia.
En el caso de las hipotecas, una pieza básica de nuestro Estado democrático de derecho, el poder judicial representado por el Tribunal Supremo, venía sosteniendo, en beneficio de un grupo de entidades financieras, que los contratos hipotecarios con esas cláusulas eran acordes a las buenas prácticas de competencia y transparencia en los mercados que reclamaban las normas aprobadas democráticamente.
Pero tuvo que ser un tribunal europeo el que dictase que eso no era así, dejando con el culo al aire a nuestro poder ejecutivo (pues el Gobierno podía haber denunciado el asunto a través de la Fiscalía General del Estado) y a nuestras comisiones reguladoras de los mercados. Un caso de manual en el que el independiente poder judicial se dejó capturar por los intereses de unos pocos, muy bien pertrechados, en perjuicio de unos muchos muy mal defendidos. Junto a un poder ejecutivo también abducido y a organismos independientes que no lo estaban menos.
Para el caso de Bankia ya adelanto al lector que el 3 de noviembre del 2009 titulé con ironía mi columna Rato, el mejor candidato, para presidir Caja Madrid. Eran tiempos en los que el Gobierno del PSOE y un PP en la oposición conformaron un pacto jacobino y centrípeto para repartirse el poder económico resultado del fiasco inmobiliario de las cajas. Reuniéndolas a ser posible todas en una, y luego privatizándolas entre unos pocos. Una huida hacia adelante capitaneada por todo un ex general del FMI.
El Banco de España dio cobertura a la operación desentendiéndose de unas funciones supervisoras que se supone que su independencia del Gobierno (según el mantra neoliberal) debía garantizar. Pero sabemos que no lo era. Porque permitió que unos pocos plutócratas y amiguetes creasen un monstruo financiero que muchos ciudadanos, que debíamos ser protegidos, al final tenemos que costear. Era clave que el Banco de España, formalmente independiente, se acomodase a los intereses de esos pocos en detrimento de la mayoría de la sociedad.
En suma, el comportamiento de nuestro poder judicial en el caso de las cláusulas suelo y del Banco de España en el caso de Bankia ponen de manifiesto el alto riesgo de que la independencia otorgada por la soberanía popular mute en servilismo a unos pocos.
A la vista de lo cual es claro que, como sostiene Robert A. Dahl, «necesitamos buscar una nueva forma de democracia que amplíe las oportunidades de participación y de control democrático», si no queremos ver cómo las normas se convierten en papel mojado para unos pocos, y en desprotección de sus derechos para la mayoría. Un control parlamentario más directo, ágil y recurrente podría ayudar a corregirlo; siempre que nuestros representantes no se dejen capturar y estén a la altura de sus obligaciones.