Los perceptores del salario social que reincidan en rechazar formarse pueden perder la ayuda

La Voz REDACCIÓN

ASTURIAS

De izquierda a derecha: el presidente de Cecap-Asturias, Pablo García; el consejero de Industria, Empleo y Promoción; Enrique Fernández; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, y José Ángel García, vicepresidente de CECAP.
De izquierda a derecha: el presidente de Cecap-Asturias, Pablo García; el consejero de Industria, Empleo y Promoción; Enrique Fernández; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, y José Ángel García, vicepresidente de CECAP.

La consejera de Bienestar Social, Melania Álvarez, recuerda que la ley que entró en vigor en julio les obliga a inscribirse como demandantes de empleo y participar en las medidas de inserción laboral que se establezcan

06 oct 2022 . Actualizado a las 14:50 h.

Las personas perceptoras del salario social en Asturias podrán ver suspendidas estas ayudas económicas si reinciden en la no participación activa en los programas de formación que establece la Administración regional para su inserción en el mercado laboral.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, que ha participado este jueves la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Empresas de Consultoría y Formación del Principado (Cecap-Asturias) para la incorporación laboral de personas beneficiarias del salario social, ha resaltado los «muchos esfuerzos que se han realizado durante los últimos meses por parte de la Administración para cumplir con el derecho de estas personas a ser dotadas de los mecanismos formación e inserción en el mercado laboral».

Ha resaltado que hay que tener en cuenta «el doble derecho», el de la Administración y el de los perceptores, para cumplir con la Ley de Garantías de Derechos y Prestaciones Vitales, que entró en vigor el pasado 12 de julio, que obliga a los perceptores a permanecer inscritos como demandantes de empleo y participar activamente en las medidas que se pudieran establecer en el itinerario de inserción laboral con excepción de aquellas personas que por edad, salud y situación familiar, no puedan ejercer una actividad.

La consejera ha apuntado que existen «dos apercibimientos» a aquellas personas que no participen que, según ha remarcado, «están en su derecho de no hacerlo, pero que tienen que ser conscientes de que las reglas del juego son éstas». El convenio firmado ahora supone el sexto acuerdo que impulsa el Gobierno regional con el fin de promover el acceso de los perceptores de la renta mínima al mercado de trabajo y se suma a los ya firmados con la Fundación Laboral de la Construcción o Tragsa, entre otras asociaciones.

De las 370 personas convocadas para participar en estos proyectos solo 162 han aceptado, lo que supone una aceptación del 43,48 % que «está lejos del objetivo fijado por la Administración asturiana», según ha indicado la consejera.

No obstante, ha dicho que «el balance es positivo y supone un salto cualitativo y cuantitativo en estas iniciativas», aunque ha reconocido su preocupación «por la falta de respuesta» de algunos beneficiarios, unas 14.390 unidades familiares perceptoras del salario social, de los que alrededor de 15.000 personas, entre los 18 y 65 años, están obligadas a estar censadas en el paro.

Además, hay que sumar a las personas que participan en los planes locales de empleo, que han elevado al 30 % el número de plazas reservadas para perceptores del salario social, lo que ha permitido que 508 personas participaran en estos programas en los últimos cinco años.

Además de Álvarez, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y el presidente de la CECAP, de Asturias, Pablo García, han participado en la firma de este convenio que prioriza la atención a la formación e inserción en el mercado laboral de colectivos con déficit de formación, poniendo especial acento en mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes.

Por su parte, Fernández ha dicho que el convenio «refuerza las políticas activas de empleo puestas en marcha por el SEPEPA, con un total de 127 millones en recurso invertidos en el afán de beneficiar a 28.000 personas y acompañarlas en sus necesidades formativa y búsqueda de trabajo», informa Efe.