La convocatoria de adelanto electoral hace crecer la incertidumbre sobre la culminación de inversiones y reformas en materia energética
16 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El fracaso del proyecto de presupuestos y adelanto electoral, confirmado este viernes por el presidente Pedro Sánchez, para el 28 de abril tendrá lógicas consecuencias políticas en Asturias (como un prólogo inmediato los comicios autonómicos) pero también respecto a un gran cúmulo de inversiones previstas, singularmente en materia de infraestructuras pero también respecto al enfoque de las políticas medioambientales y su impacto en la industria que ha despertado una importante controversia en el Principado en los últimos meses.
El área de Fomento no es menor. José Luis Ábalos retrasó su visita a Asturias hasta noviembre del año pasado pero lo hizo para anunciar un aluvión de iniciativas, por una suma total que superaba los 1.500 millones de euros en varios años, y que ahora podría quedar en el aire. Entre todos estos proyectos destaca el empujón definitivo a la Variante de Pajares para su apertura 2020 con las primeras circulaciones en pruebas a mediados de años. Además de las inversiones previstas tiene un peso relevante en el desarrollo de esta infraestructura en el rediseño de la obras de manera que si el último gobierno de Rajoy había pactado con Foro la construcción de los túneles con vías de ancho internacional relegando el transporte de mercancías a la decimonónica rampa de Pajares; Ábalos retomó la demanda del Principado (no sólo del Gobierno asturiano sino también de los agentes sociales) para usar el ancho ibérico que permitiera el paso tanto de pasajeros como de mercancías en uno de los túneles.
Si bien en la primera legislatura de Rajoy, el PP asturiano había defendido el desarrollo de la obra con ancho ibérico, el acuerdo con Foro le hizo virar en su argumentario para defender el cambio de criterio del Ejecutivo nacional en la segunda legislatura por lo que queda por saber si lo mantendría o no en la próxima. El último anuncio de Ábalos fijaba que la apertura de los túneles se desarrollaría de tal manera que uno de los túneles iría con ancho ibérico y en el otro se instalaría el denominado triple hilo que permitiría su adaptación futura al ancho internacional.
A grandes rasgos, la visita de Ábalos se saldó también con otros relevantes anuncios: la culminación del Plan de Vías en Gijón, con la supresión de la barrera ferroviaria con el metrotren y la prolongación hasta Cabueñes (por una suma de 814 millones de euros), prolongar la A-63 hacia el suroccidente, construir el tercer carril de la autopista Y, completar los acceso al Musel y el soterramiento de Langreo, buscar una solución a la Ronda Norte de Oviedo y también a las vías que cruzan Avilés. A todo ellos, hay que añadir la no menos relevante inversión, en varios años, de hasta 600 millones de euros, para mejorar las cercanías ferroviarias en el Principado.
Aunque llevaba encallado mucho tiempo, el futuro de la fábrica de La Vega en Oviedo comenzaba a despejarse también a comienzos del año nuevo. En enero, el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa pactaron un protocolo que se iniciaba con una cesión para usos temporales la capilla y el claustro y debía concluir con la venta de los terrenos para que pasaran a ser propiedad municipal. Tanto la capilla como el claustro están considerados Bien de Interés Cultural (BIC) por lo que las actuaciones en esos espacios son limitadas. Tras el anuncio del acuerdo para el protocolo, el equipo de gobierno municipal había señalado que dentro de sus planes entraban proyectos como el archivo municipal, una biblioteca, un centro de interpretación del prerrománico o el museo de la ciudad.
El futuro de la industria
Las perspectivas de la industria asturiana, que supone más del 20% del PIB de la economía regional, tienen una relación directa con el modelo de suministro energético. Desde el Gobierno se había señalado que una de las cuestiones más acuciantes, el futuro de la planta de Alcoa en Avilés podría despejarse en breve con la posibilidad de un comprador para la factoría. En todo caso, dentro de todos esos planes de viabilidad resulta crucial la puesta en marcha del estatuto de la industria electrointensiva, esto es aquella para la que la energía supone uno de los principales sino el mayor coste en la producción. En declaraciones a La Voz de Asturias, la ministra Reyes Maroto, se había comprometido a agilizar todos los plazos para su desarrollo pero la previsión era que de aprobarse en dos meses, justo en la fecha en la que se celebrarán las elecciones.
En este sentido, y según recogió la agencia EFE, los trabajadores de Alcoa reclamaron que el anuncio de las elecciones no supusiera una interferencia en el estatuto de la industria electrointensiva. «El estatuto ya pasó en su momento por el Congreso de los Diputados y, de estar el Gobierno en funciones, sólo quedaría que el Consejo de Ministros le diese su aprobación, tiene capacidad para sacarlo adelante», aseguró el presidente del comité de empresa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho.
Está previsto que la mesa organizada por el Ministerio de Industria junto a trabajadores y Gobiernos autonómicos se celebre el próximo 12 de marzo; antes, la próxima semana, los trabajadores de A Coruña y Avilés se reunirán con las autoridades gallegas y asturianas para establecer el proyecto industrial que buscan. La apuesta de la plantilla sigue siendo la puesta en marcha integral de la planta, con la fundición y las series de electrólisis trabajando a pleno rendimiento, lo que garantizaría, a su vez, la continuidad de los puestos de trabajo.
Por último, aunque la decisión de clausura acelerada de las centrales térmicas corresponde a la iniciativa empresarial (primero lo hizo Iberdrola poniendo fecha de caducidad a Lada y a comienzo de año le siguió Naturgy con Soto de la Barca), no han sido pocos los choques de partidos, gobierno, patronal y sindicatos desde Asturias con las iniciativas planteadas por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, a la que acusan de plantear una descarbonización acelerada, más adelantada incluso a los plazos previstos por Europa, con consecuencias catastróficas para el empleo en la comunidad.