Puigdemont exige a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso y el socialista la rechaza

la voz REDACCIÓN / AGENCIAS

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El fugado asegura haber perdido la confianza en el líder del PSOE al no detectar avances en la aplicación de la amnistía, la oficialidad del catalán en la UE o la transferencia de las competencias sobre migración y fronteras a la Generalitat

10 dic 2024 . Actualizado a las 11:06 h.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont anunció este lunes que su partido ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

«Hoy Sánchez sigue demostrando que no es de fiar», advirtió Puigdemont en una rueda de prensa desde Bruselas para evaluar el primer año de acuerdo entre su partido y el PSOE para la investidura de Sánchez. Lo ha dicho en una conferencia en el Press Club de Bruselas para valorar el primer año del acuerdo con el PSOE para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una reunión de la cúpula de Junts. «Ha llegado el momento de un punto de inflexión o de dejarlo correr para no hacer perder el tiempo ni la paciencia a nadie», ha expresado el también expresidente de la Generalitat.

El expresidente fugado asegura «haber perdido la confianza» en Pedro Sánchez solo un año después de apoyar su investidura. «No ha habido avances en la aplicación de la amnistía, en la transferencia de las competencias de inmigración ni en el uso del catalán en la Unión Europea», denunció ante los medios de comunicación.

El PSOE pide calma y no ve necesaria la petición de Junts

Pedro Sánchez no tiene intención de someterse a una cuestión de confianza, como pide Junts, ni tampoco la considera necesaria. Así lo han asegurado a Efe fuentes del Ejecutivo después de conocer la acción llevada a cabo por Junts. El Gobierno recuerda que la decisión de someterse a una cuestión de confianza es una prerrogativa que corresponde al jefe del Ejecutivo y recalca que Sánchez no tiene intención de presentarla ni tampoco ve necesario hacerlo.

Las fuentes citadas subrayan que el Gobierno ha trabajado de forma constante y sin interrupción con los grupos parlamentarios para sacar adelante medidas que beneficien al conjunto de la población y que así va a seguir siendo en esta legislatura. Además, aseguran que el Gobierno cumple sus compromisos y continuará hablando y negociando para que los acuerdos alcanzados salgan adelante.

La prioridad de esas negociaciones es en la actualidad que se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Unos presupuestos con los que creen que se consolidaría el crecimiento económico que ha llevado a Sánchez a afirmar que España es el motor de Europa. 

Ese mensaje de calma es el que intenta trasladar el PSOE desde todos sus altavoces. Instantes después de la comparecencia de Puigdemont, el PSOE ha asegurado a Junts que es «un partido de fiar». En declaraciones a la prensa, la concejala del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Ejecutiva socialista, Enma López, ha pedido «calma y tranquilidad» y ha recordado que el Gobierno se encuentra en medio de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado del 2025.

En el cementerio civil de Madrid, donde la formación ha conmemorado el 99 aniversario de fallecimiento del fundador del partido, Pablo Iglesias Posse, López ha subrayado que plantear mociones de confianza corresponde «en exclusiva al Presidente del Gobierno», y ha insistido en que el PSOE y el Gobierno «cumplen».

El PP duda

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha cuestionado si el cambio de postura de Junts sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «va en serio o no». «Desconozco si realmente esto va en serio o no», ha admitido en declaraciones a los medios de comunicación tras una visita en la sede de ISDIN en Barcelona.

«Parece ser que Junts ahora dice que no le parece fiable el presidente del gobierno. A nosotros tampoco, pero desde el primer instante», ha añadido, a la vez que ha asegurado que Sánchez solo tiene dos opciones: cesiones al independentismo o el final de la legislatura.

Una herramienta para medir apoyos

La cuestión de confianza es una vía contemplada en la Constitución para que el Gobierno demuestre que mantiene el apoyo del Parlamento. Recogida en los artículos 112 y 114 de la Constitución así como en los artículos 173 y 174 del Reglamento del Congreso que la desarrolla, busca confirmar el vínculo de confianza entre el Congreso y el presidente del Gobierno que fue sellado en la votación de investidura.

El artículo 112 de la Constitución establece que la cuestión de confianza la puede plantear el presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o sobre una declaración de política general. Celebrado un debate monográfico en el Congreso, se considerará otorgada la confianza de la Cámara cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados.

Según el artículo 114.1 de la Constitución, si el Congreso niega la confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey y a continuación se iniciará el proceso para designar un nuevo presidente. Al igual que en la investidura, el jefe del Estado deberá celebrar las oportunas consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios para proponer un candidato que se someterá a un debate en el Congreso y a una votación en el pleno.

Dos precedentes

El procedimiento de la cuestión de confianza solo se ha planteado en dos ocasiones desde la aprobación de la Constitución de 1978.

La primera de ellas fue presentada por el entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez el 16 de septiembre de 1980 para poner en marcha un programa de austeridad económica y desarrollar el Estado de las autonomías. Suárez consiguió la confianza del Congreso, donde su partido, la UCD, no tenía la mayoría absoluta, por 168 votos a favor, 164 en contra, dos abstenciones y cuatro ausencias.

La segunda cuestión de confianza la planteó el presidente socialista Felipe González el 5 de abril de 1990 para pedir una «especial política de diálogo» que permitiera llevar a cabo una economía competitiva en el marco de la UE, impulsar la política exterior y progresar en el capítulo de las autonomías.

González obtuvo el apoyo de la Cámara por 176 votos favorables, 130 en contra, 37 abstenciones y tres ausencias, además de las ausencias de los cuatro diputados de HB.