La oposición ha calificado la maniobra como un retroceso para la democracia y la independencia judicial
14 sep 2024 . Actualizado a las 22:40 h.El Congreso de México ha declarado constitucional la reforma del poder judicial propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que impulsa la elección de jueces por voto popular. Solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor. La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado mexicano y luego en el Congreso de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las supermayorías oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas locales de 32 estados.
Ninguno de los dos actos contó con la presencia de la oposición, contraria a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de poderes y la posible intromisión de «grupos de interés». Así lo anunciaron los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras de los opositores partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes expresaron que la acción de constitucionalidad «es una fiesta» exclusiva del oficialismo, así como el «consumado atraco a la nación».
Protestas de magistrados
La acción se da a la vez que miles de trabajadores del Poder Judicial y por lo menos 1.200 jueces en el país intentan frenar la reforma recurriendo a instancias nacionales e internacionales. Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el Gobierno estadounidense han advertido repercusiones para México por esta reforma.
Este viernes, un juez del estado de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la citada reforma en el DOF, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, su principal impulsor, anunció que sería oficializada el próximo domingo 15 de septiembre, cuando se conmemora en el país el Día de la Independencia. Más tarde, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente para impedir que la reforma se publique en el DOF: «Se les olvida que contra reforma constitucionales no proceden impugnaciones».