La descentralización de Europa, uno de los retos políticos para el nuevo mandato
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Las regiones reclaman el derecho a poder decidir sobre las cuestiones que le atañen
31 may 2024 . Actualizado a las 14:12 h.Cuando pusieron los cimientos de la Unión Europea (UE), nadie pensó en las regiones, en ese poder intermedio entre el Estado y el ciudadano que en suele tener más cercanía y conocimiento de los problemas para abordarlos. Europa fue una creación de Estados. De Estados devastados por la guerra que decidieron compartir, en la CECA y Euratom, la producción del carbón, acero y energía atómica, que es lo que se usa en las guerras. Con todo, el poder intermedio —ya sean länder, comunidades autónomas o consejos regionales— ganaron protagonismo poco a poco, muchas veces con la reticencia de los gobiernos nacionales a descentralizar hacia abajo la gestión de ingentes cantidades de recursos.
El cómo abordar esa descentralización en una Unión Europea (UE) cada vez más gigante e inabarcable va a ser uno de los retos para el nuevo mandato político de cinco años que arrancará a partir del 9 de junio con la renovación de la Eurocámara.
Con una guerra a las puertas de la Comunidad y una transición en marcha para cambiar el modelo de producir energía, es evidente que la descentralización no es la prioridad número uno en ninguna de las capitales. Pero su reivindicación cobre cada vez más importancia, como se pudo ver, sin ir más lejos, en todo lo concerniente a la gestión del plan de recuperación impulsado tras la pandemia, de cuya planificación pidieron formar parte las comunidades autónomas, entre ellas Galicia, para no ser meros convidados de piedra del reparto territorial de fondos decidido casi exclusivamente por el Gobierno central.
La cuestión no es baladí, pues el plan de recuperación equivale prácticamente al presupuesto de la UE para un período de siete años. Son 750.000 millones, 360.000 millones en forma de préstamos reembolsables hasta el año 2058 y otros 390.000 millones en subvenciones a fondos perdido, de los que España recibirá 163.000 millones entre el 2021 y el 2026 con amplia potestad para disponer de ellos sin el concurso de las comunidades.
Disparidad de modelos
Con todo, los anhelos de descentralización tiene más adeptos en unos países que en otros, debido en gran medida a la articulación administrativa de dichos Estados. Socios como Alemania, Bélgica, Austria disponen de auténticos estados federales, mientras España, Italia y algunos territorios insulares, como los de Portugal, tienen estructuras que se les asemejan con sus comunidades con autogobiernos y capacidad legislativa. En Francia, no llegan a tanto. Y los territorios salidos de la órbita comunista carecían de esa estructura intermedia, y tuvieron que crearla de la noche a la mañana para poder gestionar fondos estructurales.
Para la Comisión Europea, por tanto, resulta complejo proponer fórmulas de descentralización, más aún cuando de ellas pueden recelar los Estados, lo que no ha impedido que las regiones se ganaran a pulso cada vez mayor protagonismo y participación en Europa.
El Tratado de Maastricht de 1993 reconoció el principio de subsidiariedad de las regiones, que preserva su independencia en la toma de decisiones respecto a las competencias que tiene atribuidas. De ese modo nació, en febrero de 1994, el Comité de las Regiones (CdR), como una asamblea que acomoda la representación de las más de 240 regiones y entidades de la Unión, que tiene capacidad de emitir dictámenes y su opinión es obligada en múltiples asuntos que atañen a la aplicación de las políticas comunitarias sobre el territorio.
Tras reivindicarlo durante años, el Tratado de Lisboa reconoció al CdR, en el 2009, la capacidad de interponer recursos ante el Tribunal de UE para impugnar cuestiones que pueden afectar a la subsidiariedad. Fue un paso más, pero para muchos territorios intermedios todavía insuficiente, pues sus dictámenes no tienen el poder coercitivo —que sí tiene los Estados— de poder parar algunas decisiones.
La pugna regional por pesar en la UE propició la derrota de Fraga ante Pujol
Volvamos a aquella Europa de los Doce, creada tras el ingreso de España y Portugal. Barcelona preparaba las Olimpiadas, el acuerdo de Schengen que permite cruzar fronteras sin pasaporte todavía no había entrado en vigor, ni mucho menos el mercado único o el euro.
Las regiones poco pintaban aún en aquel club, aunque existía un foro muy activo ajeno a la UE, la Asamblea de Regiones de Europa (ARE), que bien podía servir de trampolín para catapultar algunos liderazgos políticos. Y en la España de 1992 hubo dos dirigentes autonómicos que lo vieron: el gallego Manuel Fraga y el catalán Jordi Pujol.
Por aquella época, Fraga era un recién llegado a la Xunta y acababa de sacarse de la manga su propuesta de la Administración única, mientras Pujol estaba en su apogeo político —pese a que ya cargaba a sus espaldas con el escándalo de Banca Catalana— también reivindicaba que toda la representación del Estado en Cataluña debería recaer en la Generalitat que él presidía.
Los dos dirigentes se lanzaron así a competir por la presidencia del único foro regional que podía dar un poco de visibilidad en Europa. Fue un campaña en toda regla. Fraga creía contar sotto voce con el apoyo del PSOE de Felipe González, así que se embarcó con arrojo en una misión por media Europa para reunir adhesiones de la familia el centro-derecha. Viajó al Piamonte italiano, a Baviera, Bruselas, Bretaña o Bohemia, mientras Pujol movía a sus socios de Unió para buscar el respaldo de los democristianos europeos.
Tan y tan claro debió de ver Fraga su victoria, que preparó en Santiago de Compostela la cumbre de la ARE que iba a entronizarlo. Y así parecía que iba a suceder, pues su aparato de comunicación difundió previamente unos pronósticos que estimaba que el de Vilalba iba a vencer a Pujol por 64 votos a 56, dejando una parte marginal para la tercera candidata en liza.
Pero al abrir las urnas, el resultado dejó un contundente 104 a favor de Pujol y 31 para Fraga. Toda una humillación «en su propia casa y sin darse cuenta», como firmó Leoncio González el 4 de julio en La Voz de Galicia. Claro que Pujol llegó a la ARE para dirigir el canto del cisne de la Asamblea. En 1994 nacía como institución reglada el Comité de las Regiones que desplazaría al principal lobby regional.