Detienen a la mano derecha del exministro Ábalos por un supuesto fraude en la compra de mascarillas
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La investigación de un juzgado de la Audiencia Nacional, que suma 20 arrestados y 26 registros en ocho provincias, se centra en la adjudicación de contratos de diferentes administraciones por valor de 53 millones. «Estoy estupefacto y muy decepcionado», señala el exjefe de Fomento
22 abr 2024 . Actualizado a las 11:43 h.Agentes de la Guardia Civil detuvieron este miércoles a Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos y asesor del político socialista en su etapa como ministro de Fomento (2018-2021), según fuentes cercanas al caso. La investigación, a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción, que indagan las supuestas comisiones ilegales en la compra de mascarillas y otros materiales de protección sanitaria por parte de la administración central y dos gobiernos autonómicos durante la pandemia.
La compra de este material en el peor momento de la pandemia, marzo y abril del 2020, se produjo por parte los ministerios de Interior y Fomento, en la etapa de Ábalos, y de las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, bajo la presidencia de dirigentes socialistas. En total, los contratos adjudicados tuvieron un valor de 53 millones de euros. En el marco de Fomento están implicados en la compra los organismos ADIF (gestor de la infraestructura ferroviaria) y Puertos del Estado, mientras que las compras en Interior fueron autorizadas por la Secretaría de Estado de Seguridad.
El juez instructor del caso es Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, que investiga la querella registrada en otoño pasado por la Fiscalía Anticorrupción. La causa está bajo secreto. Los delitos que se investigan son cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Además de los 20 arrestados hasta el momento se han producido 26 registros, todo ello en las provincias de Madrid, Alicante, Murcia, León, Álava, Bizkaia, Zaragoza y Cáceres.
«Estoy estupefacto y muy decepcionado»
El arresto de Koldo García ha provocado un inmediato revuelo político, en plena sesión de control al Gobierno en el Congreso. Ábalos, se ha visto interpelado por los periodistas en los pasillos, ante los que ha enfriado su relación con quien fuera su lugarteniente en Fomento. Ha dicho desconocer los hechos investigados y ha negado, en consecuencia, que tenga intención de dimitir como diputado.
«No tengo ni idea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto. Me gustaría poder dar (explicaciones), pero no tengo más información que lo que he leído. Estoy muy decepcionado», ha dicho Ábalos en referencia a la detención de su excolaborador, con el que dice haber perdido relación con el paso de los años.
Ábalos fue ministro de Fomento entre el 2018 y el 2021, etapa en la que compaginó el cargo con el de secretario de Organización del PSOE, con Pedro Sánchez como secretario general del partido. Actualmente es diputado y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso. Abandonó la cartera de Fomento en la remodelación del Gobierno de julio del 2021.
El PP no ha pedido por ahora su renuncia, pero sí le ha exigido que comparezca en el hemiciclo para ofrecer explicaciones con dos dardos hacia los socialistas. Cuca Gamarra, secretaria general de los populares, ha reclamado que se esclarezca si las actuaciones que se imputan a García fueron «el motivo» para que Sánchez destituyera a Ábalos hace tres años; y ha colocado el punto de mira también sobre Salvador Illa, ministro de Sanidad en la pandemia y ahora líder del PSC. Aunque la investigación no afecta a su departamento, por los datos que han trascendido hasta ahora.
El presidente Pedro Sánchez recriminó ayer al PP sus «maledicencias» por sugerir que el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes estuvo vinculado a las supuestas actividades fraudulentas de su entonces asesor (según algunos medios el flujo de dinero se había cortado la misma semana de la destitución) y negó, con un «rotundamente no», que el relevo se hubiera debido a dicho motivo.
«Cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones en una tragedia como fue la pandemia, y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno», afirmó.
Una empresa aragonesa, bajo sospecha
La denuncia que originó parte de la investigación fue interpuesta por el secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano. Los populares aludieron a presuntas irregularidades en distintos contratos de urgencia formalizados por la administración central. Anticorrupción abrió diligencias de investigación, pero no se hallaron indicios de delito en la mayoría de los casos. Sin embargo, en uno de estos asuntos, relacionado con las adjudicaciones a la sociedad zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, se encontraron posibles evidencias de fraude.
En concreto, el Ministerio de Transportes y Fomento destinó 12,5 millones a la compra de cinco millones de mascarillas a esta mercantil, administrada por José Ángel Escorial y que pasó de ingresar 0 euros en 2019 a facturar 53,1 millones en 2020. Su actividad hasta la pandemia consistía en la gestión de proyectos de asesoramiento técnico en África.
Ese contrato de marzo del 2020 se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas. La denuncia del PP recoge que esta empresa no reunía los requisitos de idoneidad y solvencia y que no tenía ningún vínculo con China que le hiciera apta para ser suministrador preferente.
A pesar de ello, Soluciones de Gestión en un plazo de una semana resultó adjudicataria no solo del contrato de 12,5 millones de Transportes y Fomento, sino que el Ministerio del Interior también adquirió un millón de mascarillas a la misma empresa por valor de 3,5 millones por el mismo procedimiento que el anterior. En el caso de los gobiernos de Canarias y Baleares, fue beneficiada con cuatro y dos contratos, respectivamente, por parte de sus servicios de salud.
Koldo García, el escolta baracaldés que se convirtió en la sombra de Ábalos
Koldo García Izaguirre, detenido por el presunto cobro de comisiones ilegales por contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia del covid, nació hace 54 años en Baracaldo. Este afiliado socialista y a la UGT se convirtió en la sombra de José Luis Ábalos cuando este se convirtió en secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento. Lo mismo hacía de chófer que de guardaespaldas y asesor: era su mano derecha. García Izaguirre fue nombrado consejero de Renfe sin tener una formación específica para el puesto hasta que en el 2021, con el llegada de Raquel Hernández al ministerio de Transportes, dejaron de contar con él.
Mucho antes de todo esto, trabajó como escolta del histórico dirigente socialista Nicolás Redondo. Luego fue concejal del Partido Socialista de Navarra (PSN) en Huarte durante la legislatura 2011-2015. Y en su historial figuran al menos un par de antecedentes penales. En 1995 se le condenó por un delito de lesiones a dos años y cuatro meses de cárcel por lesionar a un vecino del Valle de Aranguren cuando trabajaba como guarda de seguridad, aunque al año siguiente, el Consejo de Ministros de José María Aznar lo indultó. La segunda condena data del 2011, durante los Sanfermines: participó en una pelea junto a un agente de la Policía Nacional en la que resultó herido un menor de edad, de 16 años. Tuvo que pagar una multa de 900 euros.
Siempre se recuerda también una anécdota que le vincula a Pedro Sánchez. En la época de García como edil en Huarte, el ahora presidente del Gobierno le dedicó unas calurosas palabras en una publicación de su cuenta de Facebook, llamándole «el último aizkolari socialista» y «un titán contra los desahucios».
Además, según El Confidencial, García compró entre los años 2020 y 2023 dos pisos en Benidorm y 15.000 metros cuadrados de suelo en Polop, ambos municipios de la provincia de Alicante. El medio afirma que fuentes de la investigación señalan que el dinero de estas transacciones proviene presuntamente del cobro de comisiones ilícitas.