El Gobierno aprueba la ley para que la cobertura social garantice unos mínimos en toda España
ACTUALIDAD
Dejará de exigirse el empadronamiento, y las prestaciones y servicios se mantendrán aunque se cambie de comunidad
18 ene 2023 . Actualizado a las 07:53 h.El Consejo de Ministros dio luz verde ayer en primera vuelta al anteproyecto de la nueva ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que pretende garantizar unas prestaciones mínimas comunes en toda España, agilizar el acceso y eliminar trabas como el empadronamiento obligatorio.
Al texto le queda por delante todavía un largo camino. Necesita la aprobación definitiva del Gobierno, la convalidación de las Cortes y el acuerdo con las comunidades, que al fin y al cabo son las que tienen las competencias y que en algunos casos ya han avanzado que estarán vigilantes ante cualquier intromisión.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aún reconociendo esas dificultades, pone el acento en que es la primera ley de este tipo de la democracia, que ha sido largamente trabajada con la Unión Europea y también con las comunidades, con lo que espera que en cuestión de meses pueda ponerse en marcha a través de la acción conjunta de Gobierno y autonomías en el Consejo Territorial. Destaca como puntos centrales la creación de «un catálogo común de prestaciones que deberá ser muy detallado», la definición de los ratios de profesionales y la inclusión de indicadores de satisfacción de los usuarios. Las personas beneficiarias no tendrán que volver a pasar por «un proceso de valoración que suele ser bastante largo» si se cambian de comunidad y para ello se crea un «sistema de información común interoperable» entre las distintas autonomías, como explicó ayer la ministra.
Esta es otra de las principales novedades, la creación de una historia social única, al estilo de la que ya funciona en los servicios sanitarios, que recoja toda la información de la persona y toda la intervención que se haya llevado a cabo con ella.
La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, destacó que este es «uno de los ejes fundamentales de la acción del Gobierno» en la medida en que persigue «la cohesión social y la modernización del estado del bienestar».
Belarra, por su parte, destacó que los servicios sociales «son quienes están ahí cuando las cosas se ponen más difíciles para la gente». Cuando los niños sufren situaciones de violencia, los mayores de dependencia o las familias pierden su trabajo. Hace años que los profesionales tratan de romper con el «enfoque asistencialista, algo así como si estuviésemos haciéndole un favor», para cambiar a un modelo de prevención, comunitario y centrado en la persona «que apueste por sus potencialidades y no se centre únicamente en sus dificultades». Sin embargo, según recalcó ayer Belarra, los recortes del 2012-2013 y las privatizaciones han desembocado en «unos servicios sociales que están completamente asfixiados, principalmente porque asumen también competencias y funciones que no le corresponden por el desborde de otros, como la vivienda o la educación». Por eso quieren aprovechar los 875 millones de euros del plan europeo «para dibujar conjuntamente con las comunidades autónomas un suelo que garantice los derechos de los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan».
Belarra adelanta que «evidentemente, como siempre, contará con la oposición de los que nunca quieren que nadie cambie» pero espera un amplio acuerdo para desarrollar la ley.