Unos 30 ex altos cargos condenados por el «procés» o a la espera de juicios y otras figuras relevantes de la política española podrían salir ganando con la desaparición de delito de sedición y la modificación de la malversación.
13 ene 2023 . Actualizado a las 10:28 h.La reforma de la malversación para rebajar las penas beneficiará a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, algunos sentenciados y otros pendientes de juicio por el procés, pero también podría afectar a otros condenados por el deleito malversación o que se encuentran a la espera de juicio, ya que un principio básico del derecho penal es que ante la colisión de dos normas debe aplicarse siempre la más favorable para el reo.
Unos 30 ex altos cargos a la espera de juicio o ya condenados
Primero fue la eliminación del delito de sedición por el que fueron condenados nueve de los líderes del procés, indultados por el Gobierno: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Y después, la rebaja del delito de malversación por el que condenaron a Junqueras (13 años de inhabilitación) y los exconsejeros Bassa, Romeva y Turull (12 años de prisión y 12 de inhabilitación), quienes se sirvieron de dinero público para organizar el referendo del 1-O y promover la independencia. Pero no son los únicos que se beneficiarán de la reforma del Código Penal. También favorecerá a la treintena de ex altos cargos de la Generalitat procesados por organizar el 1-O, derivar dinero público para ello y que están pendientes de juicio.
Los huidos
Puigdemont, Ponsatí, Comín y Puig. El expresidente y los exconsejeros de Educación (Clara Ponsatí) y Salud (Toni Comín) huidos de la Justicia están procesados por malversación y sedición. Puig, extitular de Cultura lo está por malversación. La sedición, penada con entre 5 y 15 años de prisión, ya no podrá recaer sobre ellos porque desaparece. La sustituye el delito de desórdenes públicos, castigado con un máximo de 5 años. El de malversación, de hasta 12 años de cárcel y 20 de inhabilitación, pasa a ser de entre 1 y 4.
Condenados por malversación
Junqueras, Bassa, Romeva y Turull. El exvicepresidente Junqueras fue inhabilitado 13 años para ejercer cargos públicos, hasta el 2031, pero con la reducción de la pena con la reforma podría ser habilitado antes del 2025 cuando toca celebrar elecciones en Cataluña. Los exconsejeros Dolors Bassa (Trabajo), Raül Romeva (Exterior) y Jordi Turull (Presidencia), condenados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por sedición en concurso medial con malversación pasarían a un máximo de 5 años por desórdenes públicos y entre 1 y 4 por la malversación.
Pendientes de juicio
Secretarios generales: Jové, Salvadó, Molons, Ginesta, Nin y Villatoro. Josep María Jové (número dos de Junqueras en Economía) Lluís Salvadó, (Hacienda), Antonio Molons (Difusión), Josep Ginesta (Trabajo), Joaquim Nin (Presidencia) y Aleix Villatoro (Exteriores) están procesados por prevaricación y malversación. Por este último, la reforma solo permitirá condenarlos a un máximo de 4 años.
Directores generales: Ignasi Genovés (Difusión, hasta octubre que se rompió el Gobierno de Junts y ERC), Teresa Prohías (directora de servicios de Presidencia en el 2017, ahora dirige Políticas Digitales y Administración Pública), Josué Sallent (Estrategia del Centro de Telecomunicaciones y el peón de Junqueras para crear las estructuras de Estado catalanas), Albert Royo (Diplocat, el Tribunal de Cuentas le reclamó una fianza de 3,7 millones), Francesc Sutrías (Patrimonio, y actual secretario general de Territorio), Jaume Clotet (Comunicación, actual director de comunicación de la Universitat Pompeu Fabra). Todos están acusados de malversación y algunos también de desobediencia y prevaricación.
Delegados de la Generalitat: Amadeu Altafaj (UE) y Manuel Manonelles (Ginebra), malversación y prevaricación.
Otros cargos y particulares. Xavier Puig Farré (responsable Tecnologías de la Información y Comunicaciones), David Palanca (responsable de Proyectos del Centro de Telecomunicaciones), David Franco ( jefe de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones), el exconsejero de Interior con Torra, Miquel Buch, acusado de malversación y prevaricación por ceder escoltas a Puigdemont tras su huida. Rosa Rodríguez Curto (vicepresidenta de ventas de T- Systems), Francesc Fàbregas (director del semanario El Vallenc) y Pablo Raventós (exdirector de Unipost que cobraba 34.000 euros al mes), en cuyas oficinas se intervinieron más de 45.000 certificados de notificaciones listos para enviar para constituir las mesas electorales del 1-O.
Anticorrupción espera una alud de revisiones de condena
El PSOE asegura que la reforma del delito de malversación no afectará a otros condenados por este delito o a la espera de juicio por ese supuesto. Sin embargo, desde la Fiscalía Anticorrupción se advierte ya de que los cambios en el Código Penal impulsados por el PSOE y ERC provocarán una cascada de revisiones de condena con sentencia firme y también una rebaja en las peticiones de condena solicitadas por la fiscalía en casos de malversación de fondos sin ánimo de lucro personal. En contra de lo que afirma el PSOE, hay juristas que sostienen que la reforma acabará beneficiando a condenados por casos de corrupción.
REFORMA DE LA MALVERSACIÓN
Tres tipos distintos. La reforma que han impulsado el PSOE y ERC establece tres tipos distintos en el delito de malversación. Si hay ánimo de lucro se mantienen las penas actuales que van de dos a 12 años de cárcel y de seis a 20 de inhabilitación para ejercer cargo público. Se establece otro delito en casos en los que no hay ánimo de lucro para «usos privados», penado con entre seis meses y tres años de prisión y de uno a cuatro de inhabilitación. Y un tercero para cuando la malversación de caudales públicos se destina a un fin distinto al previsto, que se pena con entre uno y cuatro años de prisión.
EL CASO KITCHEN
Espionaje a Bárcenas. Aunque el alcance de la reforma no está todavía claro, en la fiscalía entienden que se va a producir un efecto similar al de la ley del «solo sí es sí», con revisiones a la baja de condenas y peticiones de penas. Esas revisiones podrían terminar afectando a algunos de los casos de corrupción relacionados con el PP. Uno de los candidatos a entrar en esas revisiones que beneficiarán a los acusados es el caso Kitchen. En ese procedimiento por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas están imputados entre otros el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Durante la instrucción del caso se ha acreditado que los acusados dispusieron de fondos reservados para espiar a Bárcenas. Pero no se ha podido constatar en ningún caso que haya habido ánimo de lucro para ninguno de los imputados. La consecuencia sería que la fiscalía tendría que rebajar la pena solicitada por la malversación acogiéndose a la reforma del Código Penal, más beneficiosa en estos casos, cuando presente el escrito de acusación contra los que espiaron a Bárcenas.
CASO LEZO
Canal de Isabel II. También podrían acabar beneficiándose de la reforma del Código Penal, aunque con menos opciones, los imputados en el caso Lezo, que investiga la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, en el que supuestamente se habría pagado un sobreprecio de hasta un 65 % con un perjuicio de la Administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros. Entre otros, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está acusado de fraude y malversación y podría verse beneficiado en este último supuesto por la reforma ahora impulsada por el PSOE y ERC. La fiscalía ya presentó su escrito de acusación en el que solicita para González una pena de ocho años de prisión.
CASO ERE
Griñán. El PSOE insiste en que la reforma del Código Penal no beneficiará a los condenados en el caso ERE, entre ellos el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Pero otros juristas no opinan igual. Griñán fue condenado a seis años por prevaricación y malversación. Y el nuevo artículo habla de quienes destinen dinero público a un fin distinto al previsto, sin ánimo de apropiárselo, con una pena máxima de uno a cuatro años. Como mínimo, dos años menos de la condena de Griñán, cuyo caso podría encajaría en esa descripción.