La Generalitat recupera sus «embajadas» para buscar apoyos para el independentismo
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El Gobierno catalán pone en marcha seis nuevas delegaciones en siete meses
11 ago 2022 . Actualizado a las 18:28 h.La presencia en el exterior para la búsqueda de apoyos para el independentismo es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de la Generalitat catalana. En siete meses, el Ejecutivo de Pere Aragonès se muestra satisfecho por haber cumplido el reto que se había marcado en marzo de este año de abrir seis nuevas delegaciones a lo largo del 2022. La última es en Brasilia, la capital de Brasil, una nueva «embajada» que se une a las ya operativas en Washington y Ciudad de México.
La consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victoria Alsina, utilizó las redes sociales para reflejar su satisfacción personal por un objetivo cumplido, en una etapa en la que el independentismo en Cataluña no pasa por su mejor momento, según el último Barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, que constata que el sí a la independencia ha tocado fondo, con solo un 41 % de apoyo, reflejo de la desmovilización alimentada por las constantes peleas entre ERC, JxCat y la CUP.
El acuerdo de legislatura sellado en mayo del 2021 por ERC y JxCat contemplaba la creación de un «espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica colegiada» del independentismo, donde debería cristalizar una hoja de ruta unitaria, pero ese objetivo está lejos de cuajar, ya que los proyectos están demasiado alejados. Por ello, reforzar la presencia en el exterior con la creación de nuevas embajadas para dar imagen de unidad es una cuestión de vital para el Ejecutivo de Pere Aragonès.
La de Brasilia es la última de las aperturas que anunció el pasado mes de marzo el Gobierno catalán para el 2022. Además de la de Brasil se pusieron en marcha otras en Seúl, Dakar, Pretoria, Andorra y Tokio. Se unirán a las ya existentes en Berlín, París, Viena, Roma, Estocolmo, Lisboa, Londres, Zagreb, Ginebra, Bruselas, Washington, Buenos Aires, México y Rabat.
Al margen de las delegaciones, la Generalitat reforzó su diplomacia con un segundo y un tercer nivel de representación. Cuenta también oficinas en el exterior (Nueva York, Alguero (Italia), Dublín, Liubliana y Quebec y enviados especiales en Edimburgo y Varsovia. En el caso de estos dos últimos emplazamientos, el primero está centrado para seguir los acontecimientos de la política escocesa, en concreto el proceso soberanista para celebrar un segundo referendo sobre la independencia, mientras que el enviado a Polonia recibió en marzo el encargo de seguir de cerca la crisis de refugiados producto de la invasión rusa a Ucrania. El Ejecutivo catalán destina 28 millones a sus relaciones exteriores.
Normativa autonómica
Las nuevas delegaciones deben someterse a la normativa que establece que las administraciones autonómicas tienen que informar previamente al Gobierno de la apertura de las sedes. No obstante, la consejera de Exteriores, Victoria Alsina, consideró ya en marzo que su puesta en marcha es legal y legítima. Supone a su juicio un «salto cualitativo» que obedece a la determinación de Cataluña de «tener voz en el exterior sin tutelas y sin intermediarios». «Tenemos una mala noticia para quien ha querido que el Govern se quede en casa» y que actúe como «una diputación o ayuntamiento», dijo en aquella comparecencia la consejera de JxCat. «Viajaremos y hablaremos de nuestro país como nunca se ha hecho» —avisó en marzo— como paso necesario para «prepararnos para ser un Estado».
El Ejecutivo catalán saca pecho ante el Gobierno central, que desde los años del procés mira con lupa los movimientos del independentismo en el ámbito internacional. Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Mariano Rajoy clausuró todas las «embajadas» catalanas.
Tras el levantamiento de la suspensión de la autonomía, la Generalitat reabrió paulatinamente sus delegaciones. Pero en un principio encontró la resistencia del entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, que recurrió algunas de las aperturas a la justicia con el argumento de que las oficinas catalanas se dedicaban a «denigrar a España» y a perjudicar sus intereses. La consolidación del pacto entre PSOE y ERC propició un clima de diálogo entre las dos administraciones.
