La rocambolesca trama de espionaje de Génova a Ayuso rompe todos los puentes en el PP
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Cargos cercanos a Pablo Casado encargaron espiar a un hermano de la presidenta madrileña por el presunto cobro de 280.000 euros en comisiones por un contrato de la Comunidad de Madrid. Feijoo pide explicaciones sobre «este tipo de cuestiones desagradables»
17 feb 2022 . Actualizado a las 21:34 h.La guerra interna en el PP ha terminado por desatar una crisis política sin precedentes en la España democrática que deja al primer partido de la oposición desacreditado y sin liderazgo en un momento crítico para el país, que se juega en los próximos años la posibilidad de superar el golpe económico provocado por la pandemia recuperando la productividad y el empleo, y que enfrenta además un desafío constitucional generado por el ascenso de fuerzas políticas a derecha e izquierda que cuestionan el modelo democrático surgido de la Transición.
La rocambolesca historia del presunto espionaje sobre el entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dirigido desde la cúpula nacional del PP con el objetivo de frenar sus aspiraciones al liderazgo de la formación, rompe todos los puentes en el partido y deja al líder popular, Pablo Casado, y a la presidenta madrileña en una situación insostenible. El PP está abocado a una catarsis que le permita retomar su papel como fuerza hegemónica del centroderecha español y garante del sistema constitucional.
Las informaciones difundidas hasta ahora sitúan en el centro de la operación contra Ayuso a Ángel Carromero, persona de la máxima confianza de Pablo Casado y peón del secretario general del partido, Teodoro García Egea. En la actualidad, Carromero, que conoce a Ayuso y a Casado desde los tiempos en los que los tres militaran en la Nuevas Generaciones del PP, es el director general de Coordinación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, portavoz nacional del partido, aliado de Casado en la guerra interna contra Ayuso y uno de los salpicados por el escándalo, dado que el intento de contratar a la agencia de detectives se habría realizado a través de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) del Ayuntamiento madrileño.
Las diferentes versiones del escándalo y los detalles del caso se están filtrando con cuentagotas a los diarios digitales y cadenas de televisión en función de las afinidades de las partes implicadas con cada medio.
Agencia de detectives
Según la versión difundida por el entorno de Díaz Ayuso, su equipo conoció ya el pasado mes de diciembre la información de que una agencia de detectives había recibido el encargo de rastrear a su entorno familiar para encontrar pruebas de un presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos públicos.
La información sobre esa campaña de desprestigio llegó a la presidenta madrileña a través del exministro del Gobierno de Mariano Rajoy Alberto Ruiz-Gallardón según informan algunos medios. Las mismas fuentes aseguran que la agencia de investigación privada Grupo Mira habría revelado el encargo recibido a Gallardón, y también su negativa a llevarlo a cabo. El también exministro de Justicia con Rajoy, Rafael Catalá, habría transmitido también el caso al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo que puso en guardia a la dirección nacional del PP al constatar que las maniobras contra Ayuso eran ya conocidas por la presidenta madrileña.
La tarea de espionaje debía centrarse en el hermano de la presidenta regional, Tomás Díaz Ayuso, accediendo a sus cuentas bancarias para obtener pruebas del cobro de comisiones y también sustrayendo documentos que le vincularan a la empresa Priviet Sportive, S.L., a la que en abril del 2020, en plena eclosión de la pandemia en España, la Comunidad de Madrid otorgó un contrato por valor de 1.512.500 euros mediante un «procedimiento sin publicidad» para dotar de «material de protección y mascarillas al Pabellón 10 de IFEMA».
El administrador de esta empresa es Daniel Alcázar Barranco, que reside en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), en el que tanto Isabel Díaz Ayuso como su hermano veranean desde hace muchos años. El equipo dirigido por García Egea, y coordinado a través de Carromero, llegó a solicitar presuntamente al Grupo Mira un presupuesto sobre las labores encargadas. Sin embargo, el alto precio de estas y las complicaciones para ejecutar el pago sin dejar rastro del origen hizo que la operación fuera finalmente desechada.
El papel de Carromero
Carromero fue un actor clave en la llegada de Casado a la dirección nacional del PP tras la renuncia de Mariano Rajoy y, junto a Teodoro García Egea, fue uno de los dirigentes más involucrados en la recogida de apoyos en favor del hoy presidente del partido, que acabó imponiéndose a Soraya Sáenz de Santamaría en la batalla por la sucesión.
El Partido Popular ha emitido este jueves un comunicado en el que niega la existencia de «una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid». La dirección nacional anuncia además que «tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades».
El Ayuntamiento de Madrid, que conocía desde hace tiempo la existencia de esa supuesta trama de espionaje, decidió a su vez abrir una investigación interna en la que se ha interrogado a varios funcionarios. Pero la conclusión oficial alcanzada es la de que no existió el encargo al Grupo Mira, con el que el Ayuntamiento se ha puesto en comunicación a través de Álvaro González, presidente de la Empresa Municipal de Vivienda.
Martínez-Almeida, que aclaró que comparecía como alcalde, y no como portavoz del PP, admitió que cuando conoció la información sobre el presunto espionaje no la trasladó a la dirección del partido por entender que era un asunto que afectaba al Ayuntamiento. Y, preguntado sobre si podía garantizar que Génova no encargó un espionaje a Ayuso, eludió un compromiso y se limitó a señalar que él defiende la actuación del consistorio que dirige.
Presunto cobro de 280.000 euros
Desde la dirección nacional del partido sostienen sin embargo, según ha publicado el diario Abc, que tienen constancia de que el hermano de Ayuso cobró una comisión de 280.000 euros por mediar en un contrato sanitario, aunque no disponen de las pruebas para llevar el asunto a la Fiscalía.
Génova habría contactado ya en el mes de octubre del 2021 con Ayuso para pedirle explicaciones sobre el cobro de comisiones por parte de su hermano, pero la presidenta madrileña negó los hechos e instó a la dirección nacional a hablar directamente con su familiar si sospechaban de alguna irregularidad. Fue entonces cuando Díaz Ayuso bloqueó en WhatsApp al secretario general del partido, Teodoro García Egea.
Ayuso ha asegurado hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid que «unos y otros» le están haciendo pagar con su familia por «tener 65 escaños»: «No he beneficiado a nadie», ha asegurado, subrayando que no hay «ninguna contratación irregular». «No he adjudicado absolutamente nada a nadie de mi entorno», zanjó Ayuso. La presidenta madrileña, reunida de urgencia con su equipo, comparecerá a lo largo de la mañana para hacer una declaración sin preguntas ante los medios.
El pasado 11 de noviembre, la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Carmen López ya extendió en un pleno las sospechas sobre el presunto cobro de comisiones del hermano de la presidenta madrileña. «Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar», afirmó en pleno debate. La presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo, la instó a retirar la «alusión directa» al familiar de Ayuso y, tras la negativa de la parlamentaria socialista a retirar sus palabras, la expulsó del pleno. Ante ello todos los grupos de la oposición, incluido Vox, abandonaron la Asamblea.
Feijoo pide explicaciones
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, afirmó que le cuesta creer algunas de las informaciones que se están difundiendo, aunque añadió que el asunto requiere una explicación «precisa». «La noticia tiene contenidos tan rocambolescos y sorprendentes que requieren una explicación», indicó. «Me parece absolutamente sorprendente que alguien contrate a un detective para dar una factura cuando las administraciones públicas tenemos que colgar las facturas en el portal de transparencia», explicó el presidente de la Xunta, que añadió que «este tipo de cuestiones son desagradables y requieren una explicación»,
El escándalo político que sacude al PP llega en un momento de máxima debilidad del partido, lastrado por los errores estratégicos cometidos por la dirección nacional, como el adelanto de las elecciones en Castilla y León, diseñado para reforzar a Casado interna y externamente, pero que se ha saldado con una victoria insuficiente para el PP, que ha pasado de gobernar cómodamente en coalición con Ciudadanos a quedar a merced de Vox, sin cuyo apoyo el partido tiene ahora imposible mantener el Gobierno de uno de los mayores feudos de votos de los populares, que gobiernan allí ininterrumpidamente desde hace 35 años.
Díaz Ayuso lleva meses pidiendo a la dirección nacional que adelante la celebración del congreso de Madrid para hacerse con la presidencia del partido, tal y como ocurre con el resto de barones populares, pero Génova se niega a ese adelanto con el argumento de que todos los congresos deben celebrarse de acuerdo al calendario establecido, que sitúa el de Madrid en el segundo semestre del 2022. Desde el inicio de este conflicto, el enfrentamiento entre Casado y Ayuso es constante, con el acoso electoral de Vox, que gana terreno a los populares en todos los territorios, excepto en Galicia y Madrid, como telón de fondo.
