El Tribunal de Justicia de Cataluña condena a los miembros de la Mesa que permitieron tramitar las leyes del «procés»
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Veinte meses de inhabilitación para los diputados de JxSí Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó y absolución para Mireia Boya, de la CUP
19 oct 2020 . Actualizado a las 19:50 h.El proceso secesionista catalán de octubre del 2017 continúa acumulando consecuencias penales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso este lunes a los antiguos miembros independentistas de la mesa del Parlamento catalán una pena de 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia. Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, diputados durante la pasada legislatura de Junts pel Sí (coalición que agrupó a la ex Convergència y a ERC) y miembros de la mesa bajo la presidencia de Carme Forcadell, han sido condenados como autores responsables de un delito de desobediencia en relación con el referendo ilegal del 1-O de 2017.
Corominas, Simó, Guinó y Barrufet se unen a la larga lista de damnificados judiciales por su implicación en lo que se denominó el procés catalán hacia la independencia. Su causa penal estuvo en un primer momento en manos del Supremo, junto a la de los líderes independentistas, quienes fueron condenados a penas de 9 a 13 años de cárcel por sedición.
Desoyeron al Constitucional
En este caso, los cuatro integrantes del equipo de Forcadell han sido condenados por desoír las órdenes que les hizo llegar el Tribunal Constitucional que les obligaba a impedir la tramitación de cualquier iniciativa que supusiera desplegar la hoja de ruta unilateral independentista. «Se negaron abiertamente durante dos años a dar el debido cumplimiento a diversas resoluciones dictadas por el Constitucional», afirma la sentencia, que aún no es firme. En concreto, se les acusaba de no haber impedido, entre otras, la tramitación de la ley del referendo y la de transitoriedad jurídica, que la Cámara catalana votó en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, así como la resolución de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. «La conducta inobediente de los acusados puede calificarse, sin discusión, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente», según el fallo judicial.
Absuelta Mireia Boya
En cambio, el TSJC ha absuelto a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, al «entenderse que no fue nominalmente advertida por el Tribunal Constitucional».
El TSJC ha impuesto también a los condenados una multa de 30.000 euros a cada uno.
Durante el juicio, los abogados de la defensa aseguraron que no tenían la voluntad de desobedecer al Constitucional y justificaron su actuación en que no podían convertir a la Mesa en un «órgano censor» del debate parlamentario, porque esto vulneraba los derechos de los diputados y la libertad de expresión. El TSJC rebate este argumento. «Las mesas de las Cámaras están facultadas para inadmitir a trámite las propuestas cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean palmarias y evidentes», recuerda el fallo. El TSJC recalca además, que «aunque pudiera parecer ocioso tener que decirlo, no es cierto que aquí se juzgue la ideología de los acusados».
Tercera macrocausa
El juicio contra los cuatro antiguos miembros de la mesa es la tercera gran causa juzgada ya en relación al 1-O. La primera fue el juicio en el Tribunal Supremo contra los doce líderes del procés, que se saldó con la condena a nueve de ellos a penas de nueve a trece años de prisión por sedición. Eran los miembros del Gobierno autonómico, la presidenta del Parlamento catalán y los líderes de la ANC y Òmnium. La segunda causa juzgó en la Audiencia Nacional al exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a toda la anterior cúpula de la Policía catalana. El caso está a la espera de sentencia. El próximo juicio será en noviembre contra los cinco miembros que integraron la llamada Sindicatura Electoral, una especie de Junta Electoral nombrada ad hoc para el referendo ilegal. Y está a la espera también el juicio que sentará en el banquillo a una treintena de altos cargos del Gobierno catalán y empresarios relacionados con la organización del 1-O.
-Quines los rechazan abogan por la amnistía al engarse a reconocer que cometieron un delito
Cuatro de los nueve presos desafío separatista aceptarían el indulto
El exconsejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, en prisión cumpliendo una condena de diez años y medio, se mostró este lunes dispuesto a aceptar un indulto como medida de gracia para salir de la cárcel.
El vicepresidente del Gobierno y el ministro de Justicia apuntaron semanas atrás que el Ejecutivo central trabaja en la tramitación de las peticiones de indulto realizadas por diferentes colectivos para beneficiar a los presos del procés. Y trabaja también en la modificación del Código Penal para reformar el delito de sedición, lo que tendría efectos retroactivos en los reos secesionistas. Pablo Iglesias insinuó incluso que los presos podrían estar en sus casas para Navidad.
En el seno del independentismo existe debate sobre la cuestión. Hasta hace bien poco, la reclamación de una ley de amnistía, que es la principal reivindicación de los soberanistas y que Jordi Cuixart pide llevar al Parlamento catalán, se consideraba incompatible con los indultos o la reforma legislativa. Esta tendencia está cambiando. Forn dijo este lunes que hay que atender cualquier medida que sirva para ayudarles a salir de prisión. Pero remarcó que a su entender la ley no establece que deba mostrar arrepentimiento. «Ninguno de nosotros renunciará a la independencia. No nos pueden pedir eso. No nos podemos arrepentir y no podemos renunciar. Ninguno lo hará», expresó en TV3.
Los que rechazan los indultos es porque se niegan a reconocer que cometieron un delito. Jordi Sànchez, días atrás, también se mostró dispuesto a aceptar el indulto. «Da confort personal», afirmó en El Periódico, pero a su juicio no es la solución para resolver el conflicto. Dolors Bassa y Carme Forcadell fueron las primeras que defendieron la opción del indulto y en esa posición estarían ya cuatro de los nueve secesionistas condenados a penas de nueve a trece años de prisión.
