La absolución en el caso Bankia le abre a Rato las puertas de la cárcel
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Podrá salir en régimen de semilibertad, con una pulsera de vigilancia
01 oct 2020 . Actualizado a las 20:48 h.Semana de buenas noticias para Rodrigo Rato. El martes, se libraba de los ocho años y medio de cárcel que pedía para él la Fiscalía Anticorrupción, acusándolo de falsedad documental y estafa en la salida a bolsa de Bankia. Cargos que fueron desestimados por la Audiencia Nacional, que lo absolvió junto a los otros 33 imputados. Una decisión que le ha abierto las puertas de la cárcel. Y es que ayer el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le concedía al exvicepresidente del Gobierno el tercer grado, lo que le permitirá salir de la cárcel en régimen de semilibertad, solo controlado por una pulsera de vigilancia.
Condenado a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black, el expresidente de Bankia ingresó en Soto del Real en octubre del 2018. En abril, cuando ya había cumplido una cuarta parte de su condena, la junta de tratamiento de la prisión propuso concederle el tercer grado, pero Instituciones Penitenciarias lo rechazó alegando que aún pendían sobre él dos procedimientos judiciales.
Absuelto del que le podía añadir más años a su condena, el magistrado José Luis Castro, tras analizar los informes del equipo técnico de la cárcel, accedió ayer a que cumpla el resto de su condena en un régimen de semilibertad. No solo avala el juez que se dan las circunstancias para progresar al tercer grado, sino que avanza que dada su avanzada edad (71 años) y sus enfermedades coronarias, el exbanquero (el único de los condenados por la causa de las tarjetas black que seguía en prisión) está en buena posición para obtener en breve espacio de tiempo la libertad condicional.
Daño reparado
En su auto, el juez detalla todos los argumentos que ha sopesado a la hora de permitir la salida de prisión. Entre ellos apunta a que Rato ha venido disfrutando de permisos de salida, sin que en ellos se produjese incidencia alguna, al tiempo que valora un bajo riesgo de reincidencia, dada su edad y sus perspectivas profesionales.
Además, destaca que el exvicepresidente ha asumido la responsabilidad pecuniaria derivada de su condena, abonando tanto la multa como la responsabilidad civil directa y subsidiaria. Un elemento clave cuando se trata de un delito económico en el que, apunta el juez, no basta solo con valorar el buen comportamiento del reo, sino que existe un «plus de exigencia» que pasa por reparar el daño causado, que entiende que se ha cubierto íntegramente.
Por último, Castro pone en valor que la asunción de responsabilidad haya ido más allá del terreno pecuniario, con un acto de contrición a las puertas de Soto del Real en el que pidió perdón «de forma voluntaria, pública y notoria antes de su ingreso en prisión».
Claro que no todo eran puntos a su favor. Había elementos que podían haber frenado la concesión del tercer grado. Uno de ellos, el altercado que tuvo a principios de año con otro preso, que lo provocó entregándole un calendario con fotos de la familia del exvicepresidente, y tras el cual fue sancionado. Pero ni ese hecho, ni la alarma social que podría causar su salida a la calle han bastado para impedirle disfrutar la semilibertad en la que quedará en los próximos días. Tampoco el «comportamiento manipulador» que se le atribuye, que el propio juez entiende que excede su valoración «o bien no afecta a su situación penitenciaria».
Con la balanza ya decantada, la absolución en el caso Bankia ha sido el elemento decisivo que «ha permitido aclarar su situación penitenciaria», reconoce el magistrado en su auto. En él rechaza la posibilidad de esperar a la resolución de la última causa pendiente, la relativa a su patrimonio personal, que lleva más de cinco años abierta, «sin que pueda convertirse en una losa».
El origen de su patrimonio, el último frente judicial abierto
A pesar de su absolución por la salida a bolsa de Bankia en el 2011, a Rodrigo Rato aún le queda abierto un frente judicial, el que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio. Esta macrocausa, bautizada como el caso Rato, se inició en abril del 2015 e investiga una presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido Rato a través de sus empresas.
La causa, que todavía sigue abierta en los juzgados de instrucción de Madrid, investiga un posible fraude al fisco por valor de 6,8 millones de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015. El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia en esta macrocausa (cuyas piezas, en su mayoría, son secretas) y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones «disparatadas» que hace la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación «prospectiva». En el informe de la UCO incorporado al sumario, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para «colocar» en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener «sustanciosos contratos de publicidad». Según el juez, dichos contratos se realizaron «por importes excesivos» y llegó a cifrar en casi 72 millones de euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas a favor de las sociedades controladas por Rato.
El exvicepresidente del Gobierno iba a ser juzgado por una primera pieza de esta macrocausa, pues se encontraba desde febrero del 2019 procesado por el presunto cobro de 835.000 euros de comisiones por contratar la publicidad de Bankia con las agencias Publicis y Zenit. La Fiscalía solicitaba por este presunto delito cuatro años de prisión.
Sin embargo, unos meses más tarde la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente un recurso del Ministerio Público y anuló este procesamiento, que también se dirigía contra otras 11 personas. Ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que acumulara todas las piezas que conforman el conocido caso Rato para convertirlo en un único proceso.
Hasta el momento no se han conocido nuevos pasos en esta causa que lleva ya más de cinco años investigándose. El pasado 1 de junio debía haber concluido la prórroga de 18 meses acordada por el instructor, un período que se ha visto ampliado por la pandemia.
