La Audiencia Nacional propone juzgar a la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

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Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola, en la Audiencia Nacional en febrero del 2016 para dar explicaciones sobre su fortuna en Andorra
Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola, en la Audiencia Nacional en febrero del 2016 para dar explicaciones sobre su fortuna en Andorra BENITO ORDOÑEZ

El magistrado José de la Mata les señala por acumular un patrimonio desmedido relacionado con percepciones económicas relacionadas con la corrupción

16 jul 2020 . Actualizado a las 21:35 h.

Punto y final a una compleja instrucción que ha durado casi seis años y que ha requerido la colaboración de multitud de países para seguir el rastro de la fortuna oculta del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, de su mujer y sus hijos. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al clan de los Pujol-Ferrusola acusándole de formar parte de una organización criminal. Una suerte de mafia familiar, que, «aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumuló un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

El auto de pase a procedimiento abreviado de este jueves pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso, que comenzó poco después de que el 25 de julio del 2014, Jordi Pujol Soley, acorralado ya por las informaciones que apuntaban a que escondía en Andorra una fortuna opaca al fisco, reconoció en un comunicado haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero» que, aseguró, provenía de la herencia de su padre Florenci, fallecido en 1980.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 considera que los hechos investigados serían constitutivos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Unos cargos que podrían acarrear varias decenas de años a cada uno de los procesados.

En la resolución, el juez procede contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, su mujer Marta Ferrusola Ladós y contra sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales.

No venía del abuelo

En su extenso auto de 509 páginas, el magistrado insiste en que la familia se enriqueció de forma ilícita a la sombra del poder del patriarca, hasta el punto, destaca el juez, que buena parte de las actividades corruptas coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña de Pujol entre 1980 y el 2003.

La procedencia de ese patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien, incide, no existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente del abuelo Florenci. «A lo largo de la investigación —señala De la Mata— no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular».

De la Mata recuerda que ni el patriarca ni ninguno de sus hijos ha sido capaz de explicar en sede judicial dónde se depositó en origen la herencia del abuelo, ni cómo fue administrado o donde fue invertido ese patrimonio para derivar en una fortuna tan ingente que el juez de la Audiencia Nacional reconoce no saber hasta dónde llega.

La investigación, explica el instructor, ha acreditado, no obstante, que el origen de los fondos está en los «pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales». A cambio de esas mordidas, obviamente, venían los favores desde la Generalitat. «Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán», se reseña en el auto.