Villarejo pide a Anticorrupción que apoye su libertad a cambio de no revelar más grabaciones

La Voz REDACCIÓN

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El Ministerio Público decartan de plano estas pretensiones, que ni siquiera ha sido objeto de estudio

20 dic 2018 . Actualizado a las 12:25 h.

El comisario jubilado y en prisión preventiva Jose Manuel Villarejo ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción a través de un portavoz que informe favorablemente su petición de libertad provisional a cambio de no difundir información comprometedora que atesora tras años grabando reuniones y conversaciones con todo tipo de personalidades del Estado. En el Ministerio Público descartan de plano estas pretensiones.

Según ha adelantado El Independiente y han confirmado a Europa Press en fuentes fiscales, el abogado Javier Iglesias, que representa a la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, se personó en la sede Fiscalía Anticorrupcion el pasado 18 de diciembre y mantuvo una reunión con los dos fiscales encargados de la causa para proponer esta suerte de acuerdo, en teoría, en representación del comisario.

Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017 sospechoso entre otros delitos, de liderar una organización criminal, blanquear capitales y acometer cohecho y extorsión valiéndose de su condición de policía en el marco del caso Tandem. Su mujer, así como varios de sus socios y clientes están siendo investigados pero solo él sigue en la cárcel.

Según las fuentes consultadas, el letrado habría propuesto a los fiscales que apuesten por la libertad condicional del comisario a cambio de no revelar material comprometedor como las grabaciones que han venido saliendo a la luz en los últimos meses de sus conversaciones con la ex amiga del Rey emérito Corinna Larssen, la ministra de Justicia Dolores Delgado, el exjuez Baltasar Garzón o la ex secretaria general del PP Maria Dolores de Cospedal.

En este caso, se trataría de material que podría afectar directamente a las instituciones del Estado y en particular, a la Corona y la judicatura, y que, si bien se le intervino numerosa documentación en diversos soportes, incluidos varios terabytes que aún están por desencriptar, el comisario podría tener a su alcance.

La Fiscalía ni se lo plantea

En Fiscalía Anticorrupción descartan que pueda llegarse a ningún tipo de acuerdo: La legislación no contempla beneficios en estos términos y además, su obligación es perseguir el delito, no favorecer su ocultación, de acuerdo a las fuentes consultadas. Inciden en lo inviable de la pretensión, que ni siquiera ha sido objeto de estudio.

El abogado Antonio José García Cabrera, que oficialmente representa a Villarejo, niega que se haya elevado propuesta alguna a los fiscales e incide, consultado por Europa Press, en que solo él y no Iglesias, puede hablar en nombre del comisario jubilado. No hay, insiste, ninguna propuesta de este tipo. Iglesias, por su parte, ha negado al Independiente haber negociado en estos términos, como sí confirman en Anticorrupción.

Se da la circunstancia de que Villarejo, que ha solicitado sin éxito en varias ocasiones salir en libertad, volvió a pedirlo el pasado 13 de diciembre y el día 18, cuando Anticorrupcion ya había recibido traslado del juez para pronunciarse al respecto, el escrito se difundió a los medios de comunicación. Ese fue el día en que tuvo lugar la reunión.

Es reseñable además, que el juez instructor del caso, Diego De Egea, abandona la Audiencia Nacional el 31 de diciembre por motivos personales y según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta será su última semana al frente del caso Tándem. De momento, Anticorrupción no ha remitido informe al juzgado, cosa previsible en los próximos días dado que las causas con reo tienen tramitación preferente.

Durante las últimas semanas fuentes jurídicas han venido avanzando que este juez estudiaba la posibilidad de liberar a Villarejo con medidas cautelares que garantizasen su localización. Precisamente, son estas las medidas que propuso en su última petición al juez el letrado García Cabrera, quien ha presentado además una denuncia en la Audiencia Nacional por los presuntos tratos degradantes que estaría sufriendo su cliente en la cárcel de Estremera, centro penitenciario que decidió hace unos días intervenirle las comunicaciones para evitar, entre otras cosas, ese tipo de filtraciones.