La Audiencia Nacional lleva a la excúpula de Caixanova al banquillo por cuarta vez
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Acusa a Gayoso y a tres exdirectivos por perder 43 millones en una operación en Cangas
01 nov 2018 . Actualizado a las 23:41 h.Suma y sigue. Una semana después de que el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional acordara la apertura de juicio contra Julio Fernández Gayoso y tres de sus exdirectivos en Caixanova por una fallida operación inmobiliaria en Rivas-Vaciamadrid, la cúpula de la extinta caja vuelve a encaminar sus pasos al banquillo. Este miércoles fue el juez José de la Mata, titular del número 5 del mismo órgano judicial, quien dictó un auto antesala del juicio, cerrando la investigación de la causa. Además, el mismo magistrado tiene abierto otro procedimiento, bautizado Promalar, contra los exdirectivos, lo que convierte a Caixanova en la entidad que más causas acumula en la Audiencia, por delante de Bankia.
Fernández Gayoso y sus directores generales Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada -que, junto con José Luis Pego, fueron condenados a dos años de cárcel por el caso de las jubilaciones millonarias y se convirtieron en los primeros banqueros en ir a prisión tras la crisis- se enfrentan nuevamente a un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social, así como a otro de apropiación indebida. En esta fase no hay petición de penas de prisión.
El juez se los atribuye en relación con una operación inmobiliaria presuntamente irregular en Cangas, que supuso un quebranto económico para la caja de 43 millones. Cabe recordar que por el mismo delito societario y un perjuicio similar para Caixanova, Gayoso, Gorriarán y Pego se enfrentan en el caso de Rivas-Vaciamadrid a una petición de cuatro años de cárcel. En esta nueva causa el juez ha acordado el sobreseimiento provisional para Pego y otros diez investigados.
Quien sí está acusado es Ángel López Corona, director general de Participadas de Caixanova en el 2005, año al que se remontan los hechos. Fue «el principal interlocutor y negociador» del pacto por el que se adquiere el terreno de Cangas, según el juez, que también propone juzgar al jefe de Empresas Participadas, Juan Manuel Gutiérrez Ois, y a Ubaldino Rodríguez Bello y su mujer, Natividad Blanco González Pereda, como administradores de la inmobiliaria Atlántico Construcciones y Promociones S. L.
La operación investigada es un proyecto inmobiliario entre dos socios, Atlántico Construcciones y Caixanova, que aportaría la financiación. A través de dos sociedades participadas al 50 % por ambos socios, se desarrollaría la promoción de una ambiciosa urbanización de carácter residencial, comercial y hotelero, además de la construcción y explotación de un puerto deportivo. Supondría una inversión máxima de 150 millones.
Sin construir tras 14 años
El juez, que en los casi 80 folios del auto insiste en que 14 años después el proyecto no se ha desarrollado, considera que la operación la diseñaron «específica y deliberadamente los investigados» para que todo el coste financiero fuera asumido por Caixanova, de modo que Atlántico Construcciones se limitaba a inyectar las cantidades que recibía de la entidad. Y para que «todo el riesgo (altísimo ante la situación urbanística de los terrenos, que imposibilitaba el desarrollo pretendido) y las consiguientes pérdidas, que superaron los 43 millones, corriera a cargo de Caixanova».
De la Mata subraya que los directivos consiguieron que los órganos de la entidad aprobaran la financiación «ocultando» la inexistencia de análisis del riesgo y sin darles información sobre los acuerdos sucesivos, «en particular en cuanto a la situación urbanística de los terrenos y a la viabilidad del proyecto». No se evaluó tampoco el precio razonable del suelo, y pagaron «una cantidad elevadísima y no justificada en absoluto», dice el juez, «para ocultar ahí las enormes plusvalías» del matrimonio Rodríguez Bello y González Pereda.