El decreto devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que los españoles, sin que tengan necesidad de justificar su residencia
06 sep 2018 . Actualizado a las 20:35 h.El Pleno del Congreso ha dado hoy luz verde al decreto de universalización de la sanidad, que devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que los españoles, al ligar la titularidad del derecho a la salud a la condición de ciudadanía y no de asegurado.
Los grupos parlamentarios, salvo el PP, que ha votado en contra, y Ciudadanos, que se ha abstenido a pesar de que su portavoz había anunciado que iba a votar a favor, han apoyado la convalidación del Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio.
Los grupos han apoyado prácticamente por unanimidad que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá incorporar sus aportaciones.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha defendido la urgencia que había para utilizar la fórmula del real decreto-ley, la misma que usó el anterior Gobierno del PP en su reforma sanitaria de 2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a los simpapeles y que ahora queda parcialmente derogada.
También existía urgencia, según Montón, para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales y armonizar y dar cohesión territorial al acceso a la sanidad, ya que las comunidades que no estaban de acuerdo con la exclusión de la reforma del PP adoptaron soluciones de manera desigual.
«Para el anterior gobierno era urgente recortar derechos; para el Gobierno actual, es urgente recuperarlos», ha afirmado.
La norma representa un «auténtico» cambio de modelo en la asistencia sanitaria en España, ha dicho Montón, que ha afirmado que la salud no entiende de fronteras, de carnés de identidad, de permisos de trabajo, ni de residencia.
La norma reconoce al Ministerio de Sanidad las competencias del reconocimiento a la asistencia sanitaria, en tanto que las comunidades autónomas serán las encargadas de tramitar las solicitudes y expedir las tarjetas sanitarias. Para ello, el Ministerio ya ha enviado a las autonomías una propuesta de instrucción para la ejecución de la norma, y éstas ya han planteado aportaciones como que la asistencia será gratuita en el periodo que hay entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria.
Para los extranjeros no residentes se han establecido criterios que eviten el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, de forma que no correrá a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado al pago (seguro) o se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.
A este respecto, la ministra ha precisado que se incluye la posibilidad de que la declaración de que no existen terceros obligados al pago sea responsable en lugar de jurada. La norma beneficia también a los pensionistas españoles que viven fuera de España y a los trabajadores transfronterizos.
La diputada del PP María Teresa Angulo Romero ha considerado que el decreto «vende humo de manera irresponsable», ya que «está abriendo las puertas de par en par al turismo sanitario», por lo que ha vaticinado que «va a generar problemas donde ya no hay».
Por el grupo socialista, Jesús María Fernández ha justificado el apoyo al decreto por razones de justicia y de dignidad, de salud pública y de coherencia política. Por Unidos Podemos, la diputada Amparo Botejara ha pedido que se garantice la asistencia sanitaria por igual «sin ninguna traba burocrática» y que no se boicotee su aplicación en las comunidades autónomas. El diputado de Ciudadanos Francisco Igea ha rechazado la situación de urgencia que requiere un real decreto-ley y, aunque se ha mostrado «completamente» de acuerdo en volver a la asistencia universal, ha considerado que «no es suficiente lo que trae aquí; no va a solucionar el acceso en igualdad porque no hay financiación».
La organización Médicos del Mundo, una de las que más ha luchado contra la exclusión sanitaria, ha calificado de «una buena noticia» la convalidación del decreto, aunque ha considerado que «no es perfecto». Esta organización estima en 4.755 las personas que han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud desde 2012, para las cuales «el sufrimiento ha sido enorme».