El Gobierno desafía a la oposición e intenta endurecer la prisión permanente
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Añade supuestos, que afectarían a casos como el de Diana Quer o Marta del Castillo
20 mar 2018 . Actualizado a las 12:07 h.El Gobierno dio ayer el primer paso en su objetivo de retomar la iniciativa política y consumó su contraofensiva al proyecto de ley impulsado por el PNV que se tramita en el Congreso con apoyo de los partidos de izquierda y la abstención de Ciudadanos para derogar la prisión permanente revisable. El Ejecutivo no solo no se plantea eliminarla del Código Penal, sino que pretende ampliar el catálogo de delitos a los que se puede aplicar. El Consejo de Ministros anunció ayer la aprobación de un anteproyecto de ley que añade a esa lista cinco nuevos tipos penales por los que se podría imponer esa condena.
De ser aprobado en el Congreso, para lo que el Gobierno no tiene mayoría y necesitaría el apoyo de la oposición, dado que no le bastaría siquiera el apoyo de Ciudadanos, la prisión permanente podría dictarse a los casos de secuestro en los que se produzca la muerte de un rehén; a los violadores reincidentes o a aquellos que actúen contra un menor tras privarle de libertad o someterlo a tortura; a los asesinos que no revelen tras ser detenidos el paradero del cuerpo de la víctima; a quienes empleen elementos radiactivos o material nuclear para provocar muertos, así como a quienes provoquen deliberadamente incendios siendo conscientes de que pueden causar muertos y a los que atenten contra infraestructuras críticas como vías de tren o aeropuertos.
Los nuevos tipos introducidos por el Gobierno serían de aplicación en el futuro, de aprobarse definitivamente, a casos similares al del secuestro y asesinato de Diana Quer o el de Marta del Castillo, cuyo cadáver sigue sin aparecer. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó que el Gobierno ha decidido dejar fuera de la prisión permanente revisable los casos de rebelión o sedición, a pesar de que otros países de nuestro entorno sí los incluyen. Según explicó, el Ejecutivo ha preferido no plantear «una polémica adicional» y limitarse a los casos que crean alarma social. «Es razonable que en nuestro Código Penal, para los delitos más graves y execrables exista una pena como la de la prisión permanente revisable», señaló Catalá, que presentó como principal aval para el mantenimiento de la prisión permanente «el apoyo de los españoles». Señaló que en todas las encuestas «en torno al 80 % la apoyan con independencia de su ideología. Según explicó, el Gobierno muestra así «cercanía con los ciudadanos y en especial con los más débiles». Pese a ello, negó que la medida se tome «en caliente». «No es una decisión electoral porque no hay elecciones a la vista. Son otros los que han traído al Parlamento ese debate, queriendo derogar la prisión permanente», señaló.
Incidió en que se trata de un tipo de pena «revisable» y por tanto no tiene nada que ver con cadenas perpetuas u otras denominaciones que pretenden desacreditarla». Y, frente a las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de «utilizar a los muertos para hacer política», insistió en que la prisión permanente revisable existe «en todos los países de la Unión Europea con la excepción de Croacia y Portugal» y se aplica «de una manera mucho más intensa tanto en el número de delitos que tienen esta pena» como en los plazos de revisión «equiparables a los que nuestro derecho ha establecido».
supuestos vigentes
Que la víctima sea menor de 16 años o vulnerable. Asesinato tras agresión sexual. Asesinato múltiple. Asesino miembro de grupo terrorista o banda criminal. Crimen contra el rey o príncipe heredero. Contra jefes de Estado. Genocidio o crimen de lesa humanidad.
las nuevas propuestas
1. Asesinato con obstrucción a la recuperación del cadáver.
2. Asesinato tras un secuestro.
3. Violaciones en serie.
4. Violación a un menor tras raptarlo y/o torturarlo.
5. Muertes en incendios, estragos o liberación de elementos radiactivos.
El PSOE lo ve «inaceptable» y acusa al Gobierno de hacer política con causas trágicas
El PSOE insistió ayer en sus críticas a la prisión permanente revisable. La secretaria de Igualdad de los socialistas, Carmen Calvo, consideró «inaceptable» el uso político de esta cuestión que, a su juicio, hace el Gobierno e incidió en que «así ni se mejora ni se resuelve ni se ataja» un caso como el de Diana Quer. «No hacemos política aprovechándonos de circunstancias desgraciadas y menos en un asunto como es la revisión del Código Penal. Eso lo están haciendo otros. Y no lo hacemos por un motivo espurio, sino porque tenemos una de las legislaciones penales más rígidas y duras en la respuesta de toda Europa», señaló. Calvo afirmó que la Constitución «prohíbe una cadena perpetua de facto» porque «el sentido de las penas es la reinserción y no la venganza». «Si lo único que tiene que hacer el presidente Mariano Rajoy en las circunstancias que atraviesa este país es reformar el Código Penal para endurecerlo al hilo de circunstancias que son trágicas, no es que el Gobierno está paralizado y sin respuestas, es que la única que da es una reforma para endurecer las penas», concluyó.
PP: «Tenemos que ser duros»
Por el contrario, el portavoz adjunto del Grupo Popular Carlos Rojas aseguró que la ampliación de la prisión permanente revisable supone «un paso firme en apoyo al derecho social a la seguridad de todos los españoles» y también «en respaldo de las víctimas y sus familiares que desgraciadamente han sufrido los crímenes más execrables y han perdido a sus seres más queridos». A su juicio, el Gobierno «actúa con la dureza que reclama la sociedad ante este tipo de delitos tan graves». «Tenemos que ser duros contra los que realicen daños irreparables, porque el sufrimiento de las víctimas ante tales daños sí que es permanente», señaló Rojas, que pidió al PNV, PSOE y Podemos que «abandonen su idea de derogarla», y a Ciudadanos, que «deje de dar tumbos en su posición y se decida a apoyar la prisión permanente revisable sin fisuras porque es un derecho social».
Desde el ámbito judicial, el ex magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín la consideró una decisión de «oportunismo político» y acusó al Gobierno de «legislar en caliente». A su juicio, la medida es «inútil» y, en ciertos casos, «pintoresca», en referencia a los asesinatos consecuencia de ataques nucleares o elementos radiactivos.