Protestan así por la decisión del juez de admitir un informe de detectives sobre la conducta de la víctima tras la supuesta violación grupal en los sanfermines. Uno de los abogados de los acusados denuncia el «juicio paralelo» en las redes sociales
16 nov 2017 . Actualizado a las 16:55 h.Pocos juicios han levantado tanto indignación social en las redes, entre organizaciones feministas y entre abogados de temas de género como el se juzga estos días en Pamplona. ¿La razón? El peligro de que el proceso ponga el foco en la víctima y no en los cinco acusados de «La Manada» -que en la primera sesión se declararon inocentes-, sobre los que pesa una imputación por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y un tercero por robo con intimidación, todos ellos cometidos durante los sanfermines del 2016, por los que la Fiscalía pide 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno.
La rabia explotó hace dos días, durante una de las jornadas claves de la vista -el martes fue cuando declaró la víctima madrileña de la supuesta violación grupal- cuando el tribunal admitió un informe de detectives privados, contratados por la defensa de uno de los acusados sobre la conducta de la joven en fechas posteriores a los sanfermines. En concreto, varios medios ya avanzan que el seguimiento a la madrileña se centró en un fin de semana que pasó dos meses más tarde de los hechos, en septiembre, junto a familiares y amigos, y en distintas interacciones en las redes.
Ese documento ya formaba parte de la documentación del caso, pero esta semana se añadió otro archivo sobre una publicación realizada por la joven también en una red social y que, según se avanza, tenía un contenido festivo. Con ello, la defensa de uno de los acusados de «La Manada» (este es el nombre del grupo de WhatsApp que compartían con otros amigos y donde se vanagloriaban de sus correrías sexuales) busca proyectar la idea de una joven no presenta ningún trauma.
Algunos expertos en derecho ya se han posicionado a favor de esta estrategia judicial, al, supuestamente, evitar así un recurso del abogado defensor.
Sin embargo, muchos usuarios, indignados, ven en la decisión del tribunal una vulneración de los derechos de la víctima. Además, también ponen el foco en la supuesta, según ellos, hipocresía que conlleva el hecho de admitir ese informe sobre la vida posterior de la joven y, en cambio, no tomar en consideración todo el material que los acusados tenían antes de los hechos en sus móviles, en los que quedaba claro cómo iba a ser su expedición a tierras navarras.
Uno deslizó en el grupo de WhatsApp de «La Manada» la posibilidad de llevar burundanga (una sustancia tóxica que anula la voluntad de la gente y que se ha empleado en algunas agresiones sexuales). A lo que respondió de inmediato Antonio Manuel G. (miembro de la Guardia Civil): «Yo llevo la pistola. No quiero mamoneos. Cuando estemos borrachos, se saca la pistola».
Otro de los mensajes que en su día sacó a la luz el portal Noticias de Navarra fue este: «Tengo reinoles (otro medicamento) tiraditas de precio. Para las violaciones».
Contrataque en las redes
La rabia social ha dado paso a una justicia alternativa, la de los usuarios que buscan hacer frente a la estrategia de la defensa de presentar a los acusados como víctimas y la de intentar que se respete su intimidad. El juicio se desarrolla íntegramente a puerta cerrada para proteger «el derecho fundamental a la intimidad» de la denunciante, así como para salvaguardar a ella y a los cinco acusados de una «indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual» que pertenecen a la esfera personal, según decretó la Audiencia de Navarra. De hecho, ni familiares de los acusados, ni de la denunciante, ni el público en general, ni los medios de comunicación (hay una treintena acreditados) pueden acceder a la sala de vistas.
Sin embargo, las redes sí que han querido poner rostro y nombre a «La Manada» y en los últimos días se está difundido -y ya se ha viralizado- una imagen de los cinco acusados con este texto: «El juez admite como prueba un informe de un detective privado que se le puso a la víctima por parte de uno de los acusados para que vigilara su vida posterior a los hechos denunciados. Mientras tanto, 'La manada' exige respeto a su intimidad y que no se difundan sus nombres y caras en las redes sociales. Sería una pena que se viralizase esta imagen, ¿verdad?».
Uno de los abogados de los acusados denuncia el «juicio paralelo» en las redes sociales
Agustín Martínez Becerra, el abogado de tres de los cinco acusados, entre los que no están el militar ni el guardia civil, ha denunciado hoy que la «presión de las redes sociales está haciendo un increíble juicio paralelo». Martínez Becerra ha aseverado que esa «presión» de las redes sociales provocó que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Navarra publicara un comunicado para «aclarar» la admisión como prueba documental de un informe sobre publicaciones de la denunciante en redes sociales elaborado por detectives privados.
Becerra achaca la publicación de la nota aclaratoria emitida por el ente judicial «a la sensación» de la posible «presión» en la que se puede ver imbuido el tribunal o la Audiencia, que le lleva a «tener que justificar una actuación judicial». «Sinceramente, es tanta la presión que entendemos la presión del tribunal», ha sostenido para precisar que la emisión de esa nota «no es una práctica habitual» en el desarrollo de los juicios.
Preguntado sobre qué puede aportar la inclusión del informe sobre publicaciones de la joven en redes sociales, Becerra ha precisado que se trata de «una prueba que ha sido admitida y, por lo tanto, es válida». «Y estará después sometida a la valoración de la sala», ha recalcado para criticar que tiene que «leer como si hubiéramos hecho una tropelía jurídica».
Por ello, ha incidido en que «estamos haciendo la defensa de los derechos de unas personas que están en un procedimiento utilizando todos los medios de prueba legales». El abogado ha pedido «ceñirse a los hechos» y ha explicado que se está tratando de «no aportar más leña al fuego» en el sentido de «trasladar información del procedimiento».
Sin embargo, ha dicho, «resulta que desde las acusaciones, en algún caso, se está vertiendo información que no responde a la realidad de lo que está ocurriendo en la sala». «Lo único que pretendemos es intentar que la presión mediática, entiendo que no puede desaparecer, pero que se controle», ha recalcado.
En ese sentido, ha subrayado que el presente juicio es «exclusivamente» sobre los hechos que ocurrieron en la madrugada del 7 de julio de las fiestas de San Fermín del 2016. «Aquí no se está juzgando el machismo, ni el heteropatriarcado, ni absolutamente nada de eso», ha incidido para pedir que la «presión social deje trabajar al tribunal».
La explicación del tribunal navarro
El abogado de tres de los acusados se refería a la información que trascendió anoche y que partió de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que juzga la presunta violación. El tribunal aclara que aceptó unir a la causa un informe hecho por detectives de la defensa sobre publicaciones de la denunciante en redes sociales pero no en lo referente a su vida privada.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra informan que la puntualización del tribunal responde a la polémica generada. También aclaran cómo se produjo todo. Una de las defensas de los acusados presentó en la fase final de instrucción un informe elaborado por unos detectives privados sobre la denunciante, «un informe que posteriormente el mismo abogado retiró de la causa y solicitó que se tuviera por no presentado».
En la fase preparatoria del juicio, y en el momento en el que se debía presentar el escrito de la defensa, el abogado del inculpado A.J.C.E. «aportó como prueba documental un informe realizado por detectives privados sobre las publicaciones de la denunciante en las redes sociales». «Esta prueba documental - según el tribunal- fue aceptada en su día por el tribunal sentenciador, la Sala Segunda de la Audiencia Nacional».
«Este lunes -agrega el tribunal-, en el transcurso de las cuestiones previas (a la vista oral), otro abogado defensor solicitó agregar a dicho informe, como prueba documental más, una fotografía reciente publicada por la denunciante en una de sus cuentas de las redes sociales, una petición que fue estimada por el tribunal».
Convocadas protestas de colectivos femenistas
En las últimas horas, además, feministas madrileñas han convocado una protesta para el próximo viernes en Madrid para denunciar lo que consideran «abusos judiciales» en este juicio. Bajo el lema «'La manada' somos nosotras», un cartel anuncia una concentración frente a la sede del Ministerio de Justicia.
Las convocantes censuran con esta protesta que el juez encargado del caso haya aceptado incorporar a la causa un informe realizado por detectives privados y encargado por las defensas sobre la vida de la víctima. En un mensaje difundido a través de redes sociales bajo la etiqueta Justicia Patriarcal, las convocantes muestran su «rabia e indignación» por la admisión de esta prueba y acusan a la Justicia de ser «cómplice de los agresores» que, añaden, «saldrán impunes una vez más».
«No lo podemos permitir», «Ninguna agresión sin respuesta», añade el mensaje para difundir esta convocatoria en redes.
Antes de que arrancase el mediático juicio en Pamplona, los colectivos feministas Andrea y Lunes Lilas también quisieron mostrar su «más sincero apoyo a la víctima superviviente», de la que destacaron su «valentía» por denunciar los hechos y reclamaron un juicio «limpio y justo» por estos hechos.
En representación de estos colectivos, Tere Sáez consideró que «el amparo y la protección de la víctima se vio alterado por parte de los organismos judiciales al negársele la posibilidad de declarar desde Madrid».
Del mismo modo, reclamaron que «en el proceso judicial participen profesionales con formación de género y que la víctima sea atendida por los órganos competentes y no se siente sola».
Duro alegato sobre los límites en las redes sociales
En las últimas horas también ha sido muy compartida y celebrada una dura cadena de mensajes con la que Antonio Pampliega, uno de los tres periodistas que estuvieron diez meses secuestrados por Al Qaida en Siria, ha querido alertar en Twitter sobre los peligros de hablar y cuestionar cualquier asunto y con los que, sobre todo, ha querido denunciar el acoso social al que se está sometiendo a la joven víctima. Pampliega llama a empatizar, a ponerse en los pies de la víctima y pensar lo que puede sentir al leer comentarios que ponen en entredicho lo que ha vivido.
El periodista también ha compartido con sus seguidores que él mismo sufrió acoso en las redes sociales al regresar de su cautiverio. Muchos criticaban que «siguiera con su vida» y que recuperara la sonrisa.
La joven asegura que no se resistió a sus violadores en sanfermines porque entró «en shock»
Durante la segunda sesión del juicio celebrado en el Palacio de Justicia de Pamplona declaró durante algo más de tres horas la víctima de la supuesta violación grupal. La joven, que ahora tiene 20 años, declaró que los acusados no emplearon la violencia, aunque sí aclaró que de forma «muy sorpresiva» la agarraron entre los cinco y la introdujeron en el interior de un portal, tal y como avanzó el diario El Correo.
La víctima sostuvo que le taparon la boca, momento en el que ella entró «en un estado de shock» que le llevó a «someterse» a los presuntos agresores. La víctima añadió que su actitud fue pasiva en todo momento, «deseando que terminara cuanto antes». Cuestionada por si en algún momento les pidió que pararan, lo negó, aunque sí puntualizó que su actitud no fue de consentimiento, sino que fue «sometida» a hacerlo.
Conveniencia o no de emitir los vídeos grabados por los acusados
Durante la segunda jornada del mediático juicio, en el que declaró la víctima de la supuesta violación grupal en los sanfermines, otro momento de incertidumbre se produjo mientras el tribunal deliberaba sobre la conveniencia o no de emitir durante el interrogatorio de la joven los vídeos grabados por los acusados aquella noche, Uuna medida que contó con la oposición del fiscal, pero que fue aceptada por el tribunal. Aún así, finalmente, ninguna de las partes consideró necesario mostrar estas grabaciones durante el testimonio de la denunciante.
Lo que supuestamente pasó aquella noche
Según se desprende de las distintas declaraciones, la víctima y los cinco acusados se encontraron en la céntrica plaza del Castillo la noche del 6 al 7 de julio del 2016. Ella entabló conversación con uno de los acusados (El Prenda). En un momento dado, la víctima dijo que se iba al coche con el que había viajado a Pamplona y donde un amigo se encontraba durmiendo. Los cinco encausados se ofrecieron a acompañarla. Ella caminaba junto al joven con el que más había contactado mientras que los otros cuatro iban por delante. Según los autos judiciales, los cuatro primeros llegaron a entrar en dos hoteles de las cercanías en busca de habitación, pero en ninguno de los establecimientos tenían habitaciones libres.
A la altura del número 5 de la calle Paulino Caballero, los jóvenes observaron que una vecina entraba en el portal por lo que aprovecharon para sujetar la puerta y empujaron a la joven al interior. Allí, según el escrito de la acusación, los imputados taparon a la joven la boca, la rodearon, le bajaron su ropa interior y le obligaron a realizar felaciones a los cinco, y la penetraron, uno de ellos anal y vaginalmente, sin usar ninguno preservativo. Incluso uno de ellos grabó la escena con su teléfono móvil y, posteriormente, compartió dichas imágenes con otros amigos. Cuando «se dieron por satisfechos» y antes de abandonar el lugar, según el escrito, arrojaron a la joven al suelo, presuntamente le quitaron el teléfono móvil -con lo que se aseguraban de que «no pudiera solicitar auxilio», según el escrito de la acusación- y la dejaron tirada en el portal. Según la descripción que dio la joven, los cinco acusados fueron identificados en las imágenes de seguridad del encierro y nada más terminar la popular carrera fueron detenidos por la Policía Foral.
Está previsto que el juicio se prologue hasta el día 24. En las diez sesiones que durará, los tres miembros de la sala tendrán que dilucidar si la joven víctima fue forzada sexualmente, como sostiene ella, o fueron prácticas consentidas, como afirma la defensa de los cinco acusados.
