El disparate jurídico de la ley de ruptura

La ley de transitoriedad jurídica o ley de ruptura que preparan los partidos soberanistas catalanes anuncia en su articulado que entrará en vigor con o sin referendo y que funcionará como «norma suprema del ordenamiento jurídico catalán» durante la provisionalidad de la «república parlamentaria catalana». Así reza el borrador secreto de esta ley que este lunes dio a conocer el diario El País, donde figura también la pregunta del referendo: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?».

Ante las críticas surgidas de muy diversas fuentes sobre el disparate jurídico que supone esperar traspasos automáticos del marco legal, de los bienes públicos y de los funcionarios, y ante la condena del modo antidemocrático y secreto en que se ha elaborado el texto, fuentes del soberanismo ya han indicado que el texto filtrado es de hace unos meses, y que en el que ahora se maneja hay preceptos distintos.

Legalidad

Transición instantánea. El borrador prevé funcionar como constitución provisional en tanto se elabora el texto marco de la «república parlamentaria catalana». En una trasposición instantánea de difícil encaje jurídico, la legalidad la integrarán las leyes españolas, en tanto «se interpreten y apliquen de acuerdo con esta ley y el resto de normas catalanas dictadas con posterioridad».

Proclamación

Por la vía exprés. Al contrario que otros referendos acordados, el catalán no prevé un mínimo de participación ni una mayoría cualificada de voto favorable para legitimar su resultado. La proclamación de independencia se hará con o sin referendo. En este caso, el mismo día en el que el Parlamento catalán tenga constancia de que se ha anulado la consulta. La Cámara ya ha aprobado una reforma exprés de su reglamento para que la declaración se haga en 24 horas y en lectura única.

Nacionalidad e Idioma

Única lengua propia. Serán ciudadanos catalanes todos los empadronados allí desde un año antes de la entrada en vigor de la ley y los nacidos en Cataluña que lo soliciten. El catalán será la única lengua propia de Cataluña, pero se garantiza que el castellano mantenga «los usos vigentes». Los funcionarios estatales que ingresen en la Administración de la Generalitat tendrían que aprender catalán.

Europa

Oídos sordos. El borrador de ley de ruptura presupone la permanencia automática de Cataluña en la Unión Europea, a pesar de las advertencias en sentido contrario de las instituciones comunitarias.

Justicia

Independencia anulada. La ley es especialmente minuciosa en la regulación de la Justicia, con un espíritu que contradice el principio democrático de división de poderes. El presidente de la Generalitat elegirá al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, convertido en tribunal supremo. Las propuestas para esos cargos las hará una comisión con mayoría de designación política. Con estos jueces y fiscales, el proyecto quiere que los juzgados catalanes asuman todos los casos que les afecten pendientes en el Constitucional o en la Audiencia Nacional.

Inmunidad

Amnistía de los secesionistas. El borrador indica que los juzgados del Estado catalán sobreseerán o anularán «los procesos penales por conductas que buscaran un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña», lo que garantiza la impunidad de Artur Mas y de otros dirigentes del soberanismo. 

Función pública

Continuidad con reparos. La Administración catalana prevé traspasarse automáticamente todos los funcionarios y empleados públicos que trabajan hoy en la comunidad autónoma. Pero los que tengan consideración de autoridad pública, como jueces o policías, deberán tener nacionalidad catalana. Los sindicatos ya han advertido del problema que se presenta a los empleados públicos: deberán desobedecer el ordenamiento jurídico español o el catalán.

Bienes del Estado

Herencia automática. La Cataluña independiente, dice el proyecto, asumirá la titularidad de todos los bienes del Estado en su territorio. La Generalitat se subrogaría todos los contratos de obras y servicios que afectan a Cataluña. Pero, eso sí, el Estado deberá negociar con la Generalitat la dotación «de los medios financieros destinados a la ejecución de los contratos».

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