El Gobierno frena la supresión de los aforamientos que pactó con Ciudadanos
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Nuevo revés para el partido de Rivera, al que el PP margina en las negociaciones
22 dic 2016 . Actualizado a las 07:49 h.Fue una de la condiciones sine qua non que puso Ciudadanos a Mariano Rajoy para sí a su investidura. La eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos figura entre las 150 medidas que pactaron el partido naranja y el PP. Pero el Gobierno dejó claro ayer que su cumplimiento va para muy largo. Esto supone un nuevo revés para Ciudadanos, ya que se trata de una de sus propuestas estrella, que se une al papel secundario al que el PP le ha relegado en las negociaciones para llegar a acuerdos importantes, que ha convertido en su socio preferente al PSOE, con el que ha cerrado pactos bilaterales sobre la subida del salario mínimo, el techo de gasto o, ayer mismo, la pobreza energética, sin informar a su socio.
Reforma constitucional exprés
Soraya Sáenz de Santamaría desgranó en la sesión de control del Congreso los obstáculos que existen para cumplir el compromiso adquirido en el plazo que pide Ciudadanos. Lo hacía en respuesta a la pregunta planteada por Rivera, que reclama una reforma exprés de la Constitución -en sus artículos 71 y 102- en el primer trimestre del año que viene para eliminar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno.
La vicepresidenta no se negó a abordar esa reforma necesaria para suprimir los aforamientos políticos, pero señaló que debe hacerse en un proceso paralelo en las comunidades autónomas y se tendría que delimitar a qué delitos afectaría. Señaló que con la reforma constitucional que pretende Ciudadanos solo se suprimirían 650 de los 2.000 aforamientos de cargos públicos y electos (diputados, senadores y miembros del Gobierno central), ya que hay otros que están contemplados en los Estatutos de las comunidades autónomas y en otras leyes relativas a distintas instituciones públicas. También apuntó que, además, hay otros 15.000 aforados entre jueces y fiscales y 263.000 parciales que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, aseguró que habrá que «analizar y acompasar» la reforma constitucional con la modificación de «19 Estatutos de autonomía, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Defensor del Pueblo y otras leyes reguladoras de otras instituciones que aforan a presidentes y miembros del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial».
Qué delitos
La vicepresidenta también planteó la necesidad de que los partidos se pongan de acuerdo sobre si se van a eliminar los aforamientos «para todos los delitos o solo para los no relacionados con la vida pública», y en este último caso qué se entiende por tales.
Rivera consideró que la supresión de los aforamientos políticos es fundamental para empezar a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, al impedir que los políticos se puedan «atornillar al escaño para ir a un tribunal especial», lo que calificó de «privilegio». Para el líder de Ciudadanos la reforma exprés de la Constitución se puede hacer en un plazo máximo de tres meses y puso como ejemplo la que pactaron José Luis Rodríguez Zapatero y Rajoy en el 2011 para cambiar el artículo 135.
La actitud del Gobierno en este y otros asuntos está provocando un gran malestar en el partido naranja, que esperaba ser decisivo en esta legislatura.
Los partidos acuerdan que la comisión contra la corrupción investigue cómo se financian
Ya hay calendario y agenda para la comisión estrella del Congreso en esta legislatura. La comisión anticorrupción acordó ayer por unanimidad comenzar en febrero sus trabajos con un primer punto: el control de la financiación de partidos y las reformas legales para evitar el allegamiento de fondos irregulares a las formaciones políticas. Los trabajos del órgano que preside el diputado de Ciudadanos Toni Cantó continuarán en primavera con medidas para la supervisión de los órganos de la administración. Los parlamentarios esperan terminar la actual sesión antes de verano con una batería de proposiciones para mejorar la protección de los denunciantes de los casos de corrupción.
Los parlamentarios, a pesar de las reticencias iniciales del PP, acordaron trabajar en subcomisiones a puerta cerrada, para luego elevarlas a Pleno, tras ser aprobadas previamente en comisión, ya de forma pública. También a puerta abierta se oirá a los expertos y comparecientes que pasen por este órgano legislativo de nueva creación. Los populares, a pesar de avalar el acuerdo, insistieron en que el trabajo en subcomisión resta transparencia. «La comisión estrella de esta legislatura puede acabar siendo la comisión estrellada», avisó la portavoz del PP, Beatriz Escudero. La popular criticó el «rodillo de votos» del resto de los grupos que impusieron la creación de una subcomisión que iniciará sus trabajos «sin luz ni taquígrafos» y además, «rozando la legalidad» del Reglamento del Congreso.