El Supremo eleva a 14 años la pena para Raquel Gago por el asesinato de Isabel Carrasco
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El incremento responde al delito de tenencia ilícita de armas por haberse hecho cargo del revólver con el que se cometió el crimen. La cómplice perderá, además, su condición de policía local
15 dic 2016 . Actualizado a las 16:06 h.La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado la petición del fiscal y ha incrementado en dos años -hasta los 14 en total-, la pena impuesta a la policía municipal de León Raquel Gago por el asesinato en mayo del 2014 de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco. Confirma, además, las condenas a 22 y 20 años de cárcel impuestas a Montserrat Ascensión González y a su hija Montserrat Triana Martínez por el crimen, rechazado los recursos presentados por las defensas. No ha contemplado la posible eximente parcial de trastorno paranoide para Montserrat y ha establecido que el relato de los hechos probados, que apunta a la plena participación de Triana en los hechos, está bien fundamentado.
El incremento en la pena de Gago responde al delito de tenencia ilícita de armas y se suma a la condena de 12 años de cárcel que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) como cómplice del asesinato. El Supremo entiende que la policía municipal es responsable de tenencia por haberse hecho cargo del revólver con el que se cometió el crimen. La cómplice del asesinato estuvo más de una hora esperando a que le entregaran el revólver utilizado y luego lo tuvo más de 30 horas en su poder hasta que lo entregó a la Justicia. «Ella aceptó hacerse cargo de este arma, un revólver sin licencia, con los números borrados», apuntó el fiscal.
Actualmente Gago se encuentra en libertad provisional. La comunicación del fallo del Supremo pone en manos de la citada Audiencia Provincial la decisión de ordenar su ingreso en prisión.
Perderá su condición de policía local
Una vez hecha pública la decisión del Supremo, Raquel Gago perderá además su empleo como agente de la Policía Local de León, por el que a día de hoy recibe un sueldo de casi mil euros al mes, correspondiente a su salario sin los complementos. El 15 de mayo del 2014, el Ayuntamiento le abrió un expediente disciplinario y la suspendió durante dos meses de empleo y sueldo. Desde su puesta en libertad provisional, tras su inicial detención, ha mantenido un expediente de suspensión de funciones vigente hasta el fin del procedimiento judicial, que concluye ahora con el pronunciamiento del tribunal y conllevará su expulsión del cuerpo.