El guiño de Montoro a Ciudadanos no obligará a los amnistiados a pagar más
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Hacienda les recordará por carta que las investigaciones no prescriben
22 nov 2016 . Actualizado a las 07:23 h.El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que la Agencia Tributaria se dirigirá por carta en los próximos días a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012 para informarles de que la técnicamente denominada declaración tributaria especial (DTE) no prescribe el próximo 30 de noviembre, por lo que podrán seguir siendo objeto de comprobación a partir de esa fecha.
Se trata de un guiño del Gobierno hacia Ciudadanos, partido que facilitó la investidura de Rajoy y que podría ser clave para la aprobación de los Presupuestos. La formación de Albert Rivera había advertido en los últimos meses de la prescripción de la amnistía e incluso logró sacar adelante una proposición no de ley en el Congreso en la que instaba al Ejecutivo a revisar las liquidaciones para recaudar el 10 % de todo el dinero aflorado, como se había aprobado, y no el 3 % que se ingresó efectivamente (se recaudaron 1.193 millones, 2.800 menos de los previstos). La diferencia se explica por la decisión de obligar solo a tributar por rentas obtenidas en los cuatro años anteriores.
Pero, por lo que se sabe hasta ahora -desde la Agencia Tributaria aseguraban ayer no tener aún el texto final de la misiva-, el Gobierno no tiene intención de ir tan lejos y se limitará a dejar claro que, aunque hayan pasado cuatro años de la amnistía -el plazo general de prescripción de las deudas tributarias-, el fisco tiene las manos libres para seguir inspeccionando el patrimonio de los contribuyentes acogidos a la misma. «Lo que está preparando, y se hará en las próximas horas, es un aviso a los declarantes de esa tributación extraordinaria del 2012 relativo a que no hay caducidad en ese procedimiento y todas las investigaciones facilitadas a partir del mismo no caducan a final de mes», detalló Montoro ayer.
Es decir, que podrá seguir tirando del hilo a raíz de los datos obtenidos en esa amnistía, para comprobar si afloraron todo el patrimonio oculto. Si no es así, y se descubren nuevos bienes, Hacienda podría obligar a tributar por ellos en el impuesto que corresponda, como recuerda Carlos del Pino, socio de Pin & Del Pino Abogados y Asesores Tributarios, que apunta también que la no declaración de bienes en el extranjero (modelo 720) conlleva su imputación como ganancia patrimonial con independencia de cuando se generó realmente. Y es que, aunque la renta o bien haya sido obtenida hace más de cuatro años, se imputa al ejercicio más antiguo de los no prescritos, de forma que el contribuyente siempre tiene que pagar.
De hecho, ninguno de los expertos cuestiona que la potestad del fisco para comprobar a los contribuyentes no tiene plazo, desde técnicos de Hacienda a asesores fiscales. Otra cosa es la posibilidad de que revise una liquidación tributaria (en este caso la de la amnistía fiscal) realizada hace más de cuatro años, algo que Del Pino no ve posible, por mucho que desde el fisco defiendan que no es una obligación tributaria al uso, como podría ser la declaración de la renta. Por eso, dudan que esta medida vaya a suponer un incremento de la tributación de los amnistiados.
Otra cosa es que se logren ingresos adicionales de esos procesos inspectores derivados de los datos obtenidos. De hecho, desde el 2013 ha habido 3.413 inspecciones sobre declarantes de la amnistía fiscal que han permitido aflorar 238 millones de deuda, de los que 182 millones ya se han liquidado, según los últimos datos aportados por el director de la Agencia Tributaria. De esas comprobaciones, 2.214 se realizaron a contribuyentes que además de acogerse a la amnistía habían declarado bienes en el extranjero.
El partido de Rivera dice que el Gobierno bajará en el 2017 el IVA cultural, pero no para el cine
Al margen de la amnistía fiscal, la otra noticia del día en el campo tributario fue el anuncio realizado por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, que aseguró que en las negociaciones sobre los Presupuestos el Gobierno se ha comprometido a bajar el IVA cultural el próximo año. Así lo aseguró la diputada canaria, que matizó que la rebaja solo afectaría a determinados espectáculos en directo (que volverían a tributar al 10 %), pero no al cine, que supone el grueso de los ingresos y que seguirá al 21 %.
Además, Rodríguez anunció que el Ejecutivo aprobará un techo de gasto superior al de este año (123.394 millones) y que se ha comprometido a realizar un recorte de mil millones en «chiringuitos políticos».
Dentro de esas negociaciones para la aprobación de las cuentas públicas, el ministro de Hacienda reconoció que su departamento estudia nuevas modificaciones en el impuesto de sociedades y en algunos tributos especiales (los que gravan alcohol, tabaco y carburantes) para cumplir con el objetivo de déficit. Eso sí, Montoro insistió, «con toda claridad», en que no subirá ni el IRPF ni el IVA
Desde el PSOE, el diputado Pedro Saura le echó en cara al ministro que anuncie subidas fiscales cuando en campaña presumía de que había margen para bajar impuestos. Y anunció que antes de subir los tributos especiales, que también afectan «al bolsillo de los ciudadanos», debería reformar en profundidad el IRPF para hacerlo más progresivo y el impuesto sobre sociedades, para que las grandes empresas paguen más.