El Defensor del Pueblo alerta del deterioro de las UTES de la cárcel asturiana

La institución del Defensor del Pueblo ha alertado del deterioro de las condiciones en las que se encuentran las Unidades Terapéuticas y Educativas (UTES) del Centro Penitenciario de Asturias y ha mostrado su «preocupación» ante las quejas recibidas por parte de un grupo de internos de apoyo, respaldadas por varios grupos políticos, que achacan la desviación del actual modelo respecto al proyecto originario a «una inconveniente separación interior y un inapropiado tratamiento penitenciario».

Concepció Ferrer I Casals, adjunta segunda del Defensor del Pueblo, ha remitido un escrito a Rosa Fernández García, presidenta de la Asociación de Amigos y Familiares de la UTE, donde le expone que otro motivo de alerta es la existencia de «una mayor presencia de droga y violencia asociada a su consumo en departamentos en los que este problema habría sido completamente erradicado en el Centro penitenciario».

«¿Qué ocurre en el centro?»

El Defensor del Pueblo ha mostrado su respaldo a los profesionales que, según explica, «incluso con las actuales dificultades», siguen abogando «con su mejor saber y hacer penitenciario» para que el programa de las UTES de la prisión asturiana no pierda la esencia de los valores «con los que fue alumbrado». Unos principios que, en virtud de esas manifestaciones, constatan que «han sido ignoradas y deterioradas las condiciones terapéuticas y de vida en el departamento, aunque formalmente aún se mantiene la denominación, que no su esencia».

En su escrito, la adjunta segunda explica que ha dado traslado a la administración para comunicarle que, desde su perspectiva, se ha apreciado que la gestión de la cárcel asturiana en su conjunto «es motivo también de preocupación del creciente número de grupos políticos que se preguntan qué está ocurriendo en este centro y cómo está siendo gestionado»

La propia administración ya contestó previamente a la institución que el modelo actual de las UTES que está funcionando en Asturias sigue la normativa penitenciaria vigente y se aplica de manera uniforme en el resto de las cárceles del país. Ello no es óbice para que la adjunta segunda señale en su comunicación a la presidenta de la asociación que «aunque la Administración sigue mostrando gran resistencia a reconocer este singular proyecto penitenciario, lo cierto es que las numerosas muestras de reconocimiento de que ha sido objeto en diversos ámbitos, merecían que la administración asumiera que resulta más disfuncional, al menos en la cárcel asturiana, mantener el vigente esquema de funcionamiento que facilitar la reintroducción del modelo originario de tratamiento de la UTE, particularmente si nos referimos al interés de aquellas personas privadas de libertad que están intentando superar sus problemas de toxicomanía y a quienes esta institución se ve obligada a apoyar».

La administración penitenciaria, por el contrario, considera que es incompatible el modelo organizativo autónomo que representan las UTES de Asturias con la normativa penitenciaria vigente. La normativa establece que «los órganos unipersonales y colegiados que consideran que en el proyecto de la UTE se encuentran suplantados, son los encargados de dar cumplimiento a los objetivos legales de la pena privativa de libertad».

Un modelo «disfuncional e incompatible»

Asimismo, advierte que en una futura reforma de la legislación penitenciaria se podía prever la incorporación de una organización autónoma con un funcionamiento singular compatible con el tradicional de los centros penitenciarios para determinados departamentos específicos en los que se desarrollen «programas de alto rendimiento terapéutico», como sería el caso de las UTES y de los módulos de respeto.

«La Administración penitenciaria señala que no coincide con la precisión formulada por esta institución sobre el deterioro de las condiciones de vida del Centro Penitenciario a causa de una inconveniente separación interior y un inapropiado tratamiento penitenciario. Dice que funciona como el resto de las UTES en los centros penitenciarios en los que existe este programa especializado, y si este funcionamiento es correcto en los demás centros penitenciarios, no se entiende que el mismo programa no funcione correctamente en Asturias», reconoce la adjunta segunda.

La respuesta del Defensor del Pueblo es clara: «para esta institución, ese modelo organizativo singular que últimamente ha sido declarado disfuncional e incompatible con la normativa penitenciaria, ha dado muestras de ser especialmente eficiente en lo que se refiere al objetivo resocializador que la Constitución española impone a la Administración penitenciaria».

Denuncias sobre droga y violencia

Para Concepció Ferrer, no existe constancia de que el modelo organizativo que se deriva del proyecto originario de la UTE del Centro Penitenciario resulte menos eficiente «en lo que se refiere al objetivo retentivo y meramente custodial, que lógicamente sirve de soporte para que aquel pueda tener lugar».

El Defensor del Pueblo admite que «vería con preocupación que la presencia de droga y violencia asociada a su consumo en estos departamentos no mereciera la adopción de medidas correctoras adecuadas, como las que se demandan para la cárcel asturiana. Se recuerda a la Administración la necesidad, no solo de reconocer la singularidad de la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Asturias, que va más allá de un mero modelo organizativo, y que constituye un modo de mostrar a la sociedad de forma exitosa el potencial de la pena privativa de libertad como herramienta de tratamiento y reinserción sino al equipo de profesionales que lo hizo posible», ratifica.