Primeros planos para un urbanismo sostenible

El 13 de noviembre comenzaba en Bonn la COP23, una nueva conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta cumbre se abría con noticias poco esperanzadoras: al abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París, se sumaron los datos correspondientes a 2016, año más cálido desde que tenemos registros y en el que se incrementó el índice de CO2 hasta 403,3 ppm, concentración peligrosa. La comunidad científica lleva tiempo alertando de que el cambio global, y específicamente el climático, constituyen el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en nuestros días. No solo es que haya evidencias de su existencia, sino que los registros obtenidos desde mediados del siglo XX no se explican sin el concurso de la actividad humana. Por tanto, si queremos sobrevivir como especie, estamos abocados a aceptar el desafío y modificar nuestros comportamientos. Conscientes de ello, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) celebró este año el Día Mundial de la Arquitectura bajo el lema ¡Actuemos contra el cambio climático!. No es un acto baladí. Si bien el cambio climático nos interpela a todos, no es menos cierto que los arquitectos, como agentes de la construcción de la ciudad y el territorio, tenemos una responsabilidad directa en la lucha contra el cambio climático.

Las ciudades son parte importante del problema. Según el Banco Mundial, la población mundial en 2016 ascendía a 7.442 millones, de los que un 54,3% residían en áreas urbanas, y desde el año 2000 se ha triplicado la superficie urbanizada mundial, con el consiguiente incremento de las emisiones que esto conlleva. En España la situación es aún más extrema. Con un porcentaje de población urbana que roza el 80% es obvio que nos hemos convertido en un país de ciudades y que tenemos un problema de despoblamiento del medio rural.

No obstante, las ciudades son también -o deben ser- parte de la solución. Para ello, tenemos que alejarnos del paradigma de la zonificación, la especialización funcional que dominó el crecimiento urbano en el siglo XX, y construir ciudades más compactas y más complejas, que faciliten la mezcla de usos y con ello minoren las necesidades de desplazamiento. Ciudades seguras, en las que la vitalidad del espacio público contribuya a su funcionamiento como lugar de encuentro e intercambio, que puedan ser recorridas y disfrutadas por mujeres, ancianos, niños y personas con algún tipo de discapacidad en igualdad de condiciones, fomentando así su autonomía personal.  Ciudades eficientes, con parques inmobiliarios construidos o rehabilitados bajo criterios de eficiencia energética y consumo casi nulo. Ciudades autosuficientes, de kilómetro cero, que se abastezcan principalmente de lo producido en su entorno. Un reto y una necesidad.

Asturias tiene un enorme potencial para convertirse en una ciudad-región que cumpla con estos parámetros. Se ha escrito mucho, y muy bien, sobre las bondades del Área Metropolitana de Asturias, por lo que no abundaré en ello. Me centraré, en cambio, en las resistencias que nos están impidiendo llevar a buen puerto el que, sin duda, es el principal proyecto de la región; resistencias que, a mi juicio, son dos.

En primer lugar, la carencia de un modelo territorial consciente. Se ha practicado muy poca política territorial, y la que se ha hecho ha sido, principalmente, por medio de instrumentos normativos. Aunque algunos, caso de los de ordenación del litoral, sean de gran calidad técnica, necesitamos un mayor liderazgo político y una mirada fresca que permita plasmar el modelo territorial en proyectos concretos. No se trata tanto de revisar directrices regionales o subregionales, procesos que nos abocan a una discusión estéril sobre competencias y viejas rencillas locales y localistas, como de abordar proyectos metropolitanos concretos e implementar políticas territoriales y sectoriales de efectos tangibles. Valga como ejemplo el billete único de la CTA, que ha hecho más por la cohesión territorial y la reducción del tráfico rodado particular que cualquier declaración o normativa que se pueda publicar.

En segundo, un marco jurídico obsoleto y en exceso rígido que dificulta, cuando no impide, la consecución de políticas y proyectos concretos. Tenemos una ley de 2004 y un reglamento de 2007, previos a la ley de suelo estatal, cuyo último refundido es de 2015. Aunque la Constitución determina que urbanismo y ordenación del territorio son competencias autonómicas, sería lógico que los ordenamientos autonómicos se adaptaran a lo establecido en la ley estatal, que define derechos y deberes comunes para todos los españoles. Aun siendo esta una razón importante, no es la única que aconseja una revisión del marco jurídico. Concebido y aprobado durante el boom inmobiliario, y heredero de una tradición urbanística, la española, preocupada sobre todo por el crecimiento, no se ajusta a la realidad actual. Peca, además, de una excesiva rigidez y de una concepción maximalista del planeamiento al que fija más obligaciones de las que se pueden abarcar.

El ejemplo canónico de esta mirada es el Plan General de Ordenación, convertido a día de hoy en un monstruo gigantesco que integra todo tipo de saberes y recorre desde la escala territorial -no en vano debe ordenar todo el territorio municipal- a la de detalle, con el establecimiento de alineaciones y rasantes. Un monstruo, sin embargo, con menores competencias de las que se le suponen, sometido al cumplimiento de todo tipo de determinaciones sectoriales en muchas ocasiones imposibles de compatibilizar. Y un monstruo, además, con pies de barro sobre el que, abocado por la tendencia actual a la judicialización de cualquier conflicto y por su propio tamaño y el de la ingente normativa que ha de cumplir, pende con demasiada frecuencia la espada de Damocles de la anulación.

Seamos sinceros: la legislación vigente no es eficaz. Necesitamos dotarnos de un marco nuevo que responda a las necesidades reales, pensado para nuestra región y sus peculiaridades, centrado en la actuación sobre la ciudad consolidada y no en la producción de nuevo suelo urbanizado, y que facilite la participación efectiva e informada de los ciudadanos.

Los asturianos no estamos solos en esto. El urbanismo es, y debe ser, una disciplina en constante reinvención, que se adapte, e incluso adelante, a las cambiantes necesidades y demandas sociales. Son muchos los espejos en los que nos podemos mirar. Ciñéndonos a nuestro contexto más cercano, el Consejo Europeo de Urbanistas (ECTP-CEU) ha aprobado la Carta del urbanismo europeo y la Carta de la participación democrática en los procesos de planeamiento territorial y urbanístico, llamadas a la acción para hacer de las ciudades y regiones europeas espacios fuertes y sostenibles en los que sea agradable vivir y para ampliar los mecanismos de participación y mejorar la calidad de nuestras democracias. Son varias las ciudades europeas que han firmado estas cartas y se han comprometido así a cumplir con sus principios.

En nuestro país, la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas (UAAU), una de las dos agrupaciones españolas presente en el Consejo Europeo de Urbanistas, publicó en 2016 su propia adaptación, la CartaGena, que lleva por título Ante el agotamiento de un modelo, hacia un urbanismo sostenible. Documento para la renovación/regeneración del urbanismo en España. Un decálogo que sintetiza las que deberían ser las nuevas bases conceptuales e instrumentales del urbanismo en nuestro país, y que os animo a consultar.