La Justicia anula las prórrogas del contrato del servicio de informática: el PSOE alerta del «riesgo de colapso»

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha declarado nulas las prórrogas del servicio de informática del Ayuntamiento de Oviedo, que tenía que haber finalizado el 1 de enero del 2021 y al que se le ha ido dando continuidad hasta la fecha sin concurso público.

En ese sentido, desde el PSOE, que ha llevado el tema a la Justicia y que ha alertado de esta situación más de siete veces en comisiones y plenos, han mostrado su preocupación por el «riesgo de colapso evidente» de este servicio. Además, han avisado de que la situación se puede repetir en los contratos de mantenimiento y limpieza.

El uno de enero del 2021 el contrato del servicio de informática, que tiene un coste de tres millones de euros anuales, tenía que haber finalizado, ya que estaba vigente desde 2015 y la empresa adjudicataria no podía superar los seis años sin presentarse a otra convocatoria pública. Sin embargo, se le ha ido dando continuidad con prórrogas de seis meses «al margen de la legalidad».

Así lo han denunciado este martes los concejales socialistas Wenceslao López, Ana Rivas y Ricardo Fernández, que han indicado que esta sentencia, contra la que cabe recurso, invalida también la última prórroga, aprobada por la Junta de Gobierno hace 15 días.

Además, han indicado que el servicio está dividido en 19 lotes, algo que han calificado de «excesivo», y que en estos momentos hay 13 de ellos con contrato de continuidad y cinco sin pliegos de contratación redactados, «por lo que es previsible que la última prórroga dure hasta septiembre y se tenga que ampliar», ha indicado López, algo que la sentencia establece que está fuera de la legalidad.

El concejal y ex alcalde ha explicado que el equipo de Gobierno ha prorrogado 21 meses «ilegalmente» este contrato, por lo que «se pone en evidencia como este gobierno es incapaz de gestionar lo público». «No se pueden saltar las reglas a la torera, como si esto fuera su finca particular», ha indicado, para calificar la situación de «una forma de destruir lo público».

Por otro lado, Rivas ha afirmado que esta situación no es un hecho puntual, sino una «fórmula generalizada para tapar su caótica gestión» con los servicios ordinarios. Ha puesto de ejemplo los contratos de mantenimiento o limpieza de edificios públicos.

La sentencia no es firme y el ayuntamiento podría recurrirla, aunque según los socialistas queda claro que «este procedimiento no vale», en palabras de Fernández. Ahora la Justicia tendrá que decidir si habrá un daño patrimonial para el Ayuntamiento, informa Europa Press.