Los desahuciados de La Tenderina vivirán separados provisionalmente

El juzgado ha ejecutado la orden de desahucio ante el impago del alquiler de la vivienda en la que residían en el barrio de La Tenderina, en Oviedo, los cinco integrantes de una familia, dos de ellos menores, que tendrán que vivir separados en varios domicilios de la capital asturiana hasta que encuentren un piso definitivo del que puedan asumir la renta. Un familiar acogerá a una de las menores hasta que termine las clases en el colegio, ubicado en las inmediaciones del domicilio del que ha sido desahuciada, y el resto se alojará en domicilios de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo (PAH), según ha informado su presidenta, Pilar Galán Luján.

Galán ha señalado que un particular ha cedido, de forma altruista y totalmente anónima, un piso que tiene en Oviedo para que puedan alojarse provisionalmente durante la época estival para tener un mayor margen de tiempo mientras encuentran una solución definitiva y pueden acceder a un piso de alquiler asequible a sus ingresos. El compromiso adquirido con este vecino es que la familia abonará los gastos que ocasionen los suministros de servicios básicos, como luz, agua, etcétera, durante el verano, al ser la época en que esta vivienda estará desocupada y a su disposición.

La PAH ha denunciado la escasa sensibilidad mostrada por los titulares de los organismos oficiales que asumieron esta causa, y especialmente a los del juzgado y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. La Plataforma ha denunciado, en un comunicado, que el titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo ha consumado el desahucio «sin molestarse en contestar» a la solicitud de suspensión presentada «in extremis» la semana pasada y condenando a la familia a «la marginalidad y la exclusión residencial» al carecer de recursos para acceder a un vivienda de alquiler en el mercado libre.

En el escrito, la Plataforma califica de «especialmente reprobables, por cínicas y humillantes» las declaraciones de la concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, donde niega que la familia desahuciada se encuentre en situación de vulnerabilidad social y rechaza que, como sostiene la edil, hubiera descartado otras alternativas municipales. La Plataforma incide en que tanto el Ayuntamiento de Oviedo como el Principado deben adoptar las medidas necesarias y asignar los recursos precisos para incrementar el parque de viviendas de renta asequible de manera que no se ejecute ni un desahucio más sin alternativa habitacional. 

La pasada semana el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) señaló que el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo había cumplido absolutamente todos los protocolos vigentes tras suspender un lanzamiento anterior para valorar de manera precisa de la posible exclusión social y vulnerabilidad de la familia afectada.

Según el alto tribunal, sólo una vez que se llevó a cabo esa valoración por los Servicios Sociales del Ayuntamiento y los del Principado, con sendos informes negativos respecto a la procedencia de concederles una vivienda de urgencia, se fijó una nueva fecha para poner la vivienda a disposición de su titular.