El jefe de la Policía Local de Oviedo, investigado por la trama corrupta de los semáforos

El jefe de la Policía Local de Oviedo ha declarado durante varias horas sobre su relación con la operación que investiga una trama corrupta de comisiones y sobornos en el amaño de contratos. José Manuel López, que sustituyó en el cargo a Agustín de Luis, que fue en su día encarcelado, ha sido interrogado por la UDEF, que ha practicado un registro en su domicilio. La policía nacional también investiga a un subinspector del cuerpo, aunque se desconoce por ahora si está detenido. La UDEF ha practicado registros a lo largo de la mañana en el ayuntamiento, todos ellos relacionados con la Operación Enredadera, una trama corrupta que afecta a decenas de ayuntamientos en toda España. 

La red de corrupción manipulaba los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, entre las detenciones que se prevén hoy en la operación figuran alcaldes y gerentes de ayuntamientos dirigidos por diferentes partidos como Ciudadanos, PP y PSOE, así como jefes de la Policía Local de varios municipios. Al mediodía, ya había finalizado los registros tanto en el área de Contratación del Ayuntamiento de Oviedo como en el cuartel de la Policía Local, en el Rubín, pero los agentes de la UDEF, la unidad que se ha hecho cargo del caso, seguían con las pesquisas en la ciudad

Los hechos a los que se refiere la investigación, coordinada por el juzgado 2 de Badalona pero que también investiga otro juzgado de León, se remontan a los años 2012 y 2013, cuando, según las fuentes, se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr. Esta empresa, que pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales, comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos. Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción desarrollan esta operación, denominada Enredadera, en la que se prevén decenas de arrestos por delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos, malversación, delitos contra la hacienda pública, blanqueo y pertenencia a organización criminal.