¿Trabajar para vivir o para morir en el tajo?

El enorme crecimiento de los accidentes laborales en Asturias obliga a los sindicatos UGT y CCOO a convocar una manifestación de protesta en Gijón. Y está bien que lo hagan para generar sensibilidad social con estas tragedias laborales, pero si esta protesta y otras no van acompañadas de grandes cambios en la adopción de medidas más contundentes en las empresas, interviniendo con dureza y responsabilidad sobre los efectos que los producen, mucho me temo que por desgracia seguirán ocurriendo. Algo que no debemos permitir.

El incremento de la siniestralidad laboral debería de ser una de las principales prioridades a resolver en nuestra sociedad. Los últimos accidentes mortales en Asturias hacen que salten todas las alarmas de preocupación y pánico de tener que ir a trabajar con el temor de morir en el tajo como consecuencia de las grandes carencias en medidas de seguridad laboral. Un problema que se perpetua en el tiempo, al cual se le presta muy poca atención a tenor de lo que estamos viendo por parte de las empresas y de las instituciones responsables en esta materia.

Abordar el elevado número de siniestralidad laboral requiere de un enfoque riguroso y responsable que combine la prevención, la educación, la supervisión y, cuando sea necesario, sanciones severas que penalicen la negligencia en la responsabilidad de cada accidente grave o mortal porque no se cumpla la normativa vigente, como ocurre en la inmensa mayoría de accidentes, leves, graves o mortales. Las sanciones penales pueden ser parte de la solución, pero no la única.

Es fundamental que los trabajadores reciban capacitación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, adecuada a los riesgos de sus funciones.

Evaluación de riesgos: Identificar y evaluar los peligros específicos del entorno laboral es crucial para implementar medidas preventivas efectivas.

Inculcar una cultura de seguridad dentro de las empresas y entre los trabajadores puede ser más efectivo que la aplicación de medidas coercitivas. Cuando la seguridad se convierte en parte de la rutina diaria, el riesgo de accidentes disminuye.

Aumentar las inspecciones de trabajo incrementando la plantilla de inspectores y técnicos cualificados, la cual es escasísima para acometer esa labor, es muy importante para asegurarse de que las empresas cumplen con las normativas de seguridad laboral. Es la clave. Las inspecciones deben de ser muy rigurosas y se deben de exigir mejoras inmediatas donde se detecten fallos, pudiendo paralizar la actividad mientras no se subsane el factor de riesgo. También se pueden utilizar mecanismos de reconocimiento y valoración a las empresas que promueven buenas prácticas de seguridad como una forma de incentivar un entorno laboral más seguro.

Las empresas que implementan y mantienen altos niveles de seguridad en sus centros de trabajo podrían recibir certificaciones que les den prestigio en su sector, atrayendo talento y clientes que valoren la responsabilidad social.

Sin embargo, con las empresas que incumplen la normativa vigente, se debería intervenir de manera diferente para disuadirles de actuar de forma negligente. En los casos más graves, las empresas deberían enfrentarse a la suspensión temporal de sus operaciones hasta que adopten las medidas correctivas necesarias.

Las sanciones penales deben de aplicarse cuando se demuestra que una empresa o sus responsables han actuado con negligencia grave o deliberada, poniendo en riesgo la salud o la vida de los trabajadores. Esto debería incluir penas de prisión para los responsables. Si un accidente laboral resulta en muerte o lesiones graves de un trabajador debido a la falta de medidas de seguridad, estaría más que justificado recurrir a sanciones penales. Estas penas deben de estar claramente definidas en la ley para que las empresas conozcan las consecuencias de sus acciones.

A veces, las leyes de seguridad pueden estar desfasadas o no adaptarse a las nuevas realidades de ciertos sectores. Es necesario actualizar las normativas para incluir riesgos emergentes (por ejemplo, nuevas tecnologías o condiciones laborales cambiantes).

Es importante que los trabajadores puedan denunciar el riesgo sin temor a represalias, y que las denuncias sean investigadas con rapidez y rigor.

Las sanciones penales son una herramienta necesaria en casos de negligencia grave o intencional que pone en peligro la vida de los trabajadores. Sin embargo, la solución principal debe centrarse en la prevención, la capacitación continua, la supervisión efectiva y la creación de una cultura de seguridad dentro de las empresas. Las sanciones, tanto económicas como penales, deben ser consideradas como último recurso cuando las medidas preventivas y correctivas no han sido suficientes o han sido ignoradas de manera deliberada.

Los sindicatos, en materia de seguridad y salud laboral, no pueden limitarse exclusivamente a que cada vez que surge un accidente mortal, concentrarse media hora en la calle en repulsa por el accidente. Esto que no pasa más allá de ser una acción simbólica de recuerdo al trabador fallecido, es insuficiente para acabar con esta insostenible situación de muerte en los centros de trabajo. Los sindicatos deben de jugar un rol más importante en la defensa de los derechos de los trabajadores. Un mayor protagonismo de los comités de seguridad laboral, que exijan y supervisen las condiciones de cada lugar de trabajo para acabar con la impunidad empresarial.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la inversión en equipamientos modernos y en tecnologías. Las empresas deben ver esto no solo como un gasto, sino como una inversión en la productividad a medio y largo plazo, ya que un entorno de trabajo seguro es más eficiente y rentable.

El aumento de accidentes laborales tanto en Asturias como en el conjunto del país es una señal muy alarmante que revela fallos estructurales en la prevención y supervisión de riesgos. La negligencia puede abordarse a través de una mayor fiscalización, sanciones más severas y una verdadera transformación de la cultura de seguridad laboral, promovida tanto por las empresas como por las instituciones. Pero hay que intervenir ya con la máxima urgencia para que los puestos de trabajo sean un lugar seguro y no un cementerio laboral.