Federalismo y solidaridad

Es singular el proceso que ha conducido a la mayoría de la sociedad catalana y, a los partidos políticos que la representan, a concluir que los problemas que les aquejan y las dificultades que experimentan sus servicios y políticas públicas tienen su última causa en una suerte de parasitismo que practicamos el resto de los españoles sobre sus ingresos, principalmente las regiones receptoras netas (como Asturias). Tan interiorizada tienen esta creencia que, sobre ella, han edificado una épica de lucha y resistencia contra el supuesto robo, desde la exigencia del Pacte Fiscal por Artur Mas como respuesta a los estragos en las arcas públicas de la crisis financiera y la Gran Recesión, al combustible del agravio económico que fue nutriente del Procés. Episodios todos ellos de notables resultados divisivos y dañinos, empezando para la propia Cataluña. Llegamos así al reciente acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura del candidato a la Presidencia de la Generalitat, que señala que el modelo de financiación actual «tiene como resultado una distribución poco justa de los recursos entre los territorios del Estado que acaba limitando la capacidad de crecimiento económico de Cataluña». El acuerdo recoge que «se han hecho estructurales unas insuficiencias que representan un lastre sistemático al crecimiento económico de Cataluña y a la prosperidad de su ciudadanía». No dista mucho del «Espanya ens roba» y la culpa de todo no la tiene Yoko Ono, sino usted y yo.

Las quejas riman indudablemente con las críticas que escuchamos habitualmente a quienes cuestionan que la propiedad deba tener alguna función social, cualquier redistribución de la renta, la fiscalidad progresiva o el peso de los servicios públicos. Se argumenta que generan más injusticias que las que pretenden solucionar, por, según se aduce, la ineficiencia endémica, los abusos en el sistema de protección y la dependencia que genera en las capas sociales menos favorecidas. Y se destaca cómo penaliza la actividad económica y lastra a quien quiere volar más alto. El mensaje, en este caso y en el de la financiación autonómica, tiene similar raíz y expresión, y bebe de la misma alergia a la solidaridad. Pese a ello, las fuerzas de izquierda en Cataluña no han opuesto ninguna retórica alternativa; al contrario, han terminado por abrazar con entusiasmo la teoría del expolio. La idea de compartir recursos, realizar un esfuerzo colectivo, asegurar la prestación de servicios públicos en el conjunto de España y proteger las políticas de cohesión territorial es totalmente ajena a los criterios políticos que manejan los partidos dicen situarse en el espectro progresista en Cataluña. Asumen un discurso en el que no hay un gramo de solidaridad pero sí toneladas de populismo nacionalista, en un acto de rendición ideológica y en la idea, completamente falsa (pues la interrelación es evidente) de que pueden vivir de espaldas a lo que suceda en el resto de España. Que PSC y ERC enuncien su voluntad de sustraer a Cataluña del sistema de financiación común y se vanaglorien de tener al alcance (aunque ya veremos lo que finalmente sucede) lo que la antigua CiU y el espacio post-convergente jamás consiguió, no deja de ser un sarcasmo y una victoria del elitismo. Me pregunto si alguien en el PSC y ERC sigue acordándose de un viejo aserto de la Crítica del Programa de Gotha de Karl Marx, definitorio de la justicia social y que alguno de ellos habrá memorizado en su juventud: «de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad». También de eso va este debate.

La postura recogida en el pacto de PSC y ERC parte, además, de una ensoñación, cuando no de un engaño. En 2015 hizo fortuna el estudio de Josep Borrell y Joan Llorach titulado «Las Cuentas y los Cuentos de la Independencia» (Ed. Catarata), en el que rebatían los postulados económicos de Artur Mas y Oriol Junqueras. Los gestores del Procés atribuían a Cataluña un inexorable saldo de 16.000 millones de euros adicionales cada año si se liberaba de las cargas de su participación en el Estado. Cero recortes, estado del bienestar robusto y riqueza estarían aseguradas. Borrell y Llorach, sin embargo, desmontaban punto por punto aquella tesis, cuestionando los cálculos de partida, discutiendo cómo se computaba la aportación catalana y qué valor se atribuía a la que el propio Estado realizaba en el territorio, entre otros aspectos. Ahora estamos frente a otra cifra mágica, que ERC blande como logro, atribuyendo a la aplicación del modelo estrictamente bilateral y la limitación de la solidaridad, que en el acuerdo suscrito con el PSC llaman «soberanía financiera» de Cataluña, una capacidad adicional de gasto para la Generalitat de 30.000 millones de euros anuales, una cifra que duplica la actual disponible. El sortilegio financiero no casa sin embargo con otros estudios que cuestionan la envergadura de la infrafinanciación catalana, como el reciente análisis del economista Ángel de la Fuente («Las balanzas fiscales y algunas cuestiones relacionadas», Colección Apuntes nº 2024-19) y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Tras analizar las balanzas fiscales en sus distintos cálculos (pues no hay un método uniforme para ello), FEDEA concluye que «lo que no llama en absoluto la atención es la posición de Cataluña. Puesto que esta comunidad está entre los territorios con mayor renta per cápita, lo esperable es que presente un déficit fiscal y así sucede, aunque su cuantía es significativamente menor que la que calcula la Generalitat por un procedimiento sesgado. Es más, la comunidad se sitúa casi exactamente sobre la recta ajustada de regresión que describe lo que podríamos llamar la relación «normal» en España entre renta per cápita y saldo fiscal regional, lo que nos dice que el tamaño de su déficit es aproximadamente el que 'le toca' de acuerdo con su nivel de renta. La posible inequidad no estaría, por tanto, en el déficit, sino en su eliminación». Es decir, ni la infrafinanciación denunciada es equiparable al despojo de recursos que nos presentan los líderes catalanes, ni es otra cosa distinta que la aportación equitativa, pareja a la mayor renta per cápita en el territorio («de cada cual, según su capacidad»).

Llama la atención que al alumbramiento de un esquema de relación bilateral pretenda atribuírsele potencial federalizante. Una defensa que no hace ERC, partido al que, de manera acorde a sus postulados independentistas, no le interesa que Cataluña se federe o se «confedere» con nadie, sino quienes, por necesidad o por sus «ideas peligrosamente ingenuas» (como diría Ilegales), quieren ver en este enjuague oportunidades de lograr escenario de estabilidad y acuerdos en Cataluña, pese a la radical incompatibilidad a corto plazo con la hoja de ruta secesionista. En un modelo federal las estructuras de cooperación y codecisión, que afectan al conjunto (Estado federal y Estados federados), es imprescindible. El respeto a la voz de los distintos territorios, a los procesos de deliberación y decisión en estructuras federales vivas y eficaces (cámaras de representación territorial, conferencias de parlamentos y gobiernos regionales, conferencias de presidentes, consejos sectoriales e interterritoriales, etc.) es fundamental. Lo que se consigue con imposiciones basadas en acuerdos bilaterales de este tenor es disolver la confianza entre territorios y estructuras federales y sustituir una lógica cooperativa por una dinámica oportunista de apropiación y competición. No estamos construyendo un estado federal sino abortándolo.

Veremos si culmina el acuerdo entre PSC y ERC con la efectiva investidura en la Presidencia de la Generalitat y lo que venga detrás, considerando las dudas entre las Juventudes de ERC (penosamente cultivadas en el rechazo visceral al PSC) y las maniobras teatrales de Puigdemont, dispuesto a causar el mayor daño posible. En todo caso, ha hecho bien el Gobierno asturiano al expresar con claridad su preocupación por la carga de profundidad financiera del acuerdo, con razonable serenidad pero con firmeza. Pase lo que pase, corresponde en las semanas venideras un posicionamiento activo más determinante, al igual que en el pasado reciente se ha hecho defendiendo los criterios de financiación basados en el coste de la prestación de los servicios y en el mantenimiento de un nivel básico que asegure la igualdad elemental de los ciudadanos («a cada cual según su necesidad»). En este intento de repartir de nuevo las cartas de manera abrupta y tramposa, no sólo nos jugamos el resultado neto para el Principado de Asturias, sino la propia pervivencia de la cohesión social y territorial en nuestro país, que es su verdadera razón de ser.