Criminal

Veremos hasta qué punto se cumple la amenaza y si compensa electoralmente (aunque no haya comicios previstos a corto plazo), pero de producirse la salida de Vox de los cinco ejecutivos autonómicos donde gobierna con el PP sería, por una parte, una excelente noticia, pero por otra da pavor y asco que la excusa para hacerlo haya sido una crisis migratoria. No me sorprende que la ultraderecha sea insolidaria, xenófoba y racista, pero sí que el PP se abrace a sus argumentos (todavía la semana pasada proponían que la Armada controlara las costas africanas). Aquellos que portan en sus muñecas pulseras con la bandera nacional repiten día tras día que hay que respetar la Constitución y las leyes para atacar a Cataluña/Catalunya, pero para otros asuntos ya no manifiestan el mismo mensaje. En nuestras fronteras del sur (Canarias, Ceuta y Melilla) se vive un drama humanitario. Seis mil menores migrantes viven hacinados y las islas se ven desbordadas por falta de equipamientos y de personal para atenderlos en ellas. Los traslados de los adultos son competencia estatal, pero en el caso de las niñas y los niños que no tienen todavía 18 años son tarea (voluntaria) autonómica. Hay que decir las cosas como son. Lo que repudian las y los intolerantes no es tanto al extranjero, porque a los jeques o los ucranianos rubios los aceptan, sino que lo que detestan es la pobreza. Ahora aplauden a los jugadores de la Selección Española por los triunfos que están consiguiendo merecidamente en Alemania, pero no son pocos los comentarios despectivos que algunos de ellos tuvieron que sufrir antes del inicio de la Eurocopa (a esta generación da gusto verla jugar al fútbol y que usen guiños para recordar sus orígenes. Lamine Yamal, concretamente, en la celebración de sus goles, muestra con sus dedos los números tres, cero y cuatro, que corresponden al código postal del barrio donde se crió [Rocafonda, en la localidad barcelonesa de Mataró]). Lo peor que podemos hacer las y los españoles es olvidarnos de nuestro pasado, porque históricamente hemos sido un pueblo que nos hemos tenido que buscar la vida en otros lugares y hay muchos países del mundo que nos recibieron con los brazos abiertos independientemente de las razones del exilio. La derecha tiene un claro interés en borrar la verdad, tal y como vimos ayer en el parlamento valenciano, que ha aprobado definitivamente la derogación de la memoria histórica autonómica por una ley (mal llamada «de la concordia») que iguala el franquismo a la democracia. Es absolutamente criminal equiparar ambos periodos históricos. Aunque en nuestro país se ha conseguido frenar parte de la ola reaccionaria que azota al planeta, en muchas instituciones de España el PP se está comportando al más puro estilo de la extrema derecha, y eso es un problema para la pacífica convivencia y la igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas.

La Policía Nacional, que sigue con la celebración de sus 200 años de existencia, se ha visto involucrada, para lo bueno y para lo malo, en dos asuntos de importante transcendencia pública. El primer caso tiene como protagonista al ciudadano Ignacio de la Macarena Cano Andrés. Todas las personas tienen derecho a defenderse de una acusación y debe ser la justicia la que sentencie, pero la reacción realizada por Nacho Cano tildando de «criminal» a la Policía Nacional es, a mi juicio, inaceptable. La investigación abierta ante un posible delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de las y los trabajadores le pone a Nacho Cano contra las cuerdas, porque ahora su espectáculo ‘Malinche’ puede que sufra el rechazo del público y de los patrocinadores (como ya ha hecho Renfe). No obstante, y tal y como ha dicho el Ministro del Interior, este cuerpo policial «no persigue personas, sino que investiga, instruye y pone a disposición judicial». Esta afirmación es verdad a día de hoy, pero no lo fue lamentablemente hasta su llegada en junio de 2018. El «estalinismo» que considera Isabel Díaz Ayuso que se ha hecho contra Nacho Cano existió en los años de M. Rajoy en La Moncloa. No hay justificación alguna fueran espiados cincuenta y cinco diputadas y diputados de Podemos sin autorización judicial. Espero que este asunto no quede impune, porque es indignante. Es más, para mí todo lo que se conoce de la llamada ‘policía patriótica’ sí que es criminal.