Asturias, en el punto de mira de las empresas educativas

El negocio de la educación ha ido gestándose durante años y ha resultado tremendamente fructífero para algunas empresas. En connivencia con los sucesivos gobiernos, se recortó la inversión en educación pública y se justificó el desvío de cientos de millones hacia la red privada basándose en la ampliación de la edad de escolarización obligatoria y el acceso a la educación de nuevos grupos estudiantiles, y la complejidad de atender a la diversidad del alumnado. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) blindó el negocio al establecer en su preámbulo el carácter complementario de la red privada-concertada, garantizando que todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas. Para prestar el servicio público de la educación, la sociedad debe dotarlos adecuadamente.

Si bien las voces críticas alertaron en su momento de las consecuencias de la infrafinanciación de la red pública y el aumento de subvenciones para la red privada, cada vez que se promulga una nueva ley educativa, el foco del debate se dirige -o se desvía intencionadamente- hacia el estatus otorgado a la asignatura de religión, el trato (o maltrato) de la lengua cooficial, y toda la «ingeniería metodológica» y cambios terminológicos. Tan desapercibida como la financiación, o casi, pasa la exposición a la opinión pública de la menguante formación humanística.

Una vez que buena parte de la sociedad ha asumido la premisa de la complementariedad y la subvención, no es de extrañar que el negocio pretenda expandirse hacia la educación superior. Con el contexto a favor, entra en la escena empresarial asturiana la Universidad de Nebrija, postulándose para resolver la demanda de matrícula en enfermería y, de paso, se arrogue el mérito de dotar a Avilés de educación superior, como si del clamor popular de la población avilesina surgiera la iniciativa de implantar unos estudios privados que la mayoría no podrán permitirse. Que la alcaldesa del municipio sea, a su vez, la presidenta de la fundación del centro sanitario subvencionado con dinero público - ¡cómo no!- que hay en la ciudad, en el que trabajarán gratis -perdón, harán las prácticas- las futuras y futuros estudiantes de enfermería tampoco es una feliz coincidencia.

En Xixón/Gijón, otra empresa privada, la Universidad Europea, y el consistorio estudian la viabilidad de implantar el Grado en Medicina, también en base a la demanda de profesionales en el sector. En un artículo publicado en 2014 por el Foro de la Profesión Médica de España titulado ¿Por qué numerus clausus en medicina? Razones para frenar la apertura de nuevas facultades de medicina se realizaba un análisis de la situación desde el establecimiento de dichos numerus clausus en 1994. Por un lado, las limitaciones en el acceso se amparaban en la necesidad de equilibrar el número de egresados del Grado y la oferta de plazas MIR, con el objetivo de evitar conducir al paro a quienes no podían obtener un puesto de residente tras 6 años de carrera, y, por otro lado, en la salvaguarda de la excelencia formativa como garante de la calidad de la atención sanitaria del sistema nacional de salud. Tras el análisis de la situación, en el documento de consenso presentado en el citado artículo se planteaban las siguientes preguntas: ¿cómo es posible que actualmente la Conferencia Nacional de Política Universitaria comience a reducir, aunque tímidamente, las plazas para estudiar el grado en medicina (1,35%), mientras que el Consejo de Universidades y las comunidades autónomas aprueban la creación y puesta en marcha de nuevas facultades de medicina? Está claro que no es congruente reducir el número de estudiantes y, al mismo tiempo, abrir nuevas facultades de medicina. Es fácil darse cuenta de que el escenario es complejo y que en él se mueven de manera descoordinada varios agentes con distintos intereses: universidades privadas (promovidas por grupos empresariales, fundaciones e instituciones religiosas), universidades públicas, consejerías de educación y de sanidad de las comunidades autónomas, Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad, ANECA y agencias autonómicas acreditadas. Así hemos llegado a la situación actual en la que, resultado de esta torpe y desafortunada planificación, en noviembre de 2013, 2.389 médicos están en ‘paro’, 4.203 son demandantes de empleo y comenzamos a exportar médicos especialistas (3.400 en 2013).

De 2005 a 2012, las facultades de medicina pasaron de 28 a 40 (5 públicas y 7 privadas). Según datos del Ministerio de Universidades, en 2023-2024, el total de plazas ofertadas para el acceso al primer curso entre las 36 facultades de medicina actualmente existentes en las universidades públicas de todo el Estado fue de 6.096, mientras que entre las 15 universidades privadas con Grado en Medicina, ofertaron 1.680. Una de dos, o no hay tanta demanda como pretenden hacernos creer, o resulta que la privada no viene a solucionar la falta de oferta pública porque, disculpen la obviedad, la mayoría del alumnado no podrá costeársela.

Por su parte, o en consonancia con lo anterior, el grupo Quirón Salud planea establecerse sobre la misma ciudad. La evidencia del contubernio empresarial es cristalina. La Universidad Europea y la de Nebrija no ofertarán veterinaria, periodismo ni arquitectura. Tal vez la idea sea que quienes puedan pagarse los estudios de medicina en una universidad privada, trabajen después en una clínica privada y atiendan a quienes, a su vez, puedan pagarse una sanidad privada, el círculo cerrado de las élites. Ahora bien, cuidado no vayamos a darles la bienvenida a base de subvenciones, utilizando el dinero público, ese que sale de los impuestos de quienes sí declaran todo su patrimonio, para que los servicios prestados reviertan solamente en una pequeña parte de la población.

No obstante, la Universidad ya no está de moda. Mentiras repetidas hasta darles credibilidad, como que es una fábrica de parados, han calado hondo y preparado el clima propicio -grandes campañas de propaganda mediante- para recibir sin apenas oposición la nueva y, supuestamente, mejorada Formación Profesional que incrementará la empleabilidad (no confundir con empleo/puesto de trabajo real, ni con buenas condiciones laborales). Todo esto está por ver; lo que sí han dejado bien atado, con una nueva Ley tan larga como apresurada en su tramitación, es el desvío de fondos públicos hacia empresas privadas, en neolengua: «colaboración público-privada»: la colaboración con las empresas en las que realizar las prácticas (trabajar gratis con la excusa de que estás aprendiendo) y la oportunidad para que los centros privados de formación profesional se multipliquen. Una vez más, si quieres estudiar un ciclo formativo pero la oferta de puestos en centros públicos resulta insuficiente, en lugar de ampliarla, se opta por la subvención a fundaciones educativas, empresas, incluso a determinadas organizaciones sindicales. El caso es invitarlas a la fiesta y repartir el pastel. Luego dicen que no pueden incrementar el gasto en la red pública por limitaciones presupuestarias. Dos ejemplos de la lucrativa relación que la nueva Ley de FP ofrece a las empresas pueden apreciarse en la regulación de la fase «de prácticas» y en la figura de «experto en el sector productivo». En relación al primer ejemplo, el periodo de prácticas que el alumnado realiza trabajando en una empresa, debe cotizar a la seguridad social desde enero de 2024; esas cotizaciones han sido asumidas por la Consejería de Educación, no solo las del alumnado que cursa sus estudios en los centros públicos, sino también las de quien estudia en los concertados (Gobierno del Principado de Asturias, 2024). En cuanto al segundo ejemplo, desaparece la figura del profesorado especialista y surge la de «experto en el sector productivo», sin requisito de formación didáctica para impartir docencia. Incluso podría llegar a conseguir un puesto indefinido como personal docente después de tres años de contrato, no como el profesorado interino. Todo es posible cuando hay voluntad política.

En la última década, la matriculación en centros privados para cursar Formación Profesional de Grado Medio ha aumentado un 81% en todo el Estado, mientras que en los centros públicos solo alcanza el 16%; en las titulaciones de grado superior, el incremento de matrícula en centros privados supera el 205%, frente al 36%. La oferta pública está en retroceso y no parece que haya intención de ampliarla para absorber la creciente demanda impulsada por las políticas educativas neoliberales y sus millonarios fondos europeos.

Este proceso de privatización no solo afecta a la educación, sino que se extiende a todos los servicios públicos, incluidas la sanidad y las pensiones. Defenderlos está en nuestras manos.