El reparto del trabajo

Una de las principales preocupaciones que existen en nuestra sociedad, es el poder trabajar, el tener un trabajo que nos permita vivir sin sobresaltos. Pero la realidad que se impone cada vez más es la falta de trabajo, y el que existe, no ofrece ninguna garantía de estabilidad ni de continuidad en el empleo.

Se barajaron distintas fórmulas a lo largo del tiempo para paliar esta situación sin que ninguna de ellas tuviera ninguna repercusión efectiva, porque no se ha podido o querido materializar debido a la falta de interés de los distintos agentes implicados, que dicen, pero nunca hacen. Lo más reciente que escuchamos, la anunciada por la actual ministra de trabajo Yolanda Díaz en campaña electoral, prometiendo la reducción de la jornada laboral, a lo que ahora tanto la ministra como los sindicatos dicen que no va a ser sencillo porque los empresarios lo están poniendo muy difícil, tal y como yo mismo comenté en un artículo publicado en este mismo medio el pasado 4 de diciembre. Pero para salvar la situación anuncian un acuerdo trampa entre ministerio, agentes sociales y empresarios, en el que acuerdan que no tiene sentido ahora reducir la jornada laboral semanal y dicen que lo harán en cómputo anual. Es decir: no habrá reducción de ningún tipo, si esta se camufla sin poner límite de horario diario o semanal, y esto lo conocen muy bien los y las trabajadores y trabajadoras, que va a suponer más un incremento que una reducción, por la falta de medios técnicos y humanos para controlar el pillaje empresarial. Estamos de nuevo ante un timo de primer orden como era de esperar.

La única alternativa para abordar esta situación, habida cuenta de los engaños escandalosos de los que estamos siendo víctimas, es la que se reivindica desde mediados del siglo pasado por parte de todos los colectivos sociales y laborales, como la del reparto del trabajo, sin que, hasta la fecha, al menos en nuestro país, se haya tomado ninguna medida al respecto, salvo contadas excepciones.

Desde la aplicación en Francia del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en febrero de 1988 con sus luces y sombras, la patronal española se ha dado mucha prisa en rechazar cualquier norma legal que llevara implícito la reducción de la jornada laboral. Ha negado toda posibilidad a la creación de ningún tipo de empleo estable y ha remitido su tratamiento a la vía lenta de la negociación colectiva, en la que se negocia más sobre la reducción de empleo que sobre la creación.

En realidad, la oposición empresarial a la reducción generalizada del tiempo de trabajo es tan antigua como la Revolución Industrial. En la Inglaterra de finales del siglo XIX se argumentaba que la prohibición del trabajo infantil y la disminución de la jornada diaria por debajo de las doce horas acabaría con la economía inglesa. Argumentos similares se utilizaron más tarde contra las cuatro semanas de vacaciones y la implantación de la semana inglesa. Pero, en lugar de hundirse la economía, se desarrolló una potente industria turística, y la reducción de tiempo de trabajo fue un factor de innovación productiva, de crecimiento económico y de creación de empleo.

A mediados y casi a finales del siglo pasado, se trabajaba siete días a la semana, 12 horas al día y 52 semanas al año en la mayoría de sectores productivos. Aunque hoy, en muchos sectores se trabaja igual que a mediados del siglo pasado, en otros, la mayoría, se trabaja la mitad de horas menos al año y los empresarios tienen que saber que la tendencia hacia la disminución del tiempo de trabajo es inevitable para poder repartir el empleo.

La cuestión que se plantea, no es tanto saber si se va a reducir el tiempo de trabajo o se puede producir un reparto del mismo. Ambas cosas se dan ya. El problema estriba en saber decir qué tipo de reparto del trabajo queremos y cómo. El que está en curso, el que está produciendo «el libre juego del mercado». Unos trabajan demasiado y otros nada, o en condiciones cada vez más precarias.

En nuestras sociedades, prácticamente la mitad de los y las que están en edad de trabajar, o bien están en el paro o bien son precarios, están sujetos a distintas modalidades de formación, inserción, son estudiantes, eternos prejubilados involuntarios, o desanimados, (sobre todo desanimados) que ni siquiera se apuntan a las oficinas de empleo. En cambio, los y las que trabajan lo hacen cada vez más tiempo, dentro y fuera de su puesto de trabajo: en su casa, mientras conducen, mientras comen e, incluso mientras duermen.

Se han dictado en nuestro país múltiples sentencias rechazando la pretensión de muchas empresas de mantener conectados a sus empleadas y empleados fuera del horario laboral. Otra situación grave que influye de manera importante en la imposibilidad de poder repartir el trabajo, es la cantidad de horas que se hacen bajo la oculta economía sumergida, para la que no existe ningún tipo de control que contribuya a erradicar este enorme fraude económico y fiscal, que además precariza y limita la creación de empleo.

Sin duda, la creación de nuevos puestos de trabajo sería la solución a muchos de los problemas actuales, pero la opinión generalizada de economistas y organismos locales e internacionales es que pasarán muchos años antes de que se vuelva a crear empleo, si además tenemos en cuenta que los grandes avances tecnológicos limitan aún más esta posibilidad, salvo que para el que hay se busquen fórmulas para un reparto equitativo del mismo. No es razonable ni solidario que un recurso tan escaso como el trabajo no se reparta, mientras los que tienen la responsabilidad de resolverlo no encuentren las soluciones tan demandadas por una inmensa mayoría social que sufre las consecuencias.

Desde hace tiempo se barajan distintas fórmulas encaminadas a repartir el trabajo, sin que en ninguna de ellas se haya puesto el empeño suficiente para avanzar en una solución tan deseada como necesaria para amplios sectores de la población. Una de ellas ha sido la Ley Foral de Navarra para los funcionarios públicos, pero que resulta insuficiente para alcanzar los objetivos que se persiguen de avanzar hacia la sociedad del pleno empleo.

Hay que intentar reconducir por todos los medios esta situación de escasez sobrevenida del escaso compromiso político y sindical hacia un bien común. El reparto del trabajo debe constituir una herramienta eficaz con la que afrontar la dinámica de creciente precariedad y paro que nos arroja a los pies del capitalismo en su perpetua obsesión de amasar enormes beneficios, aunque sea a base del sacrificio de las personas más necesitadas.

Por otra parte, en nuestro propio ámbito, el de los movimientos sociales, el del sindicalismo, el de la ciudadanía afectada por la precariedad… También nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a generar conciencia y convencimiento en el desarrollo de compromisos en torno al reparto del trabajo, por lo que sería deseable y esperable también que desde la UE, Gobiernos centrales y autonómicos asuman la responsabilidad que les corresponde para frenar esta sangría constante de empleo y necesidades de las personas que tienen derecho a trabajar tener una vida digna, como establece el Artículo 35 de la Constitución, que jamás se cumplió.

Naturalmente que crecer es una condición fundamental para el bienestar. Se trata de repartir la riqueza, no la pobreza. Y se trata también de repartir trabajo. No solo repartir de forma desigual y a menudo precaria, el que se haya o se vaya generando.