Estado de Derecho y abogacía en riesgo

Li Yuhan es una veterana abogada que, durante su carrera profesional, ha tenido la valentía de defender a víctimas de violaciones de derechos humanos causadas por el aparato represivo de la República Popular China. Entre otros asuntos, ha representado a grupos perseguidos por sus creencias religiosas y a personas encausadas tras la «redada 709», que fue una operación de detención de 321 letrados y activistas, que tuvo lugar el 9 de julio de 2015 en todo el país y dirigida específicamente a minar el ejercicio libre de la abogacía y el derecho de defensa de causas consideradas incómodas por el Estado. La propia Li Yuhan fue detenida en octubre de 2017 y, tras todo este tiempo de encarcelamiento preventivo, ha sido injustamente condenada, el 25 de octubre de 2023, por un tribunal de la ciudad septentrional de Shenyang, a un periodo de prisión que finalizará, esperemos, en abril de 2024. Su salud se ha deteriorado gravemente, no ha recibido tratamiento médico adecuado y ha denunciado tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo la retención de la medicación y la comida, así como vejaciones por los funcionarios de prisiones.

Nasrin Sotoudeh es una abogada iraní que se ha destacado a lo largo de su actividad profesional por la defensa de los derechos humanos en su país. Ha actuado en los tribunales intercediendo por personas condenadas a la pena de muerte (cuya abolición promueve), ha defendido a mujeres perseguidas por su decisión de no utilizar el hiyab y se ha destacado como ejemplo cívico de entereza frente a la infinita brutalidad y arbitrariedad del poder. Su coraje le ha costado carísimo a ella y a su familia (su marido Reza Khandan también es objeto de persecución), pues ha sufrido numerosas detenciones, condenas penales y periodos de reclusión, sólo momentáneamente aliviados por la creciente presión internacional y la atención que ha despertado su caso. La última y violenta detención de Nasrin se produjo el 29 de octubre de 2023, con motivo de su asistencia al funeral de Armita Garavand, una chica de 16 años fallecida tras un incidente en el metro de Teherán con la llamada «policía de la moral». Aunque fue liberada el 15 de noviembre de 2023, afronta un nuevo juicio que puede deparar otro encarcelamiento. 

Magomed Alamov es un abogado ruso de la región Norte del Cáucaso, especializado en la denuncia de casos de tortura y en casos de violencia de género y violencia intrafamiliar. Por su defensa de las víctimas de esta clase de crímenes, ha recibido sucesivas amenazas y, en lugar de obtener la protección de los poderes públicos y el amparo al ejercicio de su actividad jurídica, con lo que se ha encontrado es con la indiferencia o, peor aún, con episodios de hostigamiento policial. Trabaja en medio de en un clima de impunidad ante los casos de tortura y en el que las autoridades regionales (especialmente en Chechenia) despliegan una agresiva retórica violenta contra toda crítica y contra toda forma de expresión frente a los «valores tradicionales». Alamov es un ejemplo más de la capacidad de resistencia de profesionales jurídicos que, con todo en contra, se convierten en los últimos baluartes de la justicia, cuando cualquier parecido del régimen con un sistema de garantías acaba siendo pura coincidencia. El último capítulo, hasta ahora, se produjo el 23 de octubre de 2023, en el que fue retenido y amenazado de muerte en relación con un caso de violencia intrafamiliar.

Estos tres ejemplos son algunos de los últimos casos de profesionales del Derecho sobre los que Amnistía Internacional ha llamado la atención, reclamando que los abogados puedan ejercer su trabajo con plena libertad e independencia, sin sufrir represalias y sin ninguna clase de castigo estatal por el desarrollo de su actividad. Los abogados, singularmente aquellos que defienden casos con trascendencia pública, o aquellos que colaboran con organizaciones de defensa de los derechos civiles, sociales y medioambientales, son objeto creciente de violaciones de sus derechos, convirtiendo su actividad en una profesión de riesgo en numerosos países, comprometiendo su propia libertad, integridad física y moral o, en los casos más extremos, su vida. A la par que se afianza el autoritarismo, se reducen las garantías de los derechos civiles y políticos, se volatiliza la división de poderes, se desnaturaliza profundamente o se borra de un plumazo el sistema democrático y, en suma, se deteriora el Estado de Derecho globalmente, aquellos profesionales encargados de ejercer como última trinchera de los derechos de las personas y colectivos a los que defienden, se sitúan como víctimas de la misma maquinaria implacable de represión.

Para poner de manifiesto esta peligrosa tendencia de agresión y amenaza a los defensores, desde 2010 se celebra el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo, iniciativa que promueve una coalición de organizaciones internacionales y asociaciones profesionales de ámbito global. La fecha no es en absoluto casual, pues se eligió en homenaje a los abogados de Atocha, ya que ese mismo día de 1977 un grupo terrorista de extrema derecha acabó con la vida de cinco profesionales del despacho laboralista de Comisiones Obreras, situado en esa emblemática calle madrileña. Un suceso que dejó huella no sólo en España sino en todo el mundo y que permitió, con toda su crudeza, apreciar que quien se dedica a la defensa jurídica a veces arriesga mucho más que su prestigio profesional. 

En esta 14ª edición se suma por primera vez activamente el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, que, a su arraigada tradición de defensa de la profesión, añade su vocación comprometida y solidaria con la situación de la abogacía en peligro en todo el mundo. Contará para ello, además, con la presencia de Carlos Fatás Mosquera, presidente de la Sección Española de la Unión Internacional de Abogados, una entidad fundada en 1927, presente en 110 países y que forma parte de la coalición organizadora del Día Internacional de la Abogacía en Riesgo. Estará también en Oviedo, con el mismo motivo, la abogada nicaragüense Anexa Alfred Cunningham, que se ha visto obligada al exilio en Suiza desde julio de 2022, tras impedir el gobierno de su país su regreso, en represalia por su trabajo en el grupo de expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en América Central y del Sur de la Organización de Naciones Unidas.

La conmemoración será una oportunidad de alzar la voz por el derecho de defensa, en las condiciones más difíciles. Y de recordar, como dijo el célebre abogado penalista francés (Ministro de Justicia bajo la presidencia de Mitterrand), Georges Kiejman, que «no hay más razón de Estado que el Estado de Derecho».