¿Qué política de vivienda para cambiar la política de vivienda?

Que el coste de tener una vivienda es oneroso para la mayoría de la gente en España es una realidad evidente, y que además ese coste se está incrementando en los últimos años también lo es.

En Asturias en concreto se está incrementando el coste de acceso al alquiler, más del 7% con respecto al 2022. Un precio medio de 450 euros al mes, que sube a los 550 y 700 si nos vamos a barrios populares de los grandes núcleos urbanos. Además, para la juventud asturiana el alquiler de la vivienda supone de media el 59,7% de su salario.

A esta situación se añade la presión turística que está sufriendo nuestra comunidad autónoma, que si bien genera oportunidades económicas tiene un lado oscuro en forma de gentrificación, presión habitacional y medioambiental.

En resumen, si en Asturias la falta de oportunidades laborales y el precio de la vivienda ya nos habían situado a la cola española de la emancipación juvenil, las perspectivas de futuro tampoco es que den lugar al optimismo. Ante esta insostenible situación, ¿qué puede hacer el nuevo Gobierno de Asturias para mejorar las vidas de la gente joven?

Hasta la fecha las políticas para amortiguar el impacto de la carestía de la vivienda han girado, en su mayoría, en torno a las ayudas al alquiler (con distintos programas orientados a distintos perfiles sociales), los programas de vivienda social a través de VIPASA (orientados a rentas inferiores a 2 veces el IPREM) y una parte muy reducida de promociones de protección oficial. Si bien estos programas son imprescindibles, tienen dos problemas estructurales:

•  Dejan fuera a capas muy amplias de la población trabajadora que está por encima de los niveles de renta mínima y que, a los precios actuales, está teniendo problemas a la hora de acceder a la vivienda.
•    Al ser muy pequeña la oferta que se añade al mercado, no actúan como un regulador a nivel macro del mercado inmobiliario, añadiendo oferta y obligando a la iniciativa privada a bajar los precios del parque general de viviendas de alquiler.

Si queremos que una amplia capa de la población trabajadora juvenil (y no juvenil) tenga la posibilidad de alquilar un piso de, por ejemplo, 70 m2 por no más de 250 o 300 euros al mes (creo que esto se podría considerar un estándar razonable y socialmente armonioso) vamos a tener que poner en marcha programas de vivienda pública de alquiler mucho más ambiciosos que los actuales. En este sentido:

•      Las condiciones de acceso deberían girar en torno a 2,5 o 3 veces el IPREM como umbral de renta: esto significa que una empleada pública, una técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), un operario de producción en una fábrica, o una autónoma con un pequeño negocio podrían acceder a este tipo de programas de vivienda.
•        Además, la adjudicación se debería realizar por sorteo, no por puntos, precisamente para ampliar la base social de estos programas de vivienda y no restringirlos solo a los colectivos más perjudicados. Y con una antigüedad de varios años de residencia mínima en el municipio donde se solicite, para evitar «efectos llamada».
•    Con un precio de alquiler tasado y estable como los que señalamos anteriormente, y con contratos de alquiler a largo plazo. Queremos que la empresa pública que gestione esto sea viable, no un pozo sin fondo de dinero público. Incluso debería dar beneficios a largo plazo.

Si nuestro objetivo es bajar el precio general del alquiler en Asturias introduciendo una oferta pública por debajo del precio de mercado, ¿de cuántas viviendas estamos hablando?

Ese es un cálculo que le corresponde a especialistas, pero podemos realizar ciertas estimaciones para hacernos una idea. Blackstone es el mayor casero de España, con cerca de 40.000 inmuebles en todo el país, y está considerado un actor principal en el mercado inmobiliario, con capacidad para dirigir todo el mercado en una dirección u otra, especialmente en Madrid y Barcelona, donde concentra la mayor cantidad de inmuebles.

VIPASA maneja un parque de 9.500 pisos en Asturias. ¿Cuántos más habría que tener para influir en el mercado?, ¿5.000, 10.000, 15.000 pisos de alquiler asequible? Siendo grandes las cifras no parece que estén fuera del alcance de un programa de gobierno en un par de legislaturas, máxime cuando el futuro de nuestra juventud y de sus futuros hijos e hijas está en juego para evitar el envejecimiento de la población asturiana.

En todo caso, desde CCOO de Asturias esperamos que el nuevo Gobierno autonómico que empieza a andar sea capaz de colocar los primeros ladrillos de un sistema de vivienda pública de alquiler asequible con unas características similares a las descritas, que compita con la iniciativa privada, diseñado para mayorías sociales y alejado de cualquier tentación caritativa.

*Helena Plaza es responsable del «Espacio Joven» de CCOO de Asturias