Poner fin a la situación

Desde el 4 de diciembre de 2018 está bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La derecha quiere hacernos creer que lo patriota es exhibir la bandera nacional cada 12 de octubre (y pitar al Presidente del Gobierno si es socialista), cuando es mucho más importante cumplir con la Constitución y pagar los impuestos que a cada cual le corresponde sin ingenierías financieras. La dimisión de la sexta autoridad del Estado, Carlos Lesmes, condujo a una reunión de urgencia de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijoo. Por ahora, solo ha transcendido que el PSOE y el PP se van a dar una última oportunidad. El interrogante es si los populares dejarán, de una vez por todas, de poner excusas. Es primordial que cumplan con su deber como partido de Estado que se le presupone, pero la duda está en si tras cuatro años paralizando los nombramientos preferirán continuar cerrando la puerta a un acuerdo hasta que regresen a La Moncloa. Esta irresponsabilidad está llevando a engrandecer la desconfianza en las instituciones, y más cuando se cuela perversamente en el debate si deben ser los partidos políticos los que propongan nombres (las y los políticos son los representantes del conjunto de la ciudadanía y de la soberanía popular, por si se nos olvida) o si deberían ser los propios jueces los encargados de esas designaciones. La UE lleva meses urgiendo a nuestro país que no continúe esta anomalía, pero ni tan siquiera las advertencias de Bruselas han conseguido poner fin a la situación.

Las bases de Junts han decidido que su formación abandone el Govern catalán y el mensaje que escucharemos a partir de ahora será que Esquerra está incumpliendo sus compromisos, sobre todo lo que tiene que ver con el “mandato de la ciudadania” que se expresó el 1 de octubre de 2017. Aragonés se niega a someterse a una cuestión de confianza y parece que prefiere tirar para adelante aunque ello conlleve no aprobar los presupuestos para 2023. Hay que ponerle fin a la situación de inestabilidad institucional que arrastra esta comunidad autónoma desde 2010, porque Cataluña no se puede permitir esta parálisis. Por ahora no suenan tambores de elecciones (las últimas se celebraron el 14 de febrero de 2021), pero veremos si se puede aguantar así mucho tiempo. En estos años pasados, Esquerra prefirió subirse al carro por el independentismo en vez de unir sus fuerzas con otros partidos progresistas, y pudo ser rentable electoralmente mientras gobernaba Rajoy, pero una vez que el PP deja La Moncloa el voto nacionalista mengua. Imagino que ahora veremos las diferencias ideológicas entre la derecha y la izquierda catalana tras su separación y que se mirará con lupa los resultados de ambas partes en las próximas municipales de mayo de 2023 (para Barcelona suena que los herederos de Convergencia recurrirán al ex alcalde Xavier Trias) a ver quién se lleva la mayor parte del voto nacionalista.