Equidistancia, barbarie y «off the record»

El bien siempre necesita contexto. Por ejemplo, si los impuestos financian de manera estable y justa la sanidad, una donación millonaria a la sanidad pública es un acto noble. Pero si hay una creciente evasión fiscal que compromete el sistema sanitario, la donación es un engaño y una distracción. En cambio el mal muchas veces muestra su condición en hechos aislados que no requieren ninguna contextualización. Que Billy el Niño colgase a presos y les golpease los genitales es una acción malvada en sí misma. Alfonso de Ussía necesita saber si el preso es una hermana de la caridad para decidir si quemarlo con cigarrillos era un acto perverso, pero esa necesidad de contexto es ya parte de la infamia. La civilización exige que siempre se necesite contexto para bendecir ciertos hechos y que no se necesite contexto para condenar otros, que ningún beso sea por sí solo amor y que cualquier maltrato sí sea por sí solo violencia. Puede ocurrir que se den actos malvados, de la intensidad que sea, en dos partes en litigio. La reacción civilizada ante el mal puede entonces ser tenida equivocadamente por equidistancia. Uno puede reaccionar con repugnancia a que un etarra le pegue un tiro en la nuca a un policía y a que Billy el Niño lleve a sospechosos etarras al límite de la asfixia en aguas fecales. Eso no es equidistancia entre ETA y el Estado, es repulsión al mal.

Cuando la inmoralidad se reparte entre distintos grupos, la equidistancia no se puede reprochar. Lo que sí merece reproche es la equidistancia entre el bien y el mal. La equidistancia entre la democracia y el totalitarismo solo puede ser debida a la mala fe, a la cobardía o a la simpleza. Se están normalizando en la vida pública expresiones y tácticas contrarias a la democracia como si fueran un componente más de la pluralidad. La equidistancia (malintencionada, cobarde o simplona), que deja entrar la arenilla autoritaria en la maquinaria de la democracia, es complicidad con el autoritarismo.

Es antidemocrática toda pretensión de anular el efecto de unas elecciones. Es democrático que haya fuerzas que quieran derribar al Gobierno desde el primer momento. Pero no lo es que desde el principio decreten que el Gobierno investido por un Parlamento votado en las urnas es ilegítimo y que se pretenda una medida de excepción que enmiende las votaciones. A ello se aplicaron las derechas, sus lacayos mediáticos y esa parte antañona del PSOE que cree que las elecciones son solo el pase infantil y que la verdadera función tiene que ser la que ellos digan. No hay que rasgarse las vestiduras, en democracia son normales los silbidos antidemocráticos. Pero la fuerte presencia de un partido fascista en la Cámara, la asimilación del PP a sus propósitos y la alteración de la pandemia hicieron asfixiante el mensaje autoritario. Se hicieron normales los llamamientos a gobiernos de salvación con intervención del ejército o a gobiernos «de los que saben» nombrados por no se sabe quién. Se generalizó hasta lo insoportable el bulo y la falsedad en medio de una emergencia sanitaria. La crítica al Gobierno rebasó ese punto en el que ya no se busca una mayoría alternativa, sino una actuación de fuerza: cuando se dice que un Gobierno es corrupto, incapaz o injusto, con la intensidad que sea, se pretende un derribo político; cuando se dice que es asesino, que esconde material sanitario a la población y que quiere matar a los ancianos, no se busca política, sino una actuación de excepción y de fuerza. Se avanza en un sectarismo judicial que no se parece a Venezuela, sino a Brasil; los órganos judiciales se renuevan cuando gana el PP, el PP bloquea la renovación cuando pierde y así se va haciendo estructural su politización partidaria. La combinación de un demente acoso judicial con la reducción del Parlamento a caja de resonancia de insultos gruesos es la perversión burlona de la democracia que siempre buscan los ultras. Un cuerpo armado manipula datos y presenta como informe un corta y pega de titulares de prensa ya desmentidos; ya se había utilizado a esos cuerpos armados para fabricar pruebas falsas contra partidos políticos. La crispación parlamentaria es tal que a todos los efectos están inutilizadas las cámaras.

Es un sarpullido antidemocrático. Cada afirmación y cada táctica antidemocrática es un mal de esos que deben ser percibidos como mal sin falta de contexto. Contrapesar las maniobras ultras urdidas en la Guardia Civil y los alaridos tabernarios de Vox en el Parlamento con «errores» del Gobierno, para no parecer que se está en un bando, es ese tipo de equidistancia entre la barbarie y la civilización que fortalece lo único que hay entre la barbarie y la civilización: barbarie. La prensa de la caverna es parte del sarpullido. Pero se agrava con los efectos de un triple frente sobre Pablo Iglesias: ideológico, porque es rival natural de la derecha; táctico, porque es el punto débil de Sánchez; y personal, porque determinados personajes influyentes en PRISA, que no soportan a Sánchez, no aceptan la influencia de Iglesias ni que ande cerca de los secretos del CNI. Feo o guapo, esto es democracia en normal funcionamiento. El problema es que el legítimo afán de derribar a un gobierno en el que esté Iglesias impulse a esa equidistancia que normaliza el mal antidemocrático. Hubo unos días tambaleantes en los que alguien tan ajeno a la caverna como Iñaki Gabilondo era incapaz de denunciar el mal antidemocrático sin contextualizarlo con un Gobierno que «encadena errores». Ángels Barceló llegó a decir que no era cosa de grupos, sino de personas. Es una afirmación grave en un momento de fuerte presencia ultraderechista y de activismo ultra en el aparato del Estado. La avidez por llegar a Iglesias lleva a esa contextualización del mal que era parte de la infamia y a esa equidistancia entre la civilización y la barbarie que era barbarie (por cierto, se necesita un periodismo muy creativo para comparar la actuación de Iglesias con la de Abascal o Casado). Algo debió crujir en el ambiente para que en estos últimos días Gabilondo y Barceló hayan vuelto a su ser y hayan cargado contra PP y Vox sin tener que contrapesar su infamia con errores de un Gobierno que gestiona una situación crítica. Hasta le reconocieron aciertos y sensibilidad social. Eso es lo de menos. No están obligados a defender al Gobierno ni a ser progresistas. Pero sí están obligados a defender la democracia.

El episodio del off the record de Irene Montero marca el nivel de deterioro de la convivencia y la necesidad de reafirmación democrática enérgica. Cuanto más polarizada esté la sociedad, menos mueven las conductas los razonamientos y los hechos y más las mueven los prejuicios y los odios. El vídeo de Montero es absolutamente irrelevante. Más allá de las connotaciones sociales algo pijas de algunas expresiones, el vídeo es una conversación normal sin sustancia informativa. En una situación saludable, para emplear ese vídeo con mala fe habría que manipularlo, editarlo, descontextualizar expresiones o truncar frases. Lo que da idea de la degradación del momento es que eso no haga falta, que se pueda mostrar al natural el vídeo y mentir con la mayor alegría sobre lo que se dice en el vídeo. Es indicio de que los hechos palmarios no afectan a las convicciones. Se suelta un vídeo inútil, no se apela a la vista ni al oído sino a prejuicios e inquinas y se acepta como real lo que ni se ve ni se oye en el vídeo. Y no es buena señal tampoco que esos capos que mangonean informes en la Guardia Civil lo eleven a la peculiar causa abierta contra José Manuel Franco. O tienen un berrinche o se dejan caer en el área sin disimulo porque confían en la parcialidad del árbitro.

Desde luego lo tienen difícil. No es fácil reducir la democracia al montón de escombros que vemos en Brasil o Hungría (no nos engañemos, de momento, con EEUU). Y en el PP saben que se la están jugando. Pero sí pueden conseguir que salgamos de esta pandemia con convicciones y moralidad adelgazadas. Con el mal no se especula ni se hacen cálculos.