Audacia preautonómica en Asturias

En 2018 se cumplieron cuatro décadas del establecimiento del régimen preautonómico de Asturias. Fue uno de los primeros, siguiendo el diseño que se había inaugurado con el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña en 1977. Un proceso «federalizante» -aunque nadie mentaba la palabra- que a la postre sería asumido por la inmensa mayoría.

Como señaló el ministro Clavero Arévalo, «esperar a la Constitución parecía lo ideal, pero la política, especialmente en los momentos de transición, no es pura racionalidad, y de haberse tomado dicha decisión, se hubiera puesto en peligro el camino hacia la democracia». Ahí se sirvió el conocido «café para todos» y por eso en España el principio democrático ha quedado desde entonces ligado al principio de autonomía. Cuando en los míticos recitales se cantaba aquello de «libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía» era por algo.

El 20 de julio de 1977, los diez diputados y los cuatros senadores electos por Asturias a las Cortes Generales se organizaron como Asamblea de Parlamentarios Asturianos, con una firme voluntad de derribar obstáculos en ese camino. Dicho y hecho. El Gobierno de España aprobó en septiembre de 1978 el real decreto-ley que instituía el Consejo Regional de Asturias, con un preámbulo que ensalzaba «la aspiración común» de autonomía de «una provincia con entidad regional histórica».

Aquel órgano preautonómico se constituyó el 10 de noviembre de 1978, con el socialista Rafael Fernández Álvarez como presidente, el centrista Luis Vega Escandón como vicepresidente y el también socialista Francisco Prendes Quirós como secretario. Al día siguiente el Pleno se reúne en Cangas de Onís, por su carácter simbólico como primera capital del Reino de Asturias. Un año después ya se reciben las primeras -y austeras- competencias, en materias como urbanismo, agricultura, ferias, turismo, transportes, administración local o cultura. El presupuesto para 1979 ascendía a 150 millones de pesetas de la época que, actualizados, hoy supondrían menos de 6 millones de euros. Sin duda, la audacia era muy superior al dinero disponible.

Todo aconteció rápido, a pesar del contexto de crisis energética e industrial (algo que nos sigue resonando a plena actualidad). Por eso, es casi obligado reivindicar con fuerza los beneficios compensadores que tuvo el consenso, frente a la sutil tentación de atender otras particularidades o, simplemente, dejarse llevar y no complicarse la existencia. Si vivir es tomar decisiones, y gobernar es elegir, no es menos cierto que a veces se pueden hacer incluso dos cosas a la vez. En la preautonomía asturiana se hicieron varias, y bastante bien.

Ortega y Gasset dijo en 1915 que «los asturianos se sienten región, pero no se saben región». Y lo corroboró décadas después con amargura el presidente Rafael Fernández: «Nuestro regionalismo es claro cuando estamos fuera de nuestra tierra; dentro, la cosa ya es de un localismo feroz». Hagamos un esfuerzo por demostrar que esto no debe ser cierto.

La existencia del Consejo Regional de Asturias fue efímera, pero imprescindible para la ulterior aprobación del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en diciembre de 1981. Sería el quinto en el orden, solo por detrás de los estatutos de País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. Discurrió por el procedimiento ordinario del artículo 143 de la Constitución, no sin debate previo sobre esta cuestión, aunque al final sería el primero de esa vía lenta. La preautonomía asturiana, en palabras del presidente Pedro de Silva, no se basó en agravios comparativos, ni en la invención de identidades, por otra parte, sobradas de historia y tradición. Antes bien, el hecho diferencial -si se puede decir así- fue la preocupación por un autogobierno efectivo, sobre todo en lo económico, que contribuyese a encarar los problemas estructurales que preocupaban a la ciudadanía. La misma visión tenía el Gobierno de España -retomando a Clavero Arévalo- cuando aludía a la «nueva significación del espacio territorial como escenario de la planificación y gestión de los servicios públicos». Un regionalismo -o federalismo- que aboga por hacer compatibles las particularidades y el interés común, descartando así la uniformidad.

Aquellos protagonistas diseñaron las reglas de juego mientras comenzaban la partida. Nada fue regalado ni otorgado, sino más bien ganado a pulso por un pueblo que se lo merecía.

Para Asturias, las cuatro décadas siguientes fueron de esplendor democrático, afirmación autonomista en España y Europa, y radical transformación económica, social y territorial. A finales de 2021 se cumplirán cuarenta años del Estatuto de Autonomía, quizás en pleno proceso de reforma, o no, pero en todo caso, en tiempo propicio para la evaluación y la reflexión de futuro.

Alfonso Camín, el Poeta de Asturias, escribió sobre «la Asturias de los valles que mueven los molinos, la que por mar y tierra se sabe abrir caminos». Un loable objetivo.

* Roberto Fernández Llera es síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturia y miembro correspondiente del Ridea, además de estar acreditado como profesor titular de Universidad de Economía