Puede funcionar, debe funcionar

En la última década hemos transitado en España caminos inexplorados y activado resortes constitucionales que hasta hace bien poco eran desconocidos en nuestra trayectoria democrática. Por necesidad, por crisis en las instituciones del Estado, por conflictos sectoriales exacerbados, por la sucesión de fracasos políticos o forzados por crisis económicas, institucionales y territoriales que no encontraron otra respuesta, hemos vivido acontecimientos como el primer estado de alarma por la huelga de los controladores aéreos (2010); el primer Estatuto que afrontó una declaración de inconstitucionalidad en buena parte de su articulado (el de Cataluña, en 2010); la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución para otorgar prioridad al pago de la deuda pública y consagrar el principio de estabilidad presupuestaria (2011); la abdicación de Juan Carlos I y la sucesión en la Corona (2014); la aplicación del artículo 155 para atajar la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña (2017); la primera moción de censura exitosa (2018); y dos repeticiones de elecciones por la imposibilidad de investir Presidente (2016 y 2019). Los profesores de Derecho Constitucional, ciertamente, no dan abasto. Tampoco la sociedad española aguanta muchos más vaivenes, porque toda esta sucesión de episodios de relevancia constitucional se ha producido en un contexto de crisis económica, desconfianza en la política y en las estructuras del Estado, tensiones nacionalistas (centrífugas y centrípetas) difíciles de soportar, deterioro de la convivencia y erosión en los valores democráticos.

Necesitamos un poco de sosiego, menos emociones fuertes y más restauración callada y constante de las costuras de este país deshilachado. Para ello, tras las elecciones del 10 de noviembre, la fragmentación del arco parlamentario sólo permitía dos opciones viables para tener un gobierno razonablemente estable (y no sólo un Presidente investido sin apoyos sólidos), que en cualquier caso, representarían -cualquiera de las dos- una novedad adicional en nuestro recorrido constitucional, pero en términos mucho más constructivos. Una opción legítima hubiera sido probar la fórmula de gran coalición entre el PSOE y el PP, con un programa de estabilidad y medidas muy acotadas, hasta que la amenaza de la crisis económica se disipase y la inflamación catalana se rebajase. En España, sin embargo, la falta de tradición en los grandes acuerdos (un déficit de nuestra democracia) y el acogotamiento del centro-derecha por el furor nacional-populista (al PP le aterraría dejar expedito el campo de la oposición a Vox) obstaculizan esta opción e incluso otras menos comprometidas para el PP (la mera abstención en la investidura). La otra opción legítima, la única que a la postre queda, es la que han comenzado a transitar el PSOE y Unidas Podemos con el preacuerdo para la formación de un gobierno de coalición, alcanzado el 12 de noviembre y para cuya materialización con resultados aún falta mucho por hacer, empezando por cosechar los apoyos necesarios (o al menos las abstenciones, léase la de ERC) para su viabilidad en el Congreso, desarrollando el escuetísimo programa preliminar y obteniendo el apoyo en las bases de ambos partidos.

Como a muchos españoles, me desagrada enormemente haber tenido que esperar seis meses insufribles, comprobar como C’s se condenaba borrándose de cualquier solución de gobernabilidad que no fuese el pacto con el PP y Vox, asistir apesadumbrado a los dimes y diretes entre PSOE y Unidas Podemos, contemplar de qué manera se aceptaba la repetición electoral como una fatalidad insoslayable y, sobre todo, presenciar con horror al corrimiento de carga en la derecha con el fortalecimiento del nacional-populismo, henchido en sus postulados más primarios y peligrosos. Ahora bien, si de algo debe servir este culebrón es para comprender la obligación de detener la espiral de inestabilidad y, con las heridas de todos estos años de incomprensión entre las fuerzas de izquierda, marcarse objetivos realizables, con la expectativa posibilista pero imprescindible de conseguir un gobierno que funcione, sin estridencias, teatralidades ni aspavientos; y que, como se avanza en el preacuerdo, tenga los objetivos de la cohesión social y territorial -evidentemente desde el cumplimiento íntegro de la ley- como orientación prioritaria.

La experiencia de un gobierno de coalición de izquierdas, la primera desde la restauración de la democracia en el nivel estatal, es, además, una prueba de fuego para demostrar que la fragmentación política no tiene necesariamente que estar reñida con la eficacia institucional y la capacidad de los poderes públicos. Y para superar una lógica antagonista entre las fuerzas de izquierda, que ha sido causa de desazón y de pérdidas de oportunidades en tan repetidas ocasiones. Así que todos los actores involucrados, incluidos aquellos que externamente puedan contribuir a que la experiencia funcione, que sepan lo que los jugamos. Nada de asaltar los cielos, en suma; se trata, al contrario, de que los movimientos telúricos que llevamos años soportando no abran la falla de la involución bajo nuestros pies.