Ayer nos dejaron sin trabajo, hoy quieren dejarnos sin casa

Cuál no sería la preocupación de los vecinos de La Camocha cuando, hace ocho años, se enteraron de que sus casas arrendadas en su día, con carácter vitalicio, por Mina La Camocha, formaban parte de los activos de la compañía minera. Activos con los que los administradores judiciales cuentan hoy para saldar una parte de las deudas contraídas por dicha compañía.

El desenlace de las deudas que contrajo Mina La Camocha es un nuevo varapalo para las 37 familias de La Camocha concernidas, varapalo que se añade al ya recibido antaño con el cierre del pozo, después de haber sufrido, ellos o sus antepasados, las peores condiciones de trabajo y una explotación sin miramientos una vez llegada la jaula a su destino: el vientre de la tierra.

La Mina La Camocha, como en general todas las minas con las mismas características, me hace pensar en la bandera rojinegra anarquista: el negro simbolizando el polvo del carbón entrando por cada orificio del cuerpo atascando los pulmones y el rojo simbolizando la sangre de los mineros fallecidos tras algún accidente. Después de tres cuartos de siglo de extracción minera llevada a cabo por generaciones de mineros, sufriendo las peores condiciones de trabajo, hoy, la administración concursal, viene a rematar la faena comenzada por los dueños de la empresa minera.

Faena que no solo consistió en el atesoramiento de inmensos beneficios en las arcas de dicha empresa, arrancados a las paredes de la mina por una plantilla tras otra, sino también las millonarias subvenciones arrancadas, estas, por los responsables de la empresa, a los servicios públicos (Hacienda y Seguridad Social) mediante una estafa de compra y venta de carbón importado, haciéndolo pasar por autóctono. Una vez escamoteado el dinero y atrapada la empresa, llegó el cierre, acentuando así el desfalco cometido por sus «pérdidas» declaradas. ¿Por qué hoy tendrían que saldar una parte de la dolorosa las 37 familias mediante su desahucio?

¿La administración concursal pensaría, al igual que los directivos de la empresa, que las familias ocupando sus viviendas son un activo más al igual que cualquier herramienta o material abandonado por los dueños de la mina? ¿En qué cabeza puede caber que, después de llevar años y años viviendo en esas casas e invirtiendo en ellas para mejorarlas -haciendo frente así a su deterioro- se les pueda decir a las familias, «por aquí la salida»? Por lo que se ve, en más de una.

No solo porque las cantidades de dinero que los administradores judiciales piden a las familias para que estas puedan comprar sus casas, están fuera de su alcance financiero -incluso si se las vendieran a mitad de precio- sino también porque, hasta ahora, los poderes públicos no han ofrecido solución global alguna. Esas casas, tanto sus habitantes como sus ascendientes, las pagaron con sus esfuerzos y sudor mucho más de lo que costaron a quienes se las arrendó.

Por si les olvida a nuestros burócratas autóctonos del gobierno autonómico, les recuerdo que  hubo un precedente idéntico en la vecina comunidad autónoma de Castilla y León. Precedente que por cierto ha sido solucionado por la junta de dicha comunidad. Esta última compró más de 120 viviendas y las vendió por un precio asequible a las familias concernidas pudiendo comprarlas o las alquiló mediante un alquiler social a aquellas que no pudieron comprarlas.

En este caso, como en muchos otros, ya sean cierres de empresas, o reducción de plantillas, -sean estas mineras o no- la movilización general es más que necesaria: es vital. No puede ser que un día decenas de miles de personas ocupen las calles en contra del cierre de Alcoa y que al día siguiente, las familias desahuciadas de La Camocha o la Marcha Minera llegada a Oviedo el jueves 22 de noviembre, por ejemplo, carezcan de apoyo consecuente. El logro, tanto de los unos como de los otros, queramos o no, pasa por el logro de todos y juntos. El éxito de un día sin mañana, prepara no solo la derrota de los afectados, dicho día, sino también la derrota de todos.