Obras son amores y dejaos de tantas cumbres?

Que cuestan un pastizal y tanta solemnidad no va a rescatar a nadie de la exclusión social.

Se suceden los eventos protocolarios en los que las más altas instancias del poder político europeo practican el «exhibicionismo social» sin que ello redunde en las condiciones de vida de la ciudadanía afectada.

En la Declaración de Roma, del 25 de marzo, con motivo del 60 aniversario de los Tratados de Roma, los dirigentes de la UE se comprometían, una vez más, con la Europa social y a luchar contra el desempleo, la discriminacio?n, la exclusio?n social y la pobreza.

Meses después, el 13 de septiembre, el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, instaba a los Estados miembros, en su discurso del estado de la Unión Europea, a ponerse de acuerdo cuanto antes sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales “si queremos evitar la fragmentación social y el dumping social en Europa”.

¡Dicho y hecho! El viernes pasado, en el marco de la Cumbre Social de Gotemburgo por el Crecimiento y el Empleo Justo, acompañados de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, a excepción de Alemania (¡vaya por Dios!), los Presidentes del Consejo de la UE, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea proclamaron solemnemente el Pilar Europeo de Derechos Sociales aprovechando, oportunamente, la próxima conclusión de iniciativas legislativas de corte social. Entre otras, las relacionadas con la conciliación laboral y familiar, y con la obligación de poner por escrito las condiciones laborales en todos los empleos. Sí amics, en el s.XXI aún hay «arreglos verbales» que dan pie a abusos del sXIX.

Son avances, desde luego, pero están muy lejos de hacer frente a las secuelas de una especulación financiera posible gracias a la sospechosa confianza de políticos decisivos en la falaz autorregulación de los mercados. Porque si nos acercamos un poco, observamos que se trata de una cumbre de cartón piedra. No porque este documento sea una nueva exégesis de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, sino porque, a diferencia de las regresivas políticas económicas que la UE impone a los Estados miembros, estos «principios sociales» no van más allá de ser meras recomendaciones. Tal y como se encarga de remarcar nuestro Gobierno en los informes que envía a las y los eurodiputados españoles, este documento no tiene efectos jurídicos. No sea que mañana empecemos a exigir su cumplimiento.

Si tenemos en cuenta que la Comisión Europea es a la justicia social lo que Juncker, en particular, a la justicia fiscal, podemos temer que la voluntad de promover acciones efectivas para alcanzar estos objetivos sociales sea directamente proporcional a la que muestran para erradicar los paraísos fiscales en los que se oculta parte de los recursos necesarios para financiar ese Pilar Social.

El escepticismo, pues, está justificado cuando la propuesta proviene de quienes basan sus diagnósticos y pronósticos en premisas de la ortodoxia neoliberal, es decir, aquella cuya prioridad es que el poder económico preserve su capacidad de acumulación de recursos, independientemente del efecto que tiene sobre la sociedad y el medio que la sustenta.

Así, las transformaciones de las esferas económica y laboral, ambas gravemente perturbadas por la crisis de especulación financiera, son tan profundas, que confiar la calidad de vida de la ciudadanía europea solo a un empleo “justo”, y este, a su vez, a un modelo productivo cada día más obsoleto y de bajo valor añadido como el nuestro, es un espejismo que se desvanece a la luz de la llama que está haciendo arder el contrato social.

¿Cómo conciliar esta propuesta de convergencia al alza, que pretende llevar a la ciudadanía europea hacia los más altos estándares sociales comunitarios, con los recortes que siguen aplicándose en derechos y servicios públicos? O, ¿cómo se va a erradicar la precariedad laboral con una política económica y fiscal que favorece el trasvase de las rentas del trabajo hacia las del capital, y de ahí a los paraísos fiscales?

Las políticas sociales, cuya competencias son compartidas entre la Unión y los Estados miembros, están subordinadas a las económicas, cuyas ineludibles directrices, estas sí, manadas de conciliábulos financieros, sirven de pretexto para cercenar aquellas. De hecho, nuestro Presidente, con su singular retórica, lo explicó en Gotemburgo, y como buen capataz de cortijo que no discute de política con el señorito, dijo algo así como: Sí, las políticas sociales están muy bien, pero hay unos presupuestos…

Lo que no dijo es que una parte significativa de esos presupuestos se van, como Aguas del Mediterráneo, por el sumidero de la corrupción a una velocidad que bien podríamos llamar «Alta Velocidad Española».

¿Y la próxima semana?

La próxima semana hablaremos del gobierno.