La reforma constitucional italiana que será rechazada

El 4 de diciembre en Italia, tendrá lugar el referéndum sobre la reforma constitucional, que el parlamento aprobó llevar a cabo en abril de este mismo año. Todo hace indicar que la propuesta, a la que el Primer Ministro Matteo Renzi vinculó en un principio su futuro político, será rechazada, no solamente porque exista una oposición a su contenido, sino también como voto de castigo al gobierno que dirige el exalcalde de Florencia.

La reforma constitucional que los italianos tendrán oportunidad de votar, pretende hacer efectiva la modificación de 46 de los 138 artículos de la Constitución italiana, donde destaca por encima del resto, el cambio sustancial que conllevaría en el funcionamiento y en la composición del parlamento italiano. Es precisamente en esta materia, donde sus partidarios hacen hincapié en la simplificación que supondría el proceso de toma de decisiones.

En la actualidad, el parlamento italiano tiene una composición bicameral, que cuenta con la Cámara de los Diputados y el Senado de la República. Ambas cámaras tienen los mismos poderes y atribuciones, lo que implica que todas las leyes deben ser aprobadas por ambas en su literalidad, lo que en ocasiones conlleva que tengan lugar varias lecturas del mismo texto. También la formación de gobierno necesita que ambas cámaras lo aprueben, y de la misma forma, cada una de ellas puede provocar la caída del ejecutivo si retira su confianza.

Menos poderes para el Senado

Este bicameralismo perfecto es una de las cuestiones con las que se busca acabar en esta reforma constitucional. Para ello, el texto busca reducir los poderes del Senado, tanto en la formación de los gobiernos como en el proceso legislativo. En cuanto a la primera cuestión, la reforma pretende que la formación de gobierno y el sustento parlamentario del mismo, dependa en exclusiva de la Cámara de los Diputados, pretendiendo así dotarlos de mayor estabilidad. Si bien es cierto que Italia ha gozado de gobiernos altamente inestables, cuya duración es minúscula, no es menos cierto que no se debía en exclusiva al bicameralismo, sino que más bien tenía que ver con las leyes electorales que producían repartos de escaños y aritméticas altamente proporcionales. El cambio no garantiza por sí mismo que los gobiernos sean más estables. Además de todo ello, la ley electoral de 2005, aprobada por el gobierno de Berlusconi antes de unas elecciones que sabía que perdería, supuso la modificación para asegurarse que sus rivales no obtuvieran mayoría en el Senado, y contasen así con las dos cámaras. Pero esa ley electoral, fue declarada inconstitucional en 2014, por lo tanto, ese problema ya no está presente.

Por otro lado, las competencias legislativas del Senado serían reducidas si la reforma saliese adelante, ya que conservarían el procedimiento bicameral para asuntos de especial relevancia (léase reformas constitucionales, ley electoral, tratados internacionales, UE, gobiernos locales y regionales), pero en el resto de asuntos legislativos, el Senado sería actor secundario, al depender la última decisión de la Cámara de los Diputados, lo que supuestamente reduciría el procedimiento legislativo. Ahora bien, este procedimiento legislativo, no supone un problema de obstrucción en la Italia bicameral, y su reforma no soluciona por sí misma los problemas de ineficacia de la Administración.

La reforma también establece la modificación de la composición y la elección de los senadores, buscando convertir el Senado en una verdadera cámara territorial. Si actualmente esta cuenta con 315 senadores, elegidos por sufragio universal directo (con excepción de los senadores vitalicios), la futura composición sería de 100 miembros, de los cuales cinco serían elegidos por el Presidente de la República, 74 por las regiones en base proporcional a su población, y que deberán ser miembros de los consejos legislativos de sus propias regiones y 21 alcaldes. Estos 95 senadores compaginarían cargos y serían elegidos por los consejos de cada región en base al resultado electoral de las elecciones regionales. Por lo tanto, ningún senador sería elegido directamente por los ciudadanos, siguiendo el ejemplo del Bundesrat alemán, por lo que no contaría con la legitimidad de las urnas, lo que puede contribuir a su desgaste en momentos de alta desafección política.

El resto de la reforma constitucional abarca también la abolición del órgano consultivo innecesario del CNEL (Consejo Nacional de Economía y Trabajo). Así como una reducción de las competencias de las regiones, o una nueva regulación en el los referéndums de iniciativa popular para los que se eleva el número de solicitantes pero se rebaja el quórum de participación.

La ley electoral de 2015

Conviene repasar junto a la reforma constitucional, la ley electoral aprobada el año pasado, ya que ambas pertenecen a las reformas institucionales iniciadas por el actual gobierno. En ella se usa un sistema de representación proporcional que es corregido por un bono otorgado a la lista electoral ganadora. Este bono se otorga en primera vuelta si supera el 40% de los votos, o en una segunda vuelta a nivel nacional entre las dos listas más votadas. Establece también una barrera electoral del 3%, y que las listas estén integradas al menos por un partido político.

El bono otorga 340 diputados a la lista vencedora, lo que supone el 55% de la Cámara, en un país que actualmente se configura con un PD que ocupa el centro-izquierda y el Movimiento Cinco Estrellas, ambos en torno al 30% de los votos cada uno, y un centro-derecha actualmente fracturado tras la caída de Silvio Berlusconi, que sumando a las diversas fuerzas que se pueden aglutinar, también rondarían esta cifra. Todo ello, en un país donde hace más de 60 años que ninguna fuerza política obtiene más del 40% de los votos. Así pues, este bono convierte a la minoría electoral ganadora en mayoría parlamentaria.

Las listas son cerradas y no bloqueadas, y concurren en los 100 distritos electorales que escogerán seis o siete diputados cada uno de ellos. Los cabeza de la lista que hayan obtenido suficientes votos, serán automáticamente diputados, mientras que el resto de escaños que le correspondan a cada lista, serán elegidos en base a las preferencias de orden que hayan otorgado los votantes, quienes a través de indicar uno o dos nombres (en este caso se exige paridad) habrán establecido el orden de la lista ganadora.

Esta ley electoral se encuentra actualmente recurrida al Tribunal Constitucional, el cual deberá pronunciarse próximamente.

El previsible rechazo en las urnas y el futuro de Renzi

La reforma constitucional, junto a la ley electoral, otorgarían una amplia mayoría al ganador de las elecciones. El ejecutivo ganaría en estabilidad, pero sería a costa de otorgar al sistema parlamentario italiano, tintes presidencialistas, en un modelo donde los diputados carecen de autonomía de sus partidos en la toma de decisiones. En definitiva, la estabilidad es ganada gracias a mayorías absolutas parlamentarias que no tienen reflejo en mayorías de voto popular y que además eximen a los futuros gobiernos de tener la necesidad de negociación política para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Así pues, el control parlamentario y la responsabilidad del gobierno, descenderán considerablemente.

Matteo Renzi cometió el error inicial de vincular su futuro al resultado del referéndum, lo cual lo convirtió de inmediato en un referéndum sobre su gestión que la oposición ha intentado aprovechar, pese a que posteriormente lo ha ido matizando hasta evitar vincular la supervivencia de su gobierno con el resultado del 4 de diciembre. El principal argumento esgrimido por Renzi y los partidarios del Sí tiene que ver con la estabilidad, como ya hemos visto, mientras que los partidarios del No, temen con motivos más que fundados, que la reforma reduciría los mecanismos de control y de equilibrio de poderes. Aunque en ambas posiciones parece haber un elemento común, la necesidad absoluta de reformar las viejas instituciones italianas.

En 2016, el año en el que los referéndums del Brexit y de Colombia fueron perdidos por los gobiernos convocantes, Italia puede ser el tercero de ellos en un contexto, donde tras la victoria de Donald Trump en las presidenciales americanas, hace más que evidente que existe un voto anti-establishment en occidente. Es precisamente ese voto, el que Beppe Grillo (M5S) y Matteo Salvini (Liga Norte) intentan explotar apostando claramente por el No. Pero no son los únicos, en contra de la reforma también están Mario Monti o Pier Luigi Bersani.

El 4 de diciembre los italianos votarán y saldremos de dudas, de momento, todos los sondeos y el puso político hacen indicar que será rechazada, aunque Renzi se aferra a los indecisos ante lo que puede ser una severa derrota, con independencia de que tras ella, continúe o no en su cargo. Mientras, Europa mira con preocupación a Italia, donde la inestabilidad gubernamental puede volver a ser protagonista.