Duro demanda al gigante General Electric 107 millones de euros

Duro Felguera ha presentado ante un tribunal arbitral una demanda por importe de 128 millones de dólares (107 millones de euros) contra General Electric por los sobrecostes del proyecto Vuelta de Obligado para la construcción de una central eléctrica en Argentina. General Electric, socio de Duro Felguera en ese proyecto adjudicado en 2012 junto a la empresa local Fainser, reclamaba al grupo asturiano 65 millones de dólares (54 millones de euros) por las penalizaciones por retraso asumidas por el grupo estadounidense.

Dichas penalizaciones fueron fruto de un acuerdo transaccional entre General Electric y el cliente, al que se opuso Duro Felguera y que ahora el grupo estadounidense trata de imputarle. Según detalla el informe de auditoria elaborado por Deloitte sobre los estados financieros del grupo de ingeniería y bienes de equipo, remitido esta semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Duro Felguera presentó el 22 de enero ante el tribunal arbitral contestación a la demanda y reconvención reclamando un pago «en concepto de extra costes, costes de prolongación del contrato, costes financieros y legales» por importe de 128 millones de dólares.

El informe detalla que «el principal fundamento de derecho en favor de la posición» de Duro Felguera es «la ilegalidad de dicho acuerdo transaccional» por el que General Electric, al suscribirlo, «actuó en contra de sus propios actos previos por los que había otorgado legitimidad al derecho del Grupo al restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato».

A este respecto, añade que en 2016 la propia General Electric, en defensa de los intereses de Duro Felguera, demandó al cliente por medio de un arbitraje en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, si bien desistió como parte del posterior acuerdo transaccional con el cliente, «deteriorando así el legítimo derecho» de la empresa asturiana «al reequilibrio del contrato y a la compensación de los sobrecostes derivados de la sobre permanencia no imputable» a la compañía.

Dicho incumplimiento por parte de General Electric «de sus más elementales obligaciones frustró las reclamaciones» y provocó «un perjuicio grave» para Duro Felguera.

Entre otros medios de prueba, Duro Felguera ha aportado a su escrito de contestación a la demanda y reconvención dos informes periciales que en opinión de sus administradores y asesores legales «acreditan, dan consistencia y solidez» a sus argumentos y reclamaciones, por lo que consideran que «existe base jurídica sólida para defender su posición, no siendo probable que las reclamaciones de General Electric resulten en un desembolso».

No obstante, Deloitte precisa que existe «una incertidumbre inherente sobre el desenlace final, debido a la complejidad de un proceso de estas características y la actual fase inicial del arbitraje».

Duro Felguera mantiene abiertas, «como es habitual en su sector de actividad», otras disputas judiciales y arbitrales enmarcadas en el proceso de cierre de los proyectos con clientes y proveedores, entre los que se encuentran Recope, Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), Société Algérienne de Production de l’Eléctricité o Stoneway Capital Corporation y Araucaria Energy.

Otra de las acciones más recientes emprendidas por Duro Felguera es la presentación, el pasado 1 de marzo, de otra demanda por importe de 25 millones de euros contra la chilena ENAP Refinerías «en reclamación de los incumplimientos contractuales y retrasos en el proyecto imputables al cliente».

Duro Felguera está inmersa en las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo de refinanciación con la banca acreedora, del que depende la ejecución del rescate público de la compañía por importe de 120 millones de euros aprobado por el Gobierno a principios de marzo.

El rescate se articulará a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y se materializará en un préstamo participativo de 70 millones de euros, otro ordinario de 20 millones y una aportación de capital, o en su caso de un nuevo préstamo participativo, de 30 millones.