Asturias, Galicia y Cantabria exigen la rebaja del precio de la energía para grandes industrias
In Asturias
Las tres comunidades y las compañías pactan las alegaciones que presentarán al borrador del Estatuto para la Industria Electrointensiva
04 Jun 2020. Actualizado a las 19:14 h.
Asturias, Galicia y Cantabria presentarán alegaciones comunes al Estatuto para la Industria Electrointensiva que piden elevar la rebaja prevista del precio de la energía para las empresas industriales con un mayor consumo de electricidad que operan en sectores como el siderúrgico o el metalúrgico. Las tres comunidades, junto a las compañías afectadas, han consensuado el documento que remitirán al Gobierno central dentro del plazo de alegaciones al texto, que concluye hoy, según ha informado el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, que ha avanzado la posibilidad de que se sume otra autonomía que, por el momento, ha eludido identificar.
Las alegaciones al decreto plantean en primer lugar establecer en el estatuto una nueva categoría, la de consumidor altamente electrointensivo, pese a las dudas existentes sobre la posibilidad de que la Comisión Europea rechace dicha catalogación al considerarlas ayudas de Estado.
Según el consejero asturiano, con las previsiones del texto aprobado por el Gobierno la rebaja media en el precio de la energía que obtendrían las empresas beneficiarias en su conjunto sería de 2,25 euros por megavatio aunque las de mayor consumo verían reducida esa cifra a 0,54 euros mientras que «las menos necesitadas» disfrutarían de una rebaja de algo más de seis euros. «Esta estructura no es suficiente, no aborda el problema de las altamente electrointensivas», ha apuntado Fernández por lo que la propuesta elaborada por las tres comunidades permitiría que esas empresas obtuviesen una reducción del precio de la energía que consumen de unos diez euros por megavatio.
Otras medidas
Las alegaciones de Asturias, Galicia y Cantabria plantean, además, elevar hasta el máximo posible de la normativa vigente las ayudas por costes indirectos de CO2 de forma que alcanzasen los 300 millones de euros anuales y que esa cuantiá quedase reflejada en los Presupuestos Generales del Estado así como mejorar la fiscalidad de las empresas que piden incluir en la categoría de altamente electrointensivas, informa EFE.
Además, proponen aumentar los incentivos para facilitar que la industria suscriba los contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo (PPA's) con compañías de renovables y que la obligación de llevarlos a cabo recaiga, además de en las consumidoras, en las productoras de electricidad e incorporar a las comunidades autónomas que analizarán los riesgos de dichos compromisos.
Asimismo plantean recuperar el formato previo a la última subasta de interrumpibilidad, el mecanismo por el que las grandes industrias consumidoras de energía reciben pagos por su disponibilidad a interrumpir el consumo en caso de que sea necesario para el sistema eléctrico o para controlar los precios de la luz, que se saldó sólo con una retribución total de 4,38 millones de euros frente a los 95 millones que obtuvieron en la anterior.
El caso de Alu Ibérica
En relación con Alu Ibérica (antigua Alcoa), que ayer anunció la imposibilidad de recuperar la producción de aluminio primario en sus plantas de Avilés y A Coruña con los costes energéticos resultantes de aplicar el borrador del estatuto, el consejero de Industria ha incidido en que la empresa mantiene abierto el diálogo con los Ministerio de Industria y de Transición Ecológica para abordar la situación que atraviesa.
El consejero ha explicado en que las decisiones de inversión y producción corresponden a la compañía y el marco regulatorio al Gobierno y que mantienen «un contacto directo y fluido» del que se ha mostrado confiado en que salga un acuerdo que permita recuperar la producción de aluminio primario -paralizada desde la salida de Alcoa- y garantizar la continuidad de ambas plantas.
La empresa aluminera advierte de que el actual borrador «no garantiza un precio eléctrico que permita producir aluminio primario», de modo que «no sería suficiente para salvaguardar los empleos» vinculados a las series de electrolisis de ambas plantas -168 en A Coruña y 155 en Avilés-, que cuenta con una plantilla total de 600 empleados (328 en la factoría coruñesa y 286 en la avileslina).