Acepta un año de cárcel por estafar 38.600 euros a su expareja

Una mujer ha reconocido este miércoles que estafó a un hombre viudo, que actualmente tiene 80 años, antes de romper con él su relación sentimental por el deterioro cognitivo que sufría la víctima y, tras devolver el dinero, ha aceptado una pena de un año de cárcel y multa de 1.080 euros al llegar a un acuerdo con las acusaciones.

La conformidad de la acusada ha hecho innecesario el desarrollo del juicio, que iba a celebrarse esta mañana en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, y tanto la Fiscalía como la acusación particular se han mostrado favorables a la suspensión de la pena de prisión.

Según el relato fiscal, el hombre recibía una pensión de 1.361 euros el mes en una cuenta bancaria donde estaba autorizada la acusada y ésta, en 2020, rompió su relación de siete años con convivencia al ver el deterioro cognitivo por una demencia de origen vascular y su negativa evolución que le hacía ser dependiente y le impedía controlar sus bienes.

Sin embargo, antes de romper con él, la mujer se aprovechó de su «vulnerabilidad y la facilidad que le daba ser firma autorizada en su cuenta», expone la Fiscalía, y desde junio de 2020 realizó entre los meses de junio y septiembre de 2020, un total de 39 extracciones de dinero por un importe global de 38.600 euros.

Posteriormente, contactó con los hijos de su expareja, que apenas tenían relación con su padre a raíz de la relación sentimental que mantenía con ella, y les reclamó que se hicieran cargo de él y de los gastos médicos por sus estancias en el hospital de Cabueñes.

Uno de los hijos se hizo cargo de su padre el 28 de septiembre de 2020 cuando ya era totalmente dependiente para las actividades de la vida diaria y necesitaba supervisión las 24 horas del día lo que determinó que, el 8 de octubre, su otra hija tuviera que ingresarlo en una residencia.

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Gijón declaró en noviembre de 2021 la dependencia absoluta del hombre para su actividad diaria y patrimonial a través de un informe forense que ratificaba este extremo.

La actuación de la acusada derivó en una merma de la capacidad económica de la víctima para afrontar gastos vinculados a sus necesidades vitales derivados de su dependencia, como el de la residencia, que superaba por sí mismo al de la pensión, según el escrito fiscal.

La Fiscalía imputó a la acusada un delito de estafa de especial gravedad teniendo en cuenta la situación económica en que dejó a la víctima y con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador y aplicó la atenuante de reparación del daño, informa Efe.