Una paciente de Cabueñes recibirá 250.000 euros por las «graves e incapacitantes» secuelas de un ictus

Una mujer de 62 años recibirá una indemnización de 250.395 euros por las graves secuelas que padece tras sufrir un ictus en el hospital de Cabueñes, en Gijón, al que había acudido por un accidente doméstico y donde no se le administró un tratamiento de heparina.

El Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid ha condenado a la aseguradora Zurich España, con la que tiene concertada su póliza de responsabilidad civil y profesional la Consejería de Sanidad del Principado, por los daños y perjuicios ocasionados a la paciente que le impiden ser autónoma en sus actividades cotidianas.

La mujer había sufrido una caída accidental en su domicilio, el 18 de diciembre de 2015, que le causó una fractura de húmero, tibia y peroné, por lo que acudió al hospital de Cabueñes y, tras ser atendida inicialmente, 12 días después ingresó en el servicio de Traumatología a la espera de ser operada.

En ese momento, la paciente tomaba Sintron y el médico le suspendió el tratamiento y ordenó que se le administrara heparina de sustitución y, según consta en la sentencia, «sin causa que se explique o justifique» no se le suministró los días 4 y 5 de enero de 2016.

La falta de ese tratamiento fue el desencadenante de que la mujer sufriera un ictus, siendo trasladada urgentemente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde fue intervenida quirúrgicamente y permaneció en este centro sanitario hasta el 29 de enero de 2016, cuando fue trasladada de nuevo a Cabueñes.

La paciente fue dada de alta dos meses después con la necesidad de realizar tratamiento de rehabilitación de la lesión de su pierna, que no había quedado bien consolidada al no haber podido realizar la cirugía programada para las fracturas sufridas en el accidente doméstico debido al ictus.

Al estimar que hubo mala praxis en el tratamiento recibido, la mujer recurrió al asesoramiento del abogado Eduardo Curiel, de la asociación «El Defensor del Paciente», que demandó a la administración sanitaria asturiana y a su compañía aseguradora. La asociación ha hecho pública hoy la sentencia, que se dictó en mayo de 2021, una vez que se hizo firme ya que según explica en un comunicado la administración ha estado recurriendo los intereses establecidos por el juzgado.

La magistrada declara en la resolución la existencia de un nexo causal entre el acto médico «negligente» y el ictus isquémico padecido por la paciente que, según expone la asociación, pasó de ser una persona «totalmente autónoma a otra muy diferente», dependiente para todas las actividades de la vida diaria y con necesidad de ayuda de terceros.

A nivel neurológico, presentaba grandes limitaciones funcionales, tanto por la mala consolidación de sus fracturas, como por la hemiparesia izquierda resultante del ictus, con afectación del habla por parálisis laríngea, de su agudeza visual y otras afectaciones neurológicas que se traducen en pérdidas de memoria y desorientación en espacio y tiempo.

Las secuelas son «muy graves e incapacitantes», subraya la asociación, y motivaron un cuadro de depresión grave en la paciente que ha precisado tratamiento en la Unidad de Salud Menta, informa Efe.