La Fiscalía investigará la muerte de aves protegidas en Gijón
Gijón
La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies resalta que «esto es un primer paso, para frenar la continua electrocución de las aves» rapaces y amenazadas en el Principado
24 May 2021. Actualizado a las 10:30 h.
Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, explica que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha comunicado a la entidad el inicio de las diligencias de investigación por las muertes de varias aves en los últimos años en Gijón por electrocución.
Pontigo destaca que «esto es un primer paso, para frenar la continua electrocución de las aves que supone una de las causas de mortalidad más importante para las rapaces y aves amenazadas en Asturias». En este caso se trata de un transformador ubicado en la carbayera de Leorio «que ya tiene numerosas referencias de aves electrocutadas que sepamos, ya que puede que haya otras desconocidas», indica.
El portavoz de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies insiste en que «ya hay una normativa legal que obliga a tomar medidas», como el Real Decreto 1432/2008, que obliga en su artículo 3 a que las líneas eléctricas de nueva construcción y las ya existentes cumplan las normas técnicas «que reduzcan los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna, por lo que los tendidos que no las cumplan deben modificarse».
También cita normas de la Unión Europea sobre responsabilidad medioambiental, incorporada al derecho interno mediante la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (LRM), por la que «los operadores titulares de la actividad económica sobre dichas estructuras y tendidos eléctricos tienen el deber de adoptar, sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo, las medidas preventivas y reparadoras apropiadas de la adaptación de los tendidos eléctricos».
En esta línea, la inacción de los operadores ante la existencia de estructuras y tendidos de conducción eléctrica, «sin las medidas adecuadas para evitar la mortandad de la avifauna puede ser objeto de un procedimiento administrativo de responsabilidad medioambiental».
Desde el colectivo ecologista entienden «que hay amparo para el supuesto de denuncia penal por electrocuciones en este caso, en vista de la negligencia y continuidad del grave problema de este y otros transformadores que son fuente todos los años de mortandad de aves protegidas». Esperan que el Gobierno de Asturias «como organismo competente» exija a las eléctricas la mejora de las instalaciones «que generan problemas continuos de electrocución como es el caso».