Gijón activa la nueva renta social con ayudas para gastar en comercio local

El Ayuntamiento de Gijón va a destinar 1,2 millones de euros a la nueva renta social que ayudará de manera directa a 1.500 unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad que podrán hacer frente a la compra de bienes en comercios de proximidad.

La concejala de Bienestar y Derechos, Natalia González, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, y la edil de Podemos Laura Tuero han presentado esta prestación que se articulará a través de dos líneas de ayudas que sustituirán a la renta social puesta en marcha por el anterior gobierno de Foro tras el acuerdo alcanzado en la negociación de los presupuestos de 2020 que han sido prorrogados.

Se trata de una primera ayuda dirigida a personas en riesgo de exclusión social que han recibido ayudas de emergencia en 2020 para afrontar gastos de primera necesidad que podrán hacer frente a sus gastos de alimentación e higiene.

La segunda prestación, con cantidades que oscilan entre los 700 y 1.200 euros, se trata de una línea de ayudas complementarias para personas en situación de vulnerabilidad económica que en 2020 recibieron ayudas de integración y les permitirán comprar productos para cubrir sus necesidades básicas.

Las ayudas, que se votarán en la reunión de la Junta Rectora de la Fundación de Servicios Sociales, se podrán usar hasta el 31 de mayo de 2021 y beneficiarán a 1.500 unidades de convivencia que deberán hacer uso de este dinero en el comercio de proximidad.

Natalia González ha afirmado que se trata de una ayuda finalista que se otorga en función del número de miembros del hogar y no de la renta que podrá ayudar a la otra parte de la sociedad que ha sufrido la crisis derivada de la pandemia de coronavirus como es el comercio local de proximidad

Por su parte, la concejala de Podemos Laura Tuero ha destacado que se trata de una ayuda «ágil» e «inmediata» dirigida a los que más lo necesitan y libre de procesos burocráticos.

A su juicio, tiene una doble efectividad porque es de «justicia social» al atender las necesidades básicas de la gente sin tutelajes y revierte en el pequeño comercio que necesita compensaciones por los cierres.

«Cuando la izquierda acuerda a la ciudad le va bien», ha afirmado el portavoz de IU, Aurelio Martín, que ha considerado que es «un buen acuerdo» ya que pone recursos en manos de las personas y conllevará retorno en forma de inversión productiva, informa Efe.