La Fiscalía investigará si hubo prevaricación y malversación en relación a La Plantona
Gijón
Los vecinos acusan demás a los responsables del nuevo Estudio de Impacto Ambiental de tráfico de influencias, falsedad en documento público y delito ambiental
09 May 2019. Actualizado a las 09:39 h.
Nuevo episodio en la agitada historia judicial de La Plantona. La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha confirmado la apertura de diligencias de investigación en relación a una denuncia de los vecinos de la comunidad de El Pisón en la que se acusa de prevaricación administrativa, falsedad en documento público, delito ambiental, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos a los responsables del actual Ministerio de Transición Ecológica, la Dirección General del Agua y la Confedereción Hidrográfica del Cantábrico, junto a otras instancias de la administración involucradas en distintas etapas del proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la zona Este. La depuración de las aguas de ese sector de la ciudad ha cobrado especial protagonismo en el debate ciudadano a raíz de los episodios de vertidos a la playa de San Lorenzo del pasado año.
La denuncia por prevaricación se sustenta en el segundo Estudio de Impacto Ambiental encargado por la Dirección General del Agua, actualmente en trámite de información pública, en el que se reafirma la necesidad de las instalaciones como parte del plan integral de saneamiento de la ciudad y en la idoneidad de la actual ubicación de las instalaciones entre las cinco posibles. Dicho informe constituye la base de la definitiva Declaración de Impacto Ambiental que permitiría reactivar antes de finales de este año la EDAR, ilegalizada desde 2016 por la Audiencia Nacional después de una larga batalla judicial en el que diversos tribunales encadenaron sentencias favorables a los vecinos.
El letrado que viene defendiendo los intereses vecinales, Marcelino Abraira, argumenta que «la administración insiste a través de un Estudio de Impacto Ambiental en trámite de aprobación definitiva en la posibilidad de ubicar la EDAR Este en la zona más densamente poblada de las valoradas», en la zona «más próxima a los domicilios» de los denunciantes, y en que lo hace «sin el más mínimo apoyo» y defendiendo conclusiones «groseramente contrarias a las decisiones de sus propios técnicos, lo que bien pudiera constituir un delito de prevaricación».
Multa de la UE
Respecto a la acusación de malversación de fodos públicos, apunta hacia la multa impuesta por la Unión Europea a varios municipios españoles -entre ellos Gijón- por la mala depuración de sus aguas residuales. Abraira defiende que la sanción es «culpa exclusiva» de los responsables administrativos y técnicos que eligieron para la ubicación de la EDAR «un lugar que en ningún caso podría ser el aceptable»; una conducta que «puede suponer la comisión del delito de malversación de fondos públicos, regulados en los artículos 432 a 435 del Código Penal, que protege el deber de fidelidad e integridad que tiene el funcionario público en el cuidado de los fondos públicos».
La nueva réplica judicial de los vecinos de El Pisón enlaza con la serie de denuncias iniciadas ya en 1995 con su respuesta a la planta de pretratamiento, siempre con base en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp), que prohíbe la instalación de determinadas infraestructuras a menos de 2.000 metros de distancia de un núcleo habitado. Las obras de la depuradora, que costaron más de 36 millones de euros con un 80% de financiación europea a través de fondos Feder, comenzaron en julio de 2012 y finalizaron en marzo de 2016, pero nunca llegó a entrar en funcionamiento.
En ese periodo, se sucedieron varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional dictaminando la ilegalidad de las instalaciones y su mayor impacto medioambiental frente a otras alternativas. Finalmente, el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental quedaron anulados y la EDAR se precintó, aunque esa situación se revertía en parte en 2017, cuando la misma Audiencia Nacional admitía el uso parcial de las instalaciones para el desarenado y el desengrasado de las aguas residuales del Este. En 2018, el ministerio encargó el nuevo Estudio de Impacto Ambiental cuyas conclusiones son la base de la nueva ofensiva legal de los vecinos.